viernes 7/5/21
TRIBUNALES

El exalcalde de Noja, Jesús Díaz, será juzgado esta semana por prevaricación en el caso 'Nocanor'

El exalcalde de Noja, en el arranque del juicio contra él por el caso Nocanor, aplazado a mayo de 2021
El exalcalde de Noja, en el arranque del juicio contra él por el caso Nocanor, aplazado a mayo de 2021

El juicio al exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) por presunta prevaricación en el retraso de licencias a las viviendas proyectadas por 'Nocanor' se celebrará esta semana, del lunes 3 de mayo al miércoles día 5, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

La vista estaba señalada para el pasado marzo, pero se suspendió y se fijó de nuevo para este mes por la importante documentación aportada por algunas partes, para que puedan estudiarla las demás y que todas cuenten con las "mismas armas" en el plenario.

El primer día declararán los acusados -Jesús Díaz y el secretario del Ayuntamiento cuando sucedieron los hechos-; el segundo comparecerán los testigos; y el tercero, los peritos. Además, en las cuestiones previas, abordadas en el señalamiento inicial, los magistrados decidieron que el Consistorio -que solicitaba siete años de inhabilitación para ambos procesados por presunta prevaricación administrativa- siga personado, pero como responsable civil subsidiario, no como acusación particular.

El fiscal achaca al que fuera alcalde de Noja durante 27 años (1988-2015) un supuesto retraso deliberado en la concesión de licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire a Promociones Nocanor, con la finalidad de "perjudicar económicamente" a la constructora -la empresa familiar del actual alcalde, el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín-.

Le imputa un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios y pide un año de prisión

El ministerio público le imputa un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios y pide un año de prisión, doce de inhabilitación para cargo público y multa de 6.750 euros al exdirigente 'popular', retirado de la política. Por su parte, considera que el secretario municipal es responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que le reclama diez años de inhabilitación para el ejercicio o cargo o empleo público. En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía entiende que ambos deben indemnizar de forma solidaria en la cantidad que se determine por los perjuicios causados a la promotora.

La acusación particular, ejercida por Nocanor Promociones, añade a los delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas los de tráfico de influencias y cohecho, interesando en total seis años de prisión, 26 años de inhabilitación para cargo público y una indemnización de casi 13 millones de euros al alcalde. Y para el secretario, diez años de inhabilitación.

El abogado de la empresa presentó al inicio del plenario, una vez resueltas las cuestiones previas planteadas, más prueba documental -expedientes administrativos, informes, recibos bancarios, planos, fotografías, etc- que se sumó a la aportada previamente a través del portal 'Vereda' -sede judicial electrónica de Cantabria-. Además, este letrado propuso una nueva testifical.

CAUSA

Esta causa fue promovida por concejales del PRC contra el exalcalde del PP e inicialmente se abrió por prevaricación, pero se amplió después a malversación y contra las garantías constitucionales. Aunque fue sobreseído, la Audiencia reabrió el caso y se volvió a instruir.
El fiscal acusa al exregidor y el secretario del Ayuntamiento nojeño de dictar y amparar, respectivamente, "a sabiendas de su ilegalidad", diversas resoluciones administrativas que "contradecían frontalmente la legislación vigente, aplicando resoluciones diferentes a casos semejantes a los tramitados", para "retrasar" el complejo residencial proyectado por Nocanor.

A juicio de esta parte, esto fue "consecuencia del interés mostrado" por Díaz en la finca y a que finalmente no se llegó a un acuerdo para su participación en el proyecto empresarial. "Así, incluso antes de la adquisición del referido inmueble, el acusado advirtió al propietario del mismo de que a la hora de tener en cuenta las diversas ofertas, entre las que había habido ofertas de la empresa de su mujer, debía considerar que 'él era el que concedía las licencias urbanísticas'", señala el escrito de calificación.

Explica la Fiscalía que en el proceso de solicitar la licencia municipal, "los servicios técnicos del Ayuntamiento, a instancia y solicitud del alcalde y a sabiendas de que no era necesario", notifican a la empresa un requerimiento de documentación para tramitar un estudio de detalle que, según la normativa, no era preciso elaborar para este tipo de licencias.
 

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