viernes 17/9/21

La acción popular, un derecho a defender

Cauce importante para dar participación a los ciudadanos en la actuación de la Justicia. Recogido en el artículo 125 de nuestra Constitución, "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante..." y apoyado por la tutela judicial que se enmarca en el artículo 24. En nuestro país la acción popular tiene mucha historia, ya estaba presente esta institución en la Constitución de 1812, nuestra famosa "Pepa",  que en su artículo 255  regulaba los delitos de soborno y prevaricación de jueces y magistrados.  La misma ponía muchas gotas de optimismo y utopía en su artículo 13 cuando manifestaba "el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, pues el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen". También quien abrió importantes caminos en nuestra legislación, creando no sólo sueños, también figuras jurídicas como la acción popular, que tendrían continuidad en las Constituciones de 1869, 1931 y en la vigente. 

Actualmente corren malos tiempos para la acción popular, los que tienen temor a que sean investigados, los que piensan que están por encima del bien y del mal, los que no están para perder el tiempo con citaciones judiciales que les quitan el sueño y emborronan su imagen, y sobre todo, los que tienen mucho que esconder y poco que aportar la han puesto en su punto de mira. 

Es curioso que siempre se hable de la acción popular y de su excepción en el ordenamiento jurídico de nuestro entorno,  cuando la misma es una molestia para el poder y/o sus aledaños. Después de casi 40 años de vigor en nuestra Constitución, que ahora se caigan de un guindo, y hayan visto lo perjudicial que puede ser para nuestra legalidad vigente, así como la maldad que entraña su utilización, pues no parece de recibo, más bien habla de intenciones oscuras y poco confesables. Es cierto que todo en la vida es mejorable, no hay que cerrar las puertas a nuevas ideas y aportaciones. Seguro que la acción popular puede tener margen de mejora, se puede y debe regular y desarrollar, pero ello no se debe hacer a golpe de interés partidista, a suprimir aquello que pueda molestar o que se escape del control del poder.

Cuando se habla de una institución como la acción popular hay que poner en la balanza lo mucho que nos ha aportado, siendo una figura que acerca la justicia al ciudadano, dándole la oportunidad de actuar ante situaciones irregulares aunque no sea el directamente perjudicado. Ahora que nos sigue cayendo la del pulpo con la corrupción en las Administraciones, con los responsables políticos que controlan los dineros públicos, donde el meter la mano en la caja de todos se convirtió en un uso muy frecuente, y la pérdida de valores éticos una constante para demasiados personajes públicos, este instrumento de control de los ciudadanos es totalmente necesario.

La corrupción en las Administraciones, con los responsables políticos que controlan los dineros públicos, donde el meter la mano en la caja de todos se convirtió en un uso muy frecuente, y la pérdida de valores éticos una constante para demasiados personajes públicos, este instrumento de control de los ciudadanos es totalmente necesario

No son nuevos los intentos de limitaciones a la acción popular, aunque pocas veces menos oportunos, en su día el Gobierno de Aznar, después el de Rodríguez Zapatero,  ya intentaron poner restricciones en su aplicación, y el propio Gobierno actual en 2013 apuntaba limitaciones para la acusación popular. En los anteriores intentos,  coincidían la prohibición de su ejercicio por los partidos políticos y sindicatos por su supuesta utilización partidista, aunque más bien sospechaban de la justicia y de quienes la administraban. Por otra parte, pueden existir ciertos puntos de fricción con la actuación del Ministerio Fiscal, donde lo más urgente debiera ser la reforma de este último, para darle más independencia en sus actuaciones.  Los Gobiernos han tenido la tentación, y algo más, de utilizar esta figura a través de la jerarquía del Fiscal General del Estado a fin de controlar procesos judiciales donde estaban inmersos o tenían algún tipo de interés, esta situación a veces nos han sonrojado a todos,  todavía queda en el recuerdo las actuaciones de Eligio Hernández y los imitadores posteriores de los que tenemos ejemplos estos días,  ceses para unos y purgas para otros, actuaciones partidistas que la sociedad no ve con la claridad y la  transparencia debida. Bien harían de arreglar donde hay problemas reales y no querer restar derechos a los ciudadanos.

El objetivo, que ya ni se esconde, es la limitación de la acusación popular, poner un escudo a las iniciativas que se presenten contra las fuerzas políticas o personas que las representan.  Se ha visto claramente con la investigación al Presidente de la Comunidad de Murcia. Es siempre el que está en el poder quien pide ese mayor control o mordaza de la acción popular. Con la situación que tenemos actualmente, donde hemos visto pasar por las instalaciones de instituciones penitencias y judiciales, desde un exvicepresidente de Gobierno, exministros, presidentes de CC.AA., vicepresidentes, ... hasta toda una generación de responsables políticos que en los últimos años han dirigido nuestro país, donde las exenciones han sido muy honrosas. Hay que tener mucha cara y valor para intentar poner barreras a las posibles denuncias que presentan los ciudadanos.

Es siempre el que está en el poder quien pide ese mayor control o mordaza de la acción popular

La acción popular da la oportunidad a los ciudadanos, pese a no ser perjudicados directos por el delito supuestamente cometido,  el poder denunciarlo y ser parte en el proceso. Es cierto que pueden existir abusos, como en cualquier actividad. El caso Nóos y el uso por parte del seudosindicato "Manos Limpias", en los que se acusa a sus dirigentes por supuestas presentaciones de demandas, que luego se retirarían según acuerdo económico. Esto es la utilización de la justicia y la acción popular con fines espurios e ilegales. La realidad supone, respetando la presunción de inocencia, que esas actuaciones son un golpe bajo para esa institución, pero también para el propio funcionamiento de la justicia, e incluso da vergüenza que profesionales del derecho utilicen el mismo de esta forma tan torticera. 

Si cada vez que una institución es usada de forma indebida o fraudulentamente quisiéramos eliminarla o recortarla, posiblemente, no quedaría institución con funciones en nuestro país. La libertad, la democracia, así como la acción popular tienen un peaje, que puede ser su la mala utilización, pero todos sabemos que merecen la pena y su defensa también. Un mayor respeto a la justicia, y a los derechos de los ciudadanos, una mayor humildad y transparencia desde el poder nos ahorrarían muchos problemas a todos.