¡Cuántos años, cuántas reuniones, cuántas manifestaciones y movilizaciones , cuantos amigos que se han quedado en el camino!. Y después de tanto tiempo no se sabe muy bien de dónde se sacan fuerzas para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para miles de familias, ya no sólo en Cantabria, sino también en toda España. Un día se escribirá la historia de estas casas de papel así como la historia de una deuda histórica con todos los ciudadanos y con estas familias en particular. Los que tengan un poco de sensibilidad se llevarán las manos a la cabeza, ¿cómo se ha podido ser tan injusto, tan duros con unas familias que sólo querían vivir en sus casas honradamente compradas?.
Fue allá por el lejano año 2005 cuando el Defensor del Pueblo recomendaba a Gobierno y Ayuntamientos "donde se pueda legalizar hágase, donde no repárese el daño causado". ¡Ya ha llovido!. Después vino el largo viaje hasta Bruselas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2009 donde su presidente solemnemente nos decía "Estamos con Uds. y las Administraciones tienen que reparar, en el menor tiempo posible, el daño que les han causado". Más tarde la ya famosa ley 2/2011 de 4 abril sobre la indemnización antes del derribo, padre del actual artículo 108.3 de la LJCA aprobada posteriormente en el Senado, y de la PNL aprobada el 4/11 2013, donde el Parlamento de Cantabria pedía perdón a las familias afectadas por las sentencias de derribo, y se reclama una "justa solución", que no suponga pérdida de patrimonio a las víctimas de esta situación. Por último las dos leyes aprobadas en el Senado en 2015 que han dado vida, y esperanza a tantas familias en toda España.
El Defensor del Pueblo recomendaba a Gobierno y Ayuntamientos -donde se pueda legalizar hágase, donde no repárese el daño causado-
El próximo martes volveremos al Parlamento de Cantabria donde previsiblemente se aprobará una declaración institucional, que a su vez también será leída en el Acto del Senado. Donde la Coordinadora Nacional de Asociaciones Pro Justicia en el Urbanismo (CAJU) celebrará el miércoles 3 de mayo, a las 13 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, el acto de entrega del Premio Justicia en el Urbanismo, que se concede en su primera edición a aquellas instituciones o personas que se hayan destacado por la defensa de los ciudadanos, terceros de buena fe, en el ámbito del urbanismo.
Afectados de diferentes CC.AA. autónomas, asistirán al citado acto, en especial de Cantabria, desde donde saldrá un autobús a las 5:45 de la mañana de un pequeño pueblo, Argoños, que es símbolo de esta situación de injusticia y desastre urbanístico, de finales de años 90. Donde con apenas 5,5 Km cuadrados ostenta el récord guinness de 16 sentencias de derribo y cerca del 20% de su suelo urbano en esa situación de irregularidad. Llevan las víctimas de esta situación décadas esperando una solución, donde el suelo es urbano consolidado, y si se derriba se puede volver a construir en el mismo lugar, e incluso más viviendas por el coeficiente de edificabilidad. ¡Qué locura jurídica, ética y social!. Sigue la incertidumbre de no saber cuándo acabará, por mucho que estamos intentando con todas nuestras fuerzas que sea en esta legislatura.
Argoños ostenta el récord guinness de 16 sentencias de derribo y cerca del 20% de su suelo urbano en esa situación de irregularidad
Desgraciadamente algo que parecía tener unas soluciones reguladoras dentro del marco del planeamiento urbanístico, lo cierto es que las familias envejecen con el problema. Siguen con el temor al posible derribo de sus viviendas, sin que las promesas de las instituciones de acabar con estas situaciones de irregulares vean la luz, viviendo en un letargo, en una situación de transitoriedad, con la zozobra y el miedo a perder su casa. Este municipio es un ejemplo paradigmático de lo que ocurre en muchos por toda España. Según los datos que disponemos hablan de más de 120.000 familias con graves problemas, pero conocer el número de viviendas ilegales que existen en todo el territorio español es casi imposible al no existir un registro a nivel estatal, es como cerrar los ojos a la realidad. Solamente en Andalucía la propia Junta calcula que pueden existir irregularidades en más 300.000 construcciones. Todo ello habla de un serio problema urbanístico y social en esta materia, que no se puede esconder y necesita una legislación adecuada.
