Izquierda Unida (IU) ha llevado al Parlamento de Cantabria una proposición no de ley (PNL) sobre cuidados e igualdad, con el objetivo de reducir el agravamiento de la brecha de género en torno al empleo y los cuidados a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.
Lo hace a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara autonómica, en un texto en el que se recuerda la lucha feminista y las movilizaciones en torno a los 8 de Marzo, ha informado IU en nota de prensa.
La coordinadora de IU, Leticia Martínez, ha señalado las "múltiples opresiones" que sufren en su día a día las cántabras, desde las mayores tasas de desempleo o precariedad, así como el mayor peso de los "indispensables" trabajos reproductivos y de cuidados. Situaciones que "se han recrudecido" a su juicio con las consecuencias del coronavirus: desde las dificultades para la conciliación con niños por el cierre de colegios o de los mayores con los cierres de los centros de día, pasando por las tasas de desempleo "La cotidianeidad de la vida de la mayoría de las mujeres se desenvuelve en un suelo pegajoso que dificulta su autonomía económica y que está detrás de la feminización de la pobreza en la comunidad autónoma", ha afirmado. En la proposición presentada por IU se insta a impulsar planes y programas específicos para la recuperación del empleo de las mujeres que se han visto abocadas a dejar sus puestos de trabajo para afrontar tareas de cuidados de hijos y personas dependientes.
Se trata de promover, según dice, la racionalización de horarios y la llamada desconexión digital, mediante la creación e implementación de bonificaciones e incentivos para todas aquellas empresas que reduzcan la jornada laboral sin disminución de los salarios. Igualmente, la propuesta aboga por promover convenios laborales marco con cláusulas que garanticen la igualdad de género en el ámbito laboral, incluida la igualdad de retribuciones en todos los conceptos y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
Por tanto, no se procederá al registro de ningún convenio que contenga elementos discriminatorios por razón de sexo. En la misma línea, propone establecer un certificado de responsabilidad social que impida a la Administración la contratación con empresas que no respeten los derechos de las trabajadoras, no garanticen la conciliación laboral y familiar o hayan sido sancionadas por la autoridad laboral por incumplimientos graves, o condenadas por sentencia de los tribunales de justicia por vulneración de derechos laborales o fundamentales de sus trabajadoras o trabajadores. La proposición apuesta por "avanzar hacia la gestión directa" por el Gobierno autonómico de aquellos servicios públicos que han sido externalizados, cuya gestión actual se da en régimen de subcontratación con empresas privadas y los cuales concentran una amplia mayoría de mujeres trabajadoras. Y se plantea instar, a su vez, al Gobierno central a derogar las reformas del mercado laboral de 2010 y 2012 y sus normas reguladoras; que se elaboren informes anuales por parte de la Dirección General de Igualdad del Gobierno de Cantabria, que estimen y cuantifiquen el valor económico del trabajo doméstico, incluido el cuidado de las personas.
Finalmente, se persigue promover en el sistema educativo una cultura que, frente a los modelos individuales de éxito, ponga en valor los cuidados, la vida comunitaria, la gestión participativa y el uso compartido del espacio público, que contribuya a generar entornos donde sea fácil construir redes de apoyo mutuo, en condiciones de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
