Las secciones sindicales de CC.OO. y UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega han denunciado la dejadez y la desidia del Consistorio a la hora de gestionar las Ayudas Económicas de Emergencia financiadas con cargo al Fondo Extraordinario y ha acusado a la Concejalía responsable del ramo de trato vejatorio al personal encargado de la tramitación de estas ayudas, cuya plantilla ha disminuido de seis a dos trabajadoras sociales, de las cuales dos están de baja y otras dos de vacaciones aprobadas hace meses, y de diez técnicos a cinco. Esto ha provocado que se encuentren en unas condiciones laborales que ya han sido denunciadas ante Inspección de Trabajo, que ha acudido al Consistorio, y que están generando "graves riesgos psicosociales" entre los empleados.
Además, los sindicatos han lamentado que en este año 2018 se haya vuelto a retrasar la gestión de estas ayudas, con un presupuesto de 250.000 euros, con la excusa, una vez más, de la no aprobación de los presupuestos municipales. Este abandono vuelve a dejar indefensos a sus beneficiarios, que han visto cómo no pueden solicitar estas ayudas hasta final de año. Recuerdan que el año pasado la mala gestión por parte del Ayuntamiento de Torrelavega obligó a devolver 50.000 euros que hubieran resuelto la situación de desprotección de muchos ciudadanos y ciudadanas de la capital del Besaya.
Asimismo, los representantes de CC.OO. y UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega han afirmado ante lo sucedido que "es de nuevo en el mes de noviembre, respondiendo a un requerimiento del Gobierno de Cantabria, cuando se pone en marcha el procedimiento de gestión sin tener la normativa municipal necesaria". Lo único que se remite al departamento de Servicios Sociales desde el Ayuntamiento de Torrelavega son las líneas básicas del Gobierno de Cantabria, por lo que "se está dejando a criterio técnico cuestiones imprescindibles para valorar adecuadamente las peticiones, no se da acceso a datos básicos para la tramitación de cualquier ayuda ni se tiene en cuenta que es necesario disponer de tiempo y medios para desarrollar los procesos de intervención social previstos en las líneas básicas y en la ley", ha apuntado.
Se está dejando a criterio técnico cuestiones imprescindibles para valorar adecuadamente las peticiones
Aunque desde el Consistorio se está intentando responsabilizar de las negligencias organizativas a los y las trabajadoras de Servicios Sociales, las secciones sindicales han puesto de manifiesto que hasta la Subdirección de Protección Social del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se ha pronunciado al respecto. De este modo, en un escrito ha señalado que "las líneas básicas que propone el Gobierno de Cantabria luego tienen que desarrollarse por cada ayuntamiento", algo que no se ha hecho en Torrelavega, y que "tratar de resolver más de 750 solicitudes en un mes es algo totalmente inviable si la intención es gestionar el fondo correctamente".
De hecho, los y las trabajadoras del Servicio de Asuntos Sociales soportan graves riesgos psicosociales derivados de sus condiciones laborales. Así se evidenció en el estudio realizado por Mutua Laboral en 2017, que concluyó que existen factores de riesgo muy elevados para todos los y las trabajadoras del servicio y requería al Ayuntamiento a una intervención inmediata. El Consistorio obvia el informe y, lejos de adoptar medidas, vuelve a generar periodos de sobrecarga y tensión laboral para las técnicas. Esta situación ha sido denunciada a la Inspección de Trabajo, que ya se ha personado en el Ayuntamiento.
Por otra parte, Judith Pérez Ezquerra, subdirectora de Protección Social de Cantabria, exculpa totalmente a los y las empleadas del Servicio de Servicios Sociales asegurando en dicho escrito que entienden "la imposibilidad" de los técnicos de "resolver la totalidad de las solicitudes, no permitiéndoles ejercer como técnicos de Trabajo Social sino como meros tramitadores, al ser imposible una valoración profesional dado el tiempo para su resolución y desvirtuando así la función de los mismos".
En este sentido, los representantes sindicales han subrayado que se han establecido horarios de atención a citas para tramitar exclusivamente estas ayudas, dejando abandonadas a su suerte otras funciones de los Servicios Sociales municipales como los servicios de atención y de teleasistencia domiciliaria, intervención familiar con menores en situación de desprotección, las mujeres víctimas de violencia de género, otras ayudas económicas, etc.
Es lamentable que, conociendo las dificultades del servicio, se utilicen las necesidades más básicas de la gente y se ponga en duda la profesionalidad de las trabajadoras
Por el momento lejos de colaborar con la resolución de esta situación, miembros de la oposición, con presencia en la comisión de salud laboral y en la mesa de negociación del ayuntamiento, cargan de forma inadmisible parte de la responsabilidad del abandono político contra las trabajadoras del servicio, cuando son conscientes y conocedores de las reiteradas denuncias de sobresaturación del servicio, y de los requerimientos de puesta en marcha de medidas (incumplidas hasta la fecha), sin haber tomado ninguna acción política en estos dos años. "Es lamentable que, conociendo las dificultades del servicio, se utilicen las necesidades más básicas de la gente y se ponga en duda la profesionalidad de las trabajadoras, cuando ellos también son responsables por inacción" han enfatizado los responsables sindicales de CCOO y UGT ante declaraciones de un miembro de la oposición en el ayuntamiento.
El problema es recurrente
Desde ambos organismos, destacan que el problema no es nuevo. Aunque las directrices del Gobierno de Cantabria y la Ley de Derechos y Servicios Sociales establecen que estas ayudas están pensadas para cubrir situaciones "sobrevenidas y no previsibles" y que se pueden solicitar en cualquier momento del año, lo cierto es que el Ayuntamiento de Torrelavega tanto en la convocatoria de 2016 como en la de 2017 las gestionó ya llegado el mes de noviembre.
En cuanto a lo sucedido, para las secciones sindicales de CCOO y UGT, "esta modalidad convirtió las ayudas en un mero reparto de dinero, en base únicamente a criterios económicos y por riguroso orden de entrada de las peticiones, desvirtuando totalmente la finalidad para la que están previstas e impidiendo la adecuada atención a la ciudadanía. En definitiva, un mal uso del dinero público". Una circunstancia que la plantilla ya puso sobre la mesa en 2016 y 2017 y que repercutió en la incoación de un expediente a los y las trabajadoras y educadores sociales, que a día de hoy desconocen cuáles son las diligencias abiertas.
