martes 11/5/21
TRIBUNALES

El exalcalde de Noja será juzgado por el caso 'Proconor' este jueves y se enfrenta a un año de prisión y doce de inhabilitación

El exalcalde del PP de Noja, Jesús Díaz
El exalcalde del PP de Noja, Jesús Díaz

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria acogerá este jueves, 25 de marzo, a partir de las 10:00 horas el juicio al exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) por el caso 'Proconor'.

Está acusado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en las licencias a la citada promotora, y se enfrenta a un año de prisión y 12 de inhabilitación para cargo público que pide la Fiscalía, que también interesa una multa de 6.750 euros.

El Ministerio Público le acusa de "retrasar" deliberadamente la concesión de las licencias para la construcción de 184 viviendas

El Ministerio Público acusa a quien fuera regidor de la Villa nojeña durante 27 años (1988-2015) de "retrasar" deliberadamente la concesión de las licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire a Promociones Nocanor, con la finalidad de "perjudicar económicamente" a la constructora -la empresa familiar del actual alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín (PRC)-.

También está procesado el entonces secretario del Ayuntamiento por un delito continuado de prevaricación administrativa y el ministerio fiscal considera que es merecedor de una pena de diez años de inhabilitación para el ejercicio o cargo o empleo público. En materia de responsabilidad civil, la acusación pública establece que ambos deben indemnizar de forma solidaria en la cantidad en que se determine por los perjuicios causados a la empresa.

Junto a la Fiscalía, también están personados el Ayuntamiento de Noja y Nocanor Promociones. La empresa de la familia del actual alcalde regionalista añade a los delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas los de tráfico de influencias y cohecho, solicitando en total seis años de prisión, 26 años de inhabilitación para cargo público y una indemnización de casi 13 millones de euros al alcalde. Y para el secretario pide diez años de inhabilitación. Por su parte, el Ayuntamiento de Noja interesa siete años de inhabilitación para ambos acusados por un delito de prevaricación administrativa.

La causa fue promovida por concejales del PRC contra el exalcalde del PP e inicialmente se abrió por prevaricación, pero se amplió después a malversación y contra las garantías constitucionales. Aunque inicialmente fue sobreseído, la Audiencia reabrió el caso y se volvió a instruir.

RETRASAR EL PROYECTO PARA CONSTRUIR UN COMPLEJO RESIDENCIAL

En su escrito, el fiscal acusa al exalcalde y secretario del Ayuntamiento de Noja de dictar y amparar, respectivamente, "a sabiendas de su ilegalidad", diversas resoluciones administrativas que "contradecían frontalmente la legislación vigente, aplicando resoluciones diferentes a casos semejantes a los tramitados", con la voluntad de "retrasar" el proyecto de Nocanor de construir un complejo residencial.

Según la Fiscalía, ello se produjo "como consecuencia del interés mostrado" por el que fuera regidor en la finca y a que finalmente no se llegó a un acuerdo para su participación en el proyecto empresarial. "Así, incluso antes de la adquisición del referido inmueble, el acusado advirtió al propietario del mismo de que a la hora de tener en cuenta las diversas ofertas, entre las que había habido ofertas de la empresa de su mujer, debía considerar que 'él era el que concedía las licencias urbanísticas'", señala el escrito de calificación.

Explica la Fiscalía que en el proceso de solicitar la licencia municipal, "los servicios técnicos del Ayuntamiento, a instancia y solicitud del alcalde y a sabiendas de que no era necesario", notifican a la empresa un requerimiento de documentación para tramitar un estudio de detalle que, según la normativa, no era preciso elaborar para este tipo de licencias.

CRONOLOGÍA HECHOS

En septiembre de 2006 se presenta la solicitud de licencia, "produciéndose a partir de entonces un goteo de requerimientos de la más diversa documentación, que demoró artificialmente la resolución del expediente".

En octubre de un año después, los servicios técnicos del Ayuntamiento "informan que la licencia de obras requiere previamente la tramitación de un proyecto de urbanización, así como un proyecto de compensación" por lo que la Junta de Gobierno Local deniega la licencia. De este modo, y según señala el escrito de calificación fiscal, el Ayuntamiento se "aparta de los precedentes municipales y del criterio mantenido por el propio alcalde" quien, en relación a la misma parcela, señaló en el Pleno municipal meses antes "que su desarrollo no requería" tal proyecto de compensación.

En noviembre de 2007, "el alcalde, de manera infundada, dicta resolución por la que exige la cesión gratuita del 10% correspondiente al aprovechamiento de un sector, "sin existir informes técnicos y jurídicos sobre la base de los cuales se adopte dicha resolución, la cual no era susceptible de recurso". De ese modo, se "apartó de resoluciones anteriores de otros proyectos de edificación en sentido totalmente contrario, puesto que pese a ser suelo urbano, requirió un proyecto de urbanización por considerar que el terreno era suelo urbano no consolidado y, además, obligó a efectuar cesiones de aprovechamiento".

Esa denegación de licencia fue recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que estimó íntegramente el recurso, tanto en primera como en segunda instancia. En mayo de 2008, se acordó conceder la licencia de obras solicitada bajo condición de realizar un acta de replanteo debido al arbolado de la finca.

Meses después, el Ayuntamiento notifica a la empresa que a resultas del citado acta, debe ingresar 60.520 euros en concepto de ejecución de medidas compensatorias a la tala de encinas, resolución que también fue recurrida ante los tribunales, que estimaron la demanda.

En junio de 2010, por decreto de la Alcaldía se acuerda la paralización inmediata de las obras por no ajustarse a la licencia otorgada. Y un año después, se levanta la paralización. "Como consecuencia de todas estas trabas e impedimentos establecidos, solo se pudo ejecutar la primera fase, que constaba de 59 viviendas, 1.219 metros cuadrados de locales y 69 garajes, más algunas dependencias auxiliares, sin que hayan quedado determinados los perjuicios causados a la empresa Nocanor".

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