La Fiscalía y la Defensa han elevado hoy jueves a definitivas sus conclusiones en la segunda y última sesión del juicio contra el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, que comenzó ayer miércoles en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por un supuesto delito electoral en concurso con otro de prevaricación por omisión, por presuntas irregularidades en el padrón municipal y en obras, por los que el ministerio público mantiene, tras la declaración del acusado y testigos, la pena inicial interesada de un año de cárcel, multa de 5.400 euros y diez años de inhabilitación especial al entender que actuó de forma "consciente" y para "beneficiar" a su partido, el PRC. Por su parte, la defensa del regidor regionalista, a cargo de la abogada Carmen Sánchez Morán, insiste en la libre absolución de su patrocinado, que ha ejercido el derecho a la última palabra en la sesión, antes de que quedara vista para sentencia. En esa breve intervención, y tras alegar que ha vivido toda la vida en Valderredible salvo cuando se fue para estudiar Filosofía y Ética, ha asegurado que precisamente por principios morales y éticos "jamás" haría algo ilegal.
Fernández alegó que tras realizar "pesquisas indagatorias" no vio "ningún fundamento" para abrir expediente
En su interrogatorio ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC –a pesar de haber dimitido como parlamentario autonómico para perder el aforamiento y ser juzgado por un tribunal ordinario–, Fernández alegó que tras realizar "pesquisas indagatorias" no vio "ningún fundamento" para abrir expediente e investigar los escritos y denuncias de vecinos sobre personas que se habrían empadronado en Riopanero y San Andrés de Valdelomar sin vivir en estas pedanías, ni por obras que habrían ejecutado sin licencia o excediendo la misma en San Cristóbal del Monte.
El fiscal le ha reprochado durante las conclusiones que no hiciera "absolutamente nada" ni iniciara investigación alguna, y ha señalado al respecto que "las cosas hay que comprobarlas", más cuando obliga la ley, aunque detrás de la petición haya "personas pesadas" o "resentidas" –ha expresado para aludir a las numerosas quejas y continuos conflictos con algunas de ellas– o que los asuntos en cuestión tengan una "raíz política". En este sentido, ha indicado que los nuevos empadronamientos en San Andrés perseguían "alterar" la mayoría a la hora de votar para "conseguir poder" haciendo que la pedanía recayera en un alcalde del PRC, el partido de Fernández, como así sucedió en 2015, después de haber ostentado el cargo durante cuatro años otro vecino, en representación del PSOE y que está detrás de las denuncias. En el caso de Riopanero, el fiscal cree que el objetivo era mantener al regidor regionalista y "no perder el statu quo" en Valderredible. "El partido regionalista tenía que gobernar en esas pedanías".
De Riopanero ha puesto el ejemplo de dos hombres que han contado "el mismo cuento"
Sobre las altas en cuestión en el censo municipal, el fiscal ha opinado que se corresponden, en ambas localidades, con situaciones "extrañas" y "raras", como dos chicos que se empadronaron a la vez y en casa del alcalde de San Andrés –del que eran "amigo"– durante varios años para acometer unas obras en la vivienda y reformar un local social. De Riopanero ha puesto el ejemplo de dos hombres que han contado "el mismo cuento": que trabajaban en Madrid pero pasaban buena parte del año en casas que tenían en la localidad, o una mujer, veterinaria de profesión y concejal regionalista además, que estaba censada allí mientras que su familia estaba empadronada en Nestares. "Es muy raro", ha insistido. Y de las supuestas cuatro obras irregulares en San Cristóbal, el representante de la Fiscalía ha afeado igualmente al regidor de Valderredible que "no se hizo absolutamente nada cuando había obligación". Al respecto, y después de oír a la arquitecta municipal, ha censurado el informe "ad hoc" hecho hace unos meses para tratar de "demostrar" que había ido a comprobar los hechos denunciados hace casi cuatro años. Con todo ello, el fiscal ha considerado que Fernández actuó de manera "consciente" y para "beneficiar" al PRC o a personas vinculadas a este partido, por lo que ha interesado una sentencia condenatoria por un delito electoral en concurso normativo con prevaricación por omisión.
Sin embargo, la Defensa ha insistido en la libre absolución de su patrocinado, sentado en el banquillo por denuncias "espurias e interesadas" y sin que haya "ningún ilícito administrativo" y "muchísimo menos penal". Sobre la última precisión del fiscal ha considerado que "yerra de manera importante" al solicitar la pena, que no se podría imponer, pues en el concurso –ha explicado– se impone el delito más gravemente castigado, que en este caso serían los diez años –de inhabilitación por prevaricación omisiva– frente al año de cárcel –por delito electoral–. Además, esta letrada ha tachado de "escaso" el fundamento para condenar por delito electoral unos empadronamientos considerados "raros", y ha apuntado además que la conducta del alcalde no impedía a los interesados acudir a otras instancias.
"¡Vaya argumento como prueba el hecho de que el marido esté en otro lado!"
Al margen de estas precisiones, Sánchez Morán ha indicado que con la prueba sobre la que se asienta la imputación de la Fiscalía no se puede condenar, ya que se basa en los testigos, que son los propios denunciantes, cada uno de los cuales solo conoce los hechos de los que se queja, y sobre los que no se ha hecho "ninguna corroboración periférica". A ellos se suma un concejal del Ayuntamiento que también interpone denuncia en octubre de 2017 ante la Guardia Civil por diversas cuestiones pero sin saber "nada" ni preguntar a "nadie", ni siquiera a un edil de su grupo y que tenía las competencias de urbanismo porque, según dijo en la vista, "iba y actuaba por libre". Y de las personas empadronadas supuestamente de forma irregular, cuando acudió a la Guardia Civil varias ya no constaban en el censo municipal y otra había fallecido ese mismo año. Además, ha sostenido que los denunciantes básicamente se quejan de que los nuevos empadronados no residían en las pedanías "el tiempo necesario". Tras subrayar que no hubo "concertación" entre quienes cambiaron de residencia, ha apuntado que el argumento esgrimido por la Fiscalía de que solo se empadronaran personas individuales y no sus familiares cree que puede ser un indicio "desfavorable" para la parte acusatoria, pues si la idea era "favorecer" al alcalde entonces "lo razonable" es que se empadronaran todos los miembros. "¡Vaya argumento como prueba el hecho de que el marido esté en otro lado!", ha expresado la abogada, para comentar que si bien esta situación no es "habitual", sí es cada vez más "corriente" que un hombre y su mujer residan en lugares diferentes por motivos laborales. Y de todos modos, ha destacado que todos los involucrados en el padrón tenían casa –en propiedad o alquiler– y que existen también consumos de suministro –como agua– por lo que ha concluido que "no existe la más mínima prueba de que son empadronamientos fraudulentos". De las obras, ha indicado que corresponde a la técnico municipal averiguar si son o no legales, si tienen licencia o su ejecución excede la misma. "¿O es que el alcalde también sabe de arquitectura?".
En esta segunda sesión de la vista ha declarado, como testigo, la arquitecta del Ayuntamiento, que ha asegurado que el alcalde no influyó "nada" en ella a la hora de abrir o no expediente. Además, tras indicar que se reciben múltiples denuncias en el Consistorio y que en el 80% de los casos no hay ningún problema detrás, ha aseverado que comprueba cada una de las situaciones que le llegan e informa después al gobierno local. Y las denunciadas en cuestión no había "nada irregular" y, por tanto, "no se abre expediente", ha concluido.
