domingo 7/3/21
POLÍTICA

“Solo falta que la interventora haga ella sola el expediente, las fichas, las resuelva, firme los decretos y en las elecciones municipales de 2023 se presente como candidata”

El pago de 200 euros a 37 trabajadores por colaborar contra el Covid-19 genera discrepancias entre la interventora y el alcalde de Santoña.

El empleado de Secretaría lloró por el error cometido en la tramitación del expediente de complementariedad.

El regidor municipal, Sergio Abascal, acusa a intervención de no enterarse de nada y califica su informe de disparate.

El alcalde de Santoña, Sergio Abascal, se reafirma en que tomará acciones legales contra Intervención municipal
El alcalde de Santoña, Sergio Abascal, ha emitido un informe calificando de "disparate" el de la interventora

El trabajo desarrollado por 37 trabajadores municipales, más allá de sus funciones, para colaborar contra el Covid-19 en Santoña y por lo que han cobrado 200 euros más en sus nóminas ha generado las discrepancias entre la interventora municipal de este Ayuntamiento y el alcalde, Sergio Abascal.

La interventora alega que se omitió la fiscalización por su persona de la fase del gasto de reconocimiento de la obligación del expediente

El Ayuntamiento aprobó destinar 117.587 euros para el pago de la productividad a los funcionarios y personal laboral, de los cuales 7.800 fueron para un grupo especial por su sobreexposición ante la pandemia.

Esta situación, entre otras razones, ha provocado que la interventora rechace el pago del complemento de productividad a los empleados, alegando omisión de fiscalización, y que el máximo responsable municipal, en su informe, realice ciertas declaraciones contra la trabajadora del Consistorio. Además, al final los empleados han cobrado por un Decreto de la Alcaldía.

El regidor municipal no solo ha calificado de disparate el informe de la interventora, sino que ha escrito que no se entera de nada. Incluso ha llegado a afirmar que “solo falta que la interventora haga ella sola el expediente, las fichas, las resuelva, firme los decretos y en las elecciones municipales de 2023 se presente como candidata”.

LA PANDEMIA

La interventora alega que se omitió la fiscalización por su persona de la fase del gasto de reconocimiento de la obligación del expediente.

Y la pandemia está en el punto de mira de esta polémica. La interventora señala que no se motiva el establecimiento de una cuantía máxima de 200 euros a cada trabajador, no se justifica la adscripción de cada trabajador a cada grupo y la asignación a cada grupo no responde a razones de índole personal, objetivo o categorías profesionales en base a los parámetros de productividad de 2014, año en que se aprobó este complemento cuando gobernó PP y PRC.

Para Sergio Abascal la realidad es que la interventora no se ha leído el expediente

La empleada municipal confiesa que las puntuaciones no tienen un criterio objetivo, pues un trabajador con una puntuación inferior tiene un plus Covid-19 de 200 euros y otro trabajador con mayor puntuación no tiene esa productividad. “No hay ningún parámetro que establezca los objetivos para el establecimiento de una productividad por Covid-19, ni se sentaron las bases para diferenciar a grupos de trabajadores, ya que si quizás se hubiera conocido con anterioridad que por realizar ciertas tareas iban a ser premiados, muchos trabajadores hubieran desarrollado tareas con este fin”, recoge su informe.

Por su parte, el alcalde recuerda que, el día 16 de marzo, el Ayuntamiento declaró unos trabajos esenciales, no distinguiendo por personas, sino por departamentos, “y ahora parece que solo algunos trabajadores de ciertos departamentos realizaron labores”.

Para Sergio Abascal la realidad es que la interventora no se ha leído el expediente ni la propuesta de la Concejalía de Personal, Carmen González Caballero, ni la justificación, ni estuvo presente en las fechas en que se necesitó la colaboración de muchos trabajadores que se implicaron y redoblaron esfuerzos con tareas que no eran propias. “Seguramente hubo trabajadores que quedaron fuera y merecieron estar y se han podido cometer errores, pero se entendió que se debía pagar esa pequeña cantidad simbólica para compensar la dedicación especial”, especificó.

La interventora indica que esto se aparta de la tradición lineal de productividad del Ayuntamiento. El alcalde detalló que lo desconoce y adjunta el expediente de 2014 cuando el PP asignó libremente importes diferentes a cada puesto de trabajo y departamento y se fijaba una cantidad específica de 6.000 euros al arquitecto municipal “por unos trabajos que nunca se llegaron a presentar”.

