miércoles. 17.08.2022

El Puerto de Santander tendrá que aclarar, en los próximos 10 días, si elaