miércoles. 24.04.2024

La clave pasa por reformar con alegría y sin miedo el Estatuto de Autonomía de Cantabria

Dentro del programa o misión de anulación y acabación de una cultura y de una identidad, es y resulta prioritario y fundamental el adoptar los métodos, las formas, los procedimientos y las normas de los amos sojuzgadores que desean anular lo que de bello y diferente es y existe aún en el mundo. Pues todo pensamiento, idea y actitud que quiera y pretenda ser libre e independiente (no sujeto a control) siempre será una amenaza para los globalizadores y sus subordinados.

En los últimos 10 años han desaparecido más de 100 lenguas en el mundo. Otras 400 están en situación crítica, y 51 son habladas por una sola persona, lo cual es por demás extraño y también peculiar.

Las razones por las cuáles un idioma se deja de hablar son diversas. Pero primero, ¿cuándo se considera que una lengua ha desaparecido? Por más que parezca obvio, hay que definir esta cuestión: “Una lengua desaparece cuando se extinguen sus hablantes, o cuándo éstos dejan de utilizarla para expresarse en otra que, con frecuencia, está más extendida y es hablada por un grupo preponderante”, explican desde la UNESCO.

Son las culturas más débiles o menos favorecidas las que ciertamente son más fácilmente objeto de desprestigios

Los factores que las pueden amenazar son diversos. “La supervivencia de una lengua puede verse amenazada por factores externos, por ejemplo, un sojuzgamiento de índole militar, económica, religiosa, cultural o educativa. Y también por factores internos, por ejemplo, la actitud de rechazo de una comunidad hacia su propio idioma”, agrega la organización. Y añaden: “Hoy en día, el aumento de los fenómenos migratorios, así como la celeridad de la urbanización, suele acarrear una desaparición de los modos de vida tradicionales; así como también una fuerte presión para hablar la lengua predominante que es necesaria (o se percibe como tal) para participar plenamente en la vida de la sociedad y progresar en el plano económico”, precisan.

Pero remarcan: “Con cada lengua que desaparece se va una parte de la vida humana sin posibilidad de retorno. Se extingue no solo un vehículo de comunicación, sino también una cultura, un acervo de conocimientos, un sistema de pensamientos, una forma de ver el mundo, un sistema de relaciones y valores familiares; y también una fuerza de ciudadanía”.

Dentro del programa o misión de anulación y acabación de una cultura y de una identidad, es y resulta prioritario y fundamental el adoptar los métodos, las formas, los procedimientos y las normas de los amos sojuzgadores que desean anular lo que de bello y diferente es y existe aún en el mundo. Pues todo pensamiento, idea y actitud que quiera y pretenda ser libre e independiente (no sujeto a control) siempre será una amenaza para los globalizadores y sus subordinados.

Y precisamente son las culturas más débiles o menos favorecidas las que ciertamente son más fácilmente objeto de desprestigios, ataques, injurias, descréditos, calumnias, difamaciones y oprobios por parte de los anuladores y sojuzgadores, que entienden que las culturas tradicionales son un freno en su afán por quererlo todo absolutamente uniformar e igualar.

La clave para la supervivencia del cántabru en Cantabria pasa por reformar el Estatuto de Autonomía

En no pocas ocasiones ese afán por anular y suprimir cuenta con el beneplácito de un neologismo que “se puso de moda” a partir de 2015, y que designa a un cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral, como financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inapropiadas, o bien son un obstáculo para los planes de dominio y control absoluto de las voluntades individuales y colectivas. Este término, denominado “cultura de la cancelación”, responde y se guía por este y otros aspectos y definiciones, los cuales trabajan en plena sintonía (la mayor de las veces) con el Estado central, al cual luego sirve y rinde pleitesía.

La clave para la supervivencia del cántabru en Cantabria pasa por reformar el Estatuto de Autonomía, y en él reflejar ampliamente varias cuestiones diciendo, por ejemplo, que el patrimonio histórico y cultural de Cantabria es un valor y de una importancia social de respeto, convivencia y entendimiento de primera magnitud. Y como tal debe de ser promovido, enseñado y divulgado sobradamente a la sociedad para su buena extensión y divulgación a través de los canales y medios más adecuados que permitan su conocimiento y máxima expresión.

