Escuchar estos días la noticia de que el Tribunal de Justicia de la República Francesa abría diligencias, o pesquisas, por la sospecha de un posible comportamiento irresponsable o ilegal de importantes autoridades del Gobierno de Macron, produce asombro.
Incluso la policía judicial ha registrado los domicilios de destacados dirigentes del partido y el gobierno de Emmanuel Macron, como su ex primer ministro Eduard Philleppe, el ministro actual de sanidad, Oliver Véran, y de su antecesora en el cargo Angès Buzyn, que parece ser la que la ha "liado parda". Estas actuaciones no dejan de ser sorprendentes, sobre todo si tenemos en cuenta qué está sucediendo en nuestro país y cómo está actuando aquí la justicia.
"En febrero el Gobierno de Francia sabía todo lo que iba a ocurrir en el tema de la pandemia"
Angès Buzyn fue candidata a la alcaldía de París, donde compitió y perdió de forma clara con Anne Hidalgo, alcaldesa de París desde 2014, de origen español, nacida en San Fernando, Cádiz. Esa derrota no debió ser muy bien aceptada por la ex-ministra de sanidad, quien piensa que le pudieron hacer lo que se llama vulgarmente "la cama". Vamos que algunos de los suyos no la apoyaron como ella esperaba, y realizó unas declaraciones reveladoras de una situación que a nosotros tampoco nos es extraña, "en febrero el Gobierno de Francia sabía todo lo que iba a ocurrir en el tema de la pandemia".
Allí el revuelo ha sido por todo lo alto, las acusaciones no son baladíes, "abstención en el combate del siniestro", "no asistencia a personas en peligro de muerte". El TJR deberá decidir si los investigados cometieron "homicidios involuntarios" o "pudieron poner en peligro de muerte la vida de terceros". Aquí, salvando diferencias, Fernando Simón ha manifestado algo similar, que ha pasado más desapercibido. Puede ser que tanto las declaraciones de unos y otros sobre conocer lo que iba a ocurrir, o saber el peligro que entrañaba el virus se haya hecho dentro de la buena fe y la sinceridad. Que hayan realizado su trabajo con toda legalidad y con un gran esfuerzo, e incluso sin pensar en la trascendencia que esas afirmaciones pueden tener en un futuro.
Desde luego siempre hay que defender la presunción de inocencia de todos, mucho más de aquellos que ni siquiera están siendo investigados, pero llama la atención la diferencia a la hora de tratar temas tan delicados, el cómo actúa la justicia francesa y la nuestra, hoy tan puesta en entredicho por las disputas entre los partidos políticos, que no son capaces de buscar un punto de encuentro, ni para algo tan esencial como es el cumplimiento de nuestra constitución y la necesaria independencia del poder judicial.
El bloqueo impresentable en la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular, es aquello que se podía llamar fraude de ley, ya que hace lo contrario al espíritu de la norma, y ello tiene consecuencias para la credibilidad de nuestra justicia, no sobrada de la misma. Ahora bien, elaborar una norma para limitar la independencia de los jueces, y no cumplir con el art. 122.3 de la CE, es muy preocupante. Seguro que es un farol, un órdago que no se llevará a cabo, ya que el problema que se crea es mucho mayor que el que se quiere solucionar.
Que cualquiera que llegue al poder con una mayoría simple, pueda usar la justicia a su antojo da hasta miedo
A la justicia los políticos le están limando su independencia, siendo puesta en entredicho una y otra vez, por propias actuaciones, desde el Gobierno y la oposición, donde la separación de poderes empieza a ser una quimera. Ya teníamos campos llenos de sombras, pero no podemos agrandar los mismos, y llenar de oscuridad, de opacidad, órganos tan fundamentales como el Consejo General del Poder Judicial. Que cualquiera que llegue al poder con una mayoría simple, pueda usar la justicia a su antojo da hasta miedo, más si miramos simplemente al siglo pasado. La historia nos tiene que servir para tomar todas las precauciones y garantías, para proteger nuestro estado de derecho, y que no se deteriore más.
Si a todo esto le sumamos que el principal partido de la oposición tiene graves problemas de corrupción, al ser condenado por el Tribunal Supremo que le considera responsable como partícipe a título lucrativo y le obliga a devolver el dinero robado de las arcas públicas. Tener pendientes importantes juicios que pueden incluso deteriorar más aún su situación como "los papeles de Bárcenas y la caja B" y demás piezas separadas de la Gürtel, la verdad es que la situación es muy inquietante. No solo es preocupante para el Partido Popular, sino para todos los ciudadanos, ya que un partido en esta situación es muy difícil que haga oposición y control del gobierno, menos la oposición razonable que se le pide. A veces el verse acorralado, hace que la huida hacia delante sea más atractiva que reconocer las propias responsabilidades, en un ambiente más místico pudiera reconocer las propias culpas y pecados. Cuando dicen que tenemos "el peor Gobierno posible", igual se olvidan de la oposición, y la suma nos deja huérfanos a todos.
Si nos quedamos en la crítica sin más, viendo esto como un enfrentamiento entre partidos e instituciones, no nos daríamos cuenta que esto nos influye a todos, desde los fondos a transferir por la unión europea para superar la crisis que ya tenemos, hasta la necesidad de dar el valor que tiene a informes como el de Intermón Oxfam. Ahí se pone de manifiesto el riesgo del aumento de la pobreza en nuestro país, situando en 1.1 millones las personas que pueden caer en ese pozo, que afecta a cerca del 20% de la población, y esto no son palabras, son realidades de aquellos que nos les llega a fin de mes para lo más elemental.
Siendo cierta la importancia de medidas como el ingreso mínimo vital, los ERTEs, las ayudas sociales, no lo es menos que las colas aumentan ante los bancos de alimentos, mientras nuestros responsables políticos siguen enfrascados en sus miserias, en sus enfrentamientos semi eternos.
Seguro que Francia tiene muchos problemas, su centralismo tampoco ha sido la solución, y ahí está su informe independiente sobre la pandemia para demostrarlo, pero nosotros no tenemos ni esos informes independientes creíbles, ni siquiera esos comités de expertos que justifican las actuaciones.
Cerca de 34.000 fallecidos reconocidos oficialmente y más de 50.000 según otros informes más fiables, de ellos más de la mitad posiblemente en residencias de ancianos, esto no merece el olvido de nuestra justicia, y el que nuestra Fiscalía General les ha dado. Quizás no sea el momento, hay que trabajar todos para salir de esta situación, pero que se tape todo sin ni siquiera la posibilidad de investigarlo es muy triste e injusto, y desde luego no habla bien, de nuestras instituciones, ni del Gobierno, ni de la justicia, ni de la oposición, aquí sí podemos adaptar aquella famosa frase "Houston, we have a problem" y decir "Madrid, tenemos graves problemas".