Siguiendo con este tema, el regidor municipal afirma que el pago de 200 euros por el Covid-19 para el grupo especial está motivado, “y la inclusión de trabajadores en ese grupo no es por departamento o funciones previas, sino por el sobreesfuerzo y colaboración en el momento más duro de la pandemia”. Abascal considera que arriesgaron su salud cuando no eran funciones propias de su puesto de trabajo.

También se discute en esta polémica surgida que los trabajadores desconocían la creación de un grupo Covid de productividad

Y por si fuera poco aclara que hay dos grupos, uno global y lineal y otro derivado de la pandemia. “Hay trabajadores que recibieron una puntuación alta en su puesto de trabajo, pero no han tenido una colaboración especial por el Covid-19 y al revés”, subrayó.

El informe de la Alcaldía hace hincapié en que hasta tal punto llega el exceso de atribuciones que se asigna para sí la interventora que llega a cuestionar el grupo constituido, indicando que se dictaron resoluciones por departamentos que luego no se corresponden con los grupos. “Lo que se hizo fue crear servicios básicos del Ayuntamiento en cada departamento, reordenando funciones, horarios, turnos y cometidos, pero lo que en esta productividad se determina es la especial dedicación y el propio ofrecimiento en funciones más allá de las exigibles que en muchos casos no eran propias o implicaron aumento de turnos y funciones reconvertidas”, concreta el político socialista.

Lo más peculiar, observó el alcalde, es que diga que todos los departamentos realizaron tareas directa o indirectamente relacionadas con la pandemia. “Pero lo hace desde la distancia, ya que se encontraba de baja maternal por lo que dudo que tuviese más reconocimiento que la Alcaldía de lo que se estaba haciendo. Además, la productividad no valora departamentos ni grupos de personas, sino a trabajadores como personas individuales”, apuntaló.

También se discute en esta polémica surgida que los trabajadores desconocían la creación de un grupo Covid de productividad. “Ni aquí ni en ningún lugar”, según Abascal.

Primera página del Decreto de Alcaldía que critica el informe de la interventora de Santoña

Y desde su punto de vista la interventora no puede revisar las puntuaciones, cuando es una competencia de la Alcaldía. “Solo falta que la interventora haga ella sola el expediente, las fichas y las resuelva, que firme los decretos y en las elecciones municipales de 2023 se presente como candidata”, escribió Abascal.

Lo más sangrante, continúa el informe del alcalde, es que la interventora señale que no tenía conocimiento de nada ni de ese grupo de Covid-19, cuando la concejala de Personal le facilitó todos los documentos y se informó de esta propuesta en la Comisión de Hacienda.

Y en este apartado, la interventora dice que no hay parámetros en el reglamento que establezca los objetivos para el establecimiento de una productividad por Covid- 19. “No lo había en ningún lugar del mundo antes de la pandemia, ya que ha sido una situación sobrevenida e imprevisible, pero en la propuesta de la concejala se justifica sobradamente”, sostiene el alcalde.

Desde la Alcaldía se certifica que la intervención municipal tiene pleno conocimiento del expediente, de su tramitación y de la aprobación

OTROS FACTORES

Por si no fuera poco, la intervención añade otros factores. “El 11 de diciembre de 2020 se manda la convocatoria a la comisión informativa para celebrarse el 15 de diciembre, pero el expediente no estaba tramitado y la interventora no había abierto expediente”, manifiesta.

Posteriormente, el día 14 de diciembre por deferencia y no por obligación, la interventora suscribe que deja sus tareas, para redactar el expediente, el cálculo de productividad y la propuesta y recuerda que el plazo para realizar un informa es de 10 días hábiles en una tramitación ordinaria o de cinco en una urgente.

“Realice el trabajo de manera rápida y sin tener apenas conocimiento del expediente para su estudio y la convocatoria se efectuó sin apenas tener el expediente”, incide.

El 15 de diciembre, la interventora comenta que tiene constancia de cómo se pretende motivar el expediente de productividad de forma individual y advierte que el Pleno solo debe aprobar la cantidad global y lo informa al alcalde, Sergio Abascal, y la concejala de Personal, Carmen González Caballero, en comisión.

El 18 de diciembre espera la llegada del decreto para ser previamente fiscalizado y ese día a las 14:15 horas se pone en contacto con secretaria para conocer el estado de la tramitación del expediente e incorporar a la nómina de los trabajadores en diciembre. En ese momento se le informa que el decreto ya ha sido firmado por el alcalde y por ello se emite un informe por omisión de la fiscalización, asegura.

