La práctica de tirar el aceite por el fregadero, altamente contaminante, tiene los días contados con la futura Ley de Residuos aprobada el pasado mes por el Gobierno. Y es que, el aceite usado de cocina es un “residuo contaminante que si no se recicla correctamente acaba vertido en nuestros ríos y mares, dificultando la oxigenación de las especies y provocando elevados costes de tratamiento de las aguas que circulan en nuestros desagües y saneamientos”, explica Reseave, empresa de recogida de aceite de cocina usado, que estima que un solo litro de aceite usado vertido por el desagüe puede contaminar hasta 1.000 litros de agua.
El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados está dirigido a impulsar una economía circular, que restringe los plásticos de un solo uso así como la introducción en el mercado de ciertos productos e incorpora dos nuevos impuestos dirigidos a "prevenir" la generación de residuos. Así incluye nuevas obligaciones a los productores de cara a la información a los consumidores, aumenta los objetivos de reciclaje de distintos flujos de residuos de aquí a los próximos años e incorpora la obligación de recogida separada para diferentes restos municipales como el textil o los biorresiduos con un calendario de implantación.
Será una obligación recoger los aceites de cocina usados a partir de 2025
Al respecto, la futura Ley de Residuos incorpora un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. En este caso, los municipios de más de 5.000 habitantes deberán recoger los biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a partir de 2024 el resto de municipios. Así, será una obligación recoger los aceites de cocina usados a partir de 2025, así como los residuos textiles, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos.
Los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse por materiales, preferentemente en el origen a partir de 2022 y la demolición deberá ser selectiva a partir de 2024.
Asimismo, fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035, y estable porcentajes específicos de preparación para la reutilización, dentro de cada uno de esos objetivos siendo del 15% en 2035.
Por otro lado, los bares y restaurantes tendrán que ofrecer "siempre" a los clientes y usuarios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.
El texto incluye nuevos impuestos a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero, así como la obligación para las entidades locales en el plazo de 2 años de desarrollar una tasa o prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan.
