Toda la encrucijada se remonta cuatro años atrás, cuando una investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en relación con el cártel de fabricantes y concesionarios de automóviles, destapaba en 2015 lo que podría ser uno de los fraudes más potentes en cuanto al número de afectados. La investigación recorrió todo el país, estando implicadas empresas de distintos puntos del mismo. En total, la CNMC multó con 41,15 millones de euros a 95 concesionarios de automóviles de Audi, Volkswagen (VW) y Seat, a dos empresas consultoras y a dos asociaciones del sector. Un fraude que a día de hoy sigue su proceso judicial, y en el que se ha visto implicada la empresa regional Hercos Parayas por participar, en concreto, en el cártel de concesionarios del Norte, compuesto por 18 concesionarios ubicados en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y la provincia de Soria. El Tribunal Supremo confirmó ayer sábado, y anteriormente lo había hecho la Audiencia Nacional, la multa de 473.361 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Casi un centenar de concesionarios llevaron a cabo prácticas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia
El casi centenar de empresas llevaron a cabo prácticas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, constitutivas de cártel, como declaró en su día la CNMC, que considera acreditado que las empresas concesionarias “adoptaron e implementaron acuerdos de fijación de descuentos máximos y condiciones comerciales, así como el intercambio de información sensible en el mercado de distribución de turismos de las marcas Audi, Volkswaguen (VW) y Seat a través de concesionarios independientes del fabricante y de concesionarios propiedad de la marca”. Del mismo modo, ha quedado acreditado que “las empresas adoptaron sus acuerdos con manifiesta ocultación y secretismo, valiéndose de mecanismos específicos de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos e, incluso en algunos supuestos, de instrumentos de sanción para los incumplimientos”, afirma la CNMC. La incidencia económica que supuso la creación de estos cárteles para los compradores de vehículos fue notoria, pues no pudieron beneficiarse de mayores descuentos o mejores condiciones comerciales y que, por tanto, adquirieron los vehículos en condiciones menos ventajosas que en un contexto de libre competencia. El objetivo de la CNMC era conseguir que se indemnice a los compradores de vehículos afectados por diversos cárteles de fijación de precios e intercambio de información, y actualmente se están confirmando las multas millonarias a las organizaciones implicadas.
En el entramado, se distinguieron siete “Zonas”, que delimitaron otros tantos cárteles: Madrid, Cataluña, Andalucía, Norte –cártel donde se sitúa la empresa regional Hercos Parayas-, Asturias, Valencia (respecto de Audi-VW) y Madrid (respecto de SEAT). La duración acreditada de los cárteles varía dependiendo de las zonas, remontándose en los supuestos más extensos al año 2006 y prolongándose hasta junio de 2013. El segui-miento institucionalizado de los acuerdos se produjo en todas las zonas, salvo en Asturias y Valencia/Castellón.