Mientras los condenados por los ilícitos no resuelven los problemas ocasionados, ni hagan frente a las responsabilidades contraídas con sus actuaciones, miles de familias tienen que soportar situaciones de total injusticia en una condena cuasiperpetua. Nuestro colectivo olvidado y maltratado durante décadas, en medio de un mar de incomprensiones, y de falta de soluciones, en este océano de desolación el Senado a través de dos modificaciones legales el 319.3 del Código Penal y el 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aprobados hace dos años, nos lanzó un flotador, cuando nos ahogábamos por el olvido e incomprensión, mediante unas normas que ayudan a ver el futuro con más esperanza. Que se respete el patrimonio de las familias, que se deje de hacerles daño injustamente, que éstas sólo piden vivir en sus casas compradas con mucho esfuerzo y trabajo, para que los ilícitos y engaños de terceros y de las propias Administraciones Públicas les dejaran en la calle, sin culpa, sin haber cometido infracción alguna y esperando durante años y años a la intemperie, totalmente desamparados, a que se produjera la reparación del daño causado. No hay nada más ruin que maltratar a la víctima y premiar al infractor y/o agresor
Estamos en tiempos donde es más fácil y comprensible ponerse con una pancarta y echar sal gorda ante el Senado, que reconocer el trabajo. Hay que echarle mucho valor para dar un premio a esta institución con la que está cayendo, pero es de justicia reconocer cuando algo se hace bien, cuando el legislador ha puesto medios para solucionar los severos problemas que tienen miles de familias en nuestro país. Por ello, y por la necesidad de seguir caminando en la senda de estas reformas legislativas que protejan a los ciudadanos terceros de buena fe, al igual que se hace en los país de nuestro entorno, haciendo que el culpable pague la pena que le corresponda y reparando lo antes posible el daño causado. Conseguir el consenso de todos los Grupos Políticos no es fácil y menos en estos tiempos, fueron muchas horas de trabajo, pero han merecido la pena. Desde nuestro nacimiento, siempre hemos creído que estábamos ante un problema social, que no debía entrar en el enfrentamiento político, sino en la búsqueda de soluciones con la aportación de todos, donde nadie sobra y toda ayuda es poca y muy agradecida. Reivindicamos estas leyes con todas nuestra fuerzas, pedimos a la justicia, a los más altos tribunales, a todas las Administraciones que no las limiten, ni las desnaturalicen, que son totalmente necesarias para salvar la gran laguna que tenía nuestra legislación en esta materia. Vamos al Senado con la cabeza alta, con el dolor de muchos años, a manifestar que por lo menos en esta ocasión, quienes nos representan, por consenso y unanimidad han realizado bien su trabajo.
No hay nada más ruin que maltratar a la víctima y premiar al infractor y/o agresor
Nos han hecho mucho daño, aquellos que han incumplido la legalidad vigente, por ello, nuestro mayor desprecio a los que utilizan el urbanismo sin escrúpulos, a los que sólo ven dinero y no personas en los cimientos de una casa, donde sólo importa el beneficio propio. Pedimos el mayor de los respetos por el medioambiente, nos sentimos tan ecologistas como el que más, y sobre todo, por lo que trabajamos todas nuestras asociaciones AMA, AUAN, AGADE, CALU, SOHA, FAUN y la Coordinadora Nacional CAJU es por tener un País más solidario y más justo, donde adquirir una vivienda no sea una actividad de alto riesgo, que pueda destrozar la vida de muchas familias.