domingo. 26.06.2022

La Ley Celaá y la lengua de Cantabria

Estamos hablamos de los comienzos del siglo XVIII, también llamado el siglo de la Razón o de las Luces. Un tiempo este que es de relativo “equilibrio entre la Tradición y la Revolución”, pero que no obstante está simbolizado por el pensamiento de la Ilustración, aunque también por el de las monarquías que son propias del Despotismo Ilustrado.

En los tiempos actuales el mundo se enfrenta a un astuto y cada vez más temible totalitarismo: una ideología que es invisible y polimórfica, pero que también desborda las tradicionales fronteras ideológicas. Un monstruo con vida propia que apela a las emociones y no a la razón, a las ensoñaciones y no a la realidad, pero que, sin embargo, promete proporcionar todo aquello que cada uno desee; aunque sea una identidad imposible, ficticia y/o irreal. Este nuevo totalitarismo se encuentra incrustado dentro del propio poder, compra voluntades, proporciona prebendas a quienes son sus cómplices, y al final, castiga con la muerte civil a quienes lo desafían.

En el año del 1713 se crea la Real Academia Española de la Lengua

En el año del 1713 se crea la Real Academia Española de la Lengua, verdadera impulsora y creadora de la norma castellana en el Reino de todavía las llamadas “Españas”, que era la manera antigua a como se seguía denominando lo que ahora se llama “Reino de España” o más comúnmente “España”. Y es a partir de este momento cuando se empiezan a hacer ya las primeras y tímidas “aproximaciones” (por parte del castellano) a los otros idiomas peninsulares, que por aquel entonces cuentan y tienen la mayoría de sus hablantes solo conocimiento de sus respectivas lenguas propias y originales, y que no es precisamente la lengua castellana.

Por aquel tiempo y momento del siglo XVIII el castellano es mayoritario (y no del todo en todos los territorios) solo en lo que hoy podríamos denominar Castilla, La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía,

Canarias y buena parte de Navarra y Extremadura. En otros territorios y provincias (es el caso de Álava, Salamanca, Teruel, Ceuta, Melilla y otras); el idioma dominante continua siendo mayoritariamente el castellano. En el resto del territorio peninsular ibérico, los idiomas propios y/o locales respectivos son los que marcan el común discurrir de su existencia habitual y normalizada, sin ningún tipo de confrontación o tensión entre hablas.

Una vez que el poder político se va progresivamente instaurando y afianzando en el Reino de las Españas, también lo hará el poder institucionalizado, que exigirá a la hora de poder medrar y prosperar, el que sus habitantes conozcan y empleen como norma común para sus relaciones, solo y únicamente el castellano. Y todo en una centuria que supone en su conjunto, la superación de la crisis económica que caracteriza a Europa en el siglo XVII, pues aproximadamente entre 1720 y 1780, la economía europea entra en un período de relativo desarrollo.

Estamos hablamos de los comienzos del siglo XVIII, también llamado el siglo de la Razón o de las Luces. Un tiempo este que es de relativo “equilibrio entre la Tradición y la Revolución”, pero que no obstante está simbolizado por el pensamiento de la Ilustración, aunque también por el de las monarquías que son propias del Despotismo Ilustrado.

Los premios y los castigos para “hablar bien el castellano” son por aquel entonces la norma y la costumbre, situación que progresivamente se irá incrementando e institucionalizando a medida que el siglo XVIII va llegando a su fin. Circunstancia que en última instancia es hábilmente programada e inducida a fin de lograr y conseguir el fin propuesto. Y este no es otra cosa que la extensión y la amplitud acelerada del castellano a la totalidad del territorio peninsular, a excepción de Portugal, que ampliamente se consolida en aquellas fechas como una importante potencia europea y también marítima en el contexto internacional.