Regular su régimen jurídico, así como los derechos de utilización de los hablantes servirá para favorecer su protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión, no solo en las zonas de utilización predominante, sino también el uso de la lengua en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas.

El Parlamento de Cantabria posee una página, que es esta:

https://parlamento-cantabria.es/informacion-general/estatuto-de-autonom%C3%ADa-para-cantabria

A ella se pueden enviar emails y a ella se pueden hacer sugerencias, comentarios y también reflexiones, que en última instancia deben de servir para hacer reflexionar a las diputadas y diputados que se sientan hoy en los sillones de la calle Alta, 31-33 del Parlamento de Cantabria, de la urgente necesidad que hay de dar máxima prioridad a la protección, y sobre todo: divulgación y enseñanza de nuestra lengua de manera real y comprometida a fin de hacer posible su permanencia y salvaguarda.

No tendría por qué ser necesario el tener que acudir con pancartas, gaitas, pito y tambor al Parlamento, para que los diputados y las diputadas escucharan desde fuera las reclamaciones de una ciudadanía que desea que esta lengua no muera. Pero sí que sería muy perentorio el que los representantes del pueblo al que representan, tomasen iniciativas de responsabilidad al respecto de la promoción, divulgación, enseñanza y difusión de nuestra lengua.

Si las cosas se hacen bien, todo saldrá bien. El Parlamento de Cantabria puede colaborar con el español a la hora de gestionar adecuadamente todas aquellas resoluciones que garanticen el buen funcionamiento de la educación. No olvidemos que el artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho de todos a la educación y asigna a los poderes públicos la obligación de garantizarlo. Actualmente, este derecho solo puede entenderse en el sentido de que la educación que reciben los niños y jóvenes ha de alcanzar unos niveles altos de calidad, independientemente de las condiciones sociales, culturales y económicas de la familia y del entorno.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa recoge (entre sus fines en el artículo 2.1) que el sistema educativo español se orientará a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

Lo ideal es y sería que Cantabria pueda y pudiera asumir plenamente todos los canales que hagan posible tener el control pleno de la cartera de Educación, como así sucede en otros territorios del Estado español. Ser valientes en este sentido es fundamental y necesario a la hora de asumir plenamente las competencias que harán posible el futuro sin interferencias de nuestra cultura e identidad.

Los párrafos anteriores de introducción se hacen necesarios y son premonitorios, pues hace ahora algo más de un año que el Congreso de los Diputados español recibió una propuesta sobre Pluralidad Lingüística, a la que sin lugar a duda el Gobierno cántabro le debe de prestar una especial atención y urgente actuación. Concretamente el 11 de Marzo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó tres puntos de una propuesta sobre “Pluralidad Lingüística” que EH Bildu llevó a cabo en la Cámara a iniciativa de 10 agentes sociales.

La Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística correspondió a la sesión 82. En la votación participaron 348 representantes, y en la iniciativa (que fue apoyada por ERC, la CUP, BNG, JxCat, el Pdecat, PNV, Compromís, Más País y Unidas Podemos) se solicitaba garantizar el que los funcionarios que presten servicios en territorios con idioma propio tengan conocimiento de esa lengua, entre otros puntos. Finalmente esta propuesta o apartado sería rechazada con 273 votos, a los que luego habría que añadir dos abstenciones, junto a otros dos votos más que no participaron en la votación.

Estas medidas fueron las siguientes:

1. Impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan.

2. Permitir el uso administrativo de distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.

3. Respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado.

Fue así como el Pleno del Congreso aprobó con los votos favorables del PSOE algunos puntos de la proposición no de ley en defensa de las lenguas cooficiales que era defendida por Unidas Podemos, así como por los socios del Gobierno de coalición.

Con todo, fue rechazada la petición de poner fin a la imposición legal y exclusiva del castellano en la normativa estatal, así como la de iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento que el castellano.

