A mediados de junio el Tribunal Supremo confirmaba la anulación del nombramiento de un policía local por no tener permiso de conducir motos de gran cilindrada, así como la obligación del Ayuntamiento de Torrelavega de contratar al aspirante que recurrió la decisión del Consistorio. Ahora, la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB) en la capital del Besaya ha exigido una aclaración de lo ocurrido y que se depuren responsabilidades en la administración municipal.
A juicio de la asociación, y como recoge Ser Torrelavega, la decisión del Alto Tribunal va a suponer un alto coste para las arcas municipales. Por lo menos 80.000 euros, que es la cantidad que el Supremo establece como indemnización al aspirante que ahora tiene que ser contratado por los dos años y medio que han pasado desde que debió incorporarse a la plantilla.
Asimismo, el colectivo califica de “obsceno” que se mantenga este asunto en el “oscurantismo” desde 2008, es decir, 10 años “de desidia y despropósitos”.
Por otro lado, el padre del policía local que ahora ha sido destituido destacó que el "daño psicológico" a su hijo "ya está hecho", ya que ha trabajado durante este tipo "con mucha presión e incertidumbre" tras haber conseguido la plaza “a base de mucho esfuerzo y sacrificio".
En su opinión, "se ha actuado de buena fe por todos, pero si se ha cometido un error en las bases de la convocatoria de hace cinco años, hay que arreglarlo, pero sin perjudicar a un tercero que es inocente", ha añadido.
También ha recordado que el Ayuntamiento "siempre sostuvo" que el carnet de moto 2 era equivalente al A, como en otros ayuntamientos de Cantabria y en otras comunidades autónomas.