Los premios y los castigos para “hablar bien el castellano” son por aquel entonces la norma y la costumbre

Han transcurrido muchas décadas después de aquellos tiempos ya pasados, sin embargo, es ahora (en los del primeros cuartos siglo XXI) cuando el cántabru puede reparar parte, o bien la totalidad del prestigio que en otros tiempos tuvo, por ejemplo, con la Ley Celaá; y que podría permitir a las Comunidades Autónomas (si hay voluntad para ello) el legislar a favor y en favor de las lenguas no oficiales o institucionalizadas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Si esta oportunidad se sabe aprovechar bien y de manera correcta, adecuada y oportuna, estaríamos hablando (por fin) de dar carta de naturaleza al cántabru como lengua propia de Cantabria (junto al castellano), y en consecuencia, de una manea ya oficial e institucionalizada a fin de evitar su progresivo deterioro y desprestigio.

Rápidamente, y “casi por sorpresa”, la Real Academia Española aprobaba en la noche del 19 de Noviembre de 2020 (y a propósito de la Ley Celaá), un documento en donde se aseguraba y categorizaba: _“(…) que los ciudadanos sean educados en su lengua materna”_. Una Real Academia Española que, sin embargo, no muestra, ni tampoco nunca ha mostrado respeto, consideración y apoyo a la lengua nacional del pueblo cántabro. Circunstancia que, sin embargo, no se ha producido, ni tampoco se ha hecho con otras lenguas “oficiales” de ese mismo Estado al cual dice querer representar.

La Ley Celaá dice y recoge lo siguiente: _“Aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal, podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora”_.

El actual Gobierno de España busca así fomentar (además de las lenguas cooficiales), aquellas que ni siquiera son consideradas como tales, ni tampoco compartidas en todo el territorio de una comunidad autónoma. Como, por ejemplo, ha sido hasta hace poco el caso del asturiano. Un Gobierno de Asturias que ya desarrolló un plan piloto (2017) para impartir una asignatura (en parte, en asturiano) en su debido momento a fin de no dejar desamparada a esta lengua. Esta circunstancia hace y ha hecho posible que a día de hoy el asturiano vaya poco a poco recuperando prestigio y visibilidad, uso y divulgación en la sociedad.

La anterior ley, la LOMCE, establecía que esas lenguas se podrían ofrecer sin ningún problema _“en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica”_. Sin embargo, esta oportunidad es la que desde Cantabria (y más concretamente desde su Gobierno autonómico: PRC y PSOE-PSC), no se ha sabido aprovechar y gestionar de forma adecuada y conveniente en favor del cántabru como muchas personas hubieran deseado y querido. Ahora es el momento y la oportunidad de subsanar esta carencia. No se puede perder ya más tiempo.

La anterior ley, la LOMCE, establecía que esas lenguas se podrían ofrecer sin ningún problema

Para los detractores de esta Ley, los principales puntos de polémica se refieren al español, pero también a la educación concertada y especial. Con respecto al primero, se suprime la consideración de lengua vehicular al castellano, con un redactado que otorga el poder a las comunidades autónomas para decidir qué contenidos se imparten en la lengua común. A este respecto dice la Ley: _“Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”_.

Con respecto al segundo punto, este debería de dejarse o ponerse en manos de otros interlocutores más versados en el asunto, pues en verdad el asunto prioritario que al movimiento cantabriego en favor de lengua más le interesa es el de, precisamente, articular las fórmulas y los mecanismos más adecuados que hagan posible la visibilidad y la extensión de nuestra lengua de una manera reglada e institucional. Y es que, sin su idioma Cantabria corre el riesgo de convertirse en algo simbólico y pintoresco.

Una de las consecuencias de la Constitución española ha sido el despliegue de una legislación lingüística capaz de favorecer un nivel de normalización de las lenguas de España que para algunos países puede ser modélico, si bien no están todas las lenguas que tendrían que estar, y por eso desde el País Cántabru reclamamos una integración real dentro de ese proceso que finalmente conduzca al reconocimiento del cántabru como lengua propia también de Cantabria.

A veces ocurre y sucede que las ayudas nos pueden llegar del exterior en forma de direcciones que proclaman el valor de las lenguas amenazadas.

Una de esas direcciones es esta: https://en.iyil2019.org [1]

Así pues, y como muy bien dice el _Proyeutu Depriendi_: _“Utilicemos el montañés para declararnos libres, felices e independientes”_.

La Ley Celaá y la lengua de Cantabria
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