En estos puntos PSOE y Unidas Podemos volvieron de nuevo a votar en sentido opuesto, toda vez que los socialistas consideraron que esas peticiones rozaban la inconstitucionalidad. Sin embargo, otros puntos de la proposición no de ley sí que fueron aprobados gracias a los votos del PSOE, como el de impulsar la oficialidad del bable y el aragonés (promoviendo reformas estatutarias), o la de permitir el uso administrativo de las distintas lenguas en territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas. Estos puntos salieron adelante con cerca de 194 votos a favor y 153 en contra.

La iniciativa de EH Bildu estaba respaldada por una decena de entidades culturales en defensa de que las lenguas cooficiales tengan los mismos derechos que el castellano, lo que precipitó el hecho de que el PSOE pidiera finalmente la votación por puntos para poder evitar apoyar este caso.

Los partidos que apoyaron la iniciativa argumentaron que esta propuesta serviría para asumir la plurinacionalidad en el Estado español, señalando que la cooficialidad de lenguas debería de aplicarse con plena igualdad, y velando siempre porque así lo haga cumplir el Gobierno.

Hasta aquí todo está bien y es correcto, y de hecho, cualquier persona que está interesada en que su lengua amenazada tenga un cierto reconocimiento, o mejor aún, una protección real y efectiva, aplicable y verificable, debe de aplaudir y favorecer este tipo de victorias y de éxitos. Sin embargo, aquí y ahora vamos a aclarar algunas dudas y pareceres que son muy necesarios de exponer y comentar en su justa medida y meridiana claridad.

Decimos que el Gobierno cántabro debe de estar especialmente vigilante con esta nueva ley, porque, si de igual manera que el Congreso ha aprobado estos puntos de la propuesta sobre “Pluralidad Lingüística” que EH Bildu ha llevado a cabo a la Cámara a iniciativa de 10 agentes sociales, a lo mejor mañana, por ejemplo, y en un determinado territorio de Cantabria, y si así lo deciden mayoritariamente sus habitantes, a lo mejor estos piden que cualquier lengua que no sea el cántabru o el castellano, se pueda enseñar y favorecer sin problemas y sin ningún tipo de restricción en dicho territorio.

Y esto lo afirmamos, porque si el Congreso ha instado al Gobierno español a impulsar y a apoyar reformas estatutarias que hagan oficiales lenguas propias que aún no lo son (como el euskera en algunas partes de Navarra), además de garantizar la igualdad lingüística, ¿quién dice que una futura ley no puede imponer el que se enseñe o se haga difusión del vasco o del asturiano en un lugar concreto y determinado de Cantabria o de la Cantabria Histórica?

¿Vemos ahora porque es tan necesario y urgente el que el Gobierno de Cantabria apure y apueste decididamente por y a favor del cántabru en su territorio y/o área de influencia?

El punto número 2 del acuerdo dice textualmente: “Permitir el uso administrativo de distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos”. Es decir, que se puede permitir y/o llegados el caso, facultar el uso administrativo de diferentes lenguas (por ejemplo, asturiano y vasco) en territorios “del mismo espacio lingüístico”, dentro y fuera de las fronteras administrativas.

Si mañana se afirma, por ejemplo, que el Oriente de Cantabria, o el Norte de Burgos, o la mitad Norte de la Rioja, “son ámbitos de actuación lingüística” (por parte de otros territorios y/o Comunidades Autónomas), ¿quién puede garantizar y asegurar que sobre esos territorios no se va a actuar e intervenir de una manera abusiva y desmedida, e intentando implementar, pongamos por caso, políticas lingüísticas en contra del cántabru o del mismo castellano en esos territorios?

¿Vemos por qué es tan importante y tan necesario el que en Cantabria, y a la mayor brevedad posible, se apliquen urgentes políticas reales y efectivas que sean favorables al cántabru en todos los sentidos y en todas sus formas de protección, amparo, defensa y atención?

Verdaderamente ya no hay más tiempo que perder con relación a este asunto que es tan importante y tan transcendental para el futuro de nuestra identidad como pueblo y como colectividad.

La clave pasa por reformar con alegría y sin miedo el Estatuto de Autonomía de Cantabria
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