Alega que la intervención municipal debe tener, por sus funciones de fiscalización, el expediente completo en tiempo suficiente. Además, el reparto de la productividad se separa del precedente administrativo municipal, tanto en la cuantía máxima asignada de forma lineal a cada trabajador como en el establecimiento de grupos diferenciados motivados por el Covid-19. Los actos administrativos que se separan del precedente seguido han de estar motivados, puntualiza.

Por su parte, Sergio Abascal comenta que el decreto de productividad se dejó firmado por la Alcaldía el día 18 de diciembre en el momento en que se deja preparado para su firma en la carpeta de secretaria.

En cuanto al carácter intencional en la omisión de fiscalización, el personal de secretaria ha reconocido que se trató de un error, conforma el alcalde. “Lo que no es admisible es dejar caer ciertas acusaciones sin preguntar por los motivos ni soportar leer barbaridades mientras el trabajador de secretaria que ha cometido el error se echa a llorar”, confesó.

Desde la Alcaldía se certifica que la intervención municipal tiene pleno conocimiento del expediente, de su tramitación y de la aprobación en el Pleno de la cantidad global, de la motivación, de la clasificación global y especial de los trabajadores motivada por la pandemia al margen de sus ocupaciones habituales.

La convocatoria de la comisión se tramitó con urgencia para celebrar el Pleno el mismo día 18 de diciembre, hecho del que es conocedora la interventora. El resto del expediente y los criterios de valoración de la productividad también eran conocidos por intervención los días 18, 15 y más atrás cuando se le informó que existía esta propuesta en elaboración por la concejala de Personal, expone Abascal.

Nunca en la historia de este Ayuntamiento se ha motivado y argumentado mejor y más profusamente un expediente de productividad.

TRABAJADORES EN LA PANDEMIA

Debido al Covid-19 y el confinamiento, el Ayuntamiento santoñés declaró una serie de servicios sociales esenciales para atender la salud y sostener la difícil situación económica de los vecinos afectados

En este contexto y desde el polideportivo Miguel Solano como centro de operaciones, 16 trabajadores desarrollaron diversas funciones: entrega de alimentos a domicilio del comedor social, elaboración de cajas de entrega a los confinados forzosos, entrega a domicilio de catering escolar, apoyo al banco Municipal de Alimentos, entrega de medicamentos prescritos por el Hospital de Laredo hasta que se encargó Protección Civil, entrega de libros de los centros escolares a los alumnos y ordenadores, procedentes de la Consejería de Educación, a quien carecía de ellos para seguir las clases y reparto de 50.000 mascarillas. En esta última función y otras más se unió una trabajadora más.

Diez agentes de la Policía Local velaron por la seguridad y protección, lo que supuso, según el Decreto de la Alcaldía, un incrementó de su jornada y turnos y en algunos casos los policías han dormido en el albergue municipal para evitar posibles contagios. Asimismo, realizaron entrega de comida a domicilio a los confinados forzosos por orden judicial, hicieron frente al desacato de este confinamiento por algunos vecinos, y en coordinación con la Guardia Civil llevaron a cabo controles del Covid-19 en el caso urbano.

En el cementerio, cuatro empleados se encargaron de los entierros, para lo cual se estableció un protocolo y medidas de seguridad.

En cuanto a la protección, tres trabajadores se dedicaron a la adquisición de equipos de protección individual y colectiva, gestionaron la realización de test rápidos, su distribución, efectuaron carteleria informativa y convocaron ayudas a los sectores afectados.

Hay que recordar que dos personas de Secretaría llevaron a cabo la gestión administrativa de las resoluciones y decretos que se han requerido de forma urgente por el estado de alarma en las diferentes fases de la desescalada, elaboraron los documentos anti Covid y publicaron los acuerdos y convocatorias de ayudas.

En Intervención, una persona tramitó los expedientes vinculados al Covid-19, como pago de facturas a proveedores, propuestas de gastos en materia y modificaciones puntuales para habilitar partidas de carácter social y bolsas de ayuda.

DESDE 2014

El Ayuntamiento de Santoña desde el año 2014 tiene aprobados unos criterios o normas, no un reglamento, que nunca fueron sometidos a exposición pública.

El alcalde realiza la asignación de puntos, salvo en algunos casos que son los concejales o el jefe de departamento con criterios propios y diferentes. Es subjetivo por cuanto está a merced de una tercera persona que además se basa en 20 criterios en lugar de uno, advierte el máximo responsable municipal.

“No es permisible que un jefe de departamento asigne a sus trabajadores una puntuación diferente, en función de un juicio particular, y otros concedan la misma, como así hizo la interventora en 2019, argumentando que sirve para motivarles, cuando en realidad se relajan porque sabiendo que independientemente de su trabajo recibirán la misma puntuación”, remarcó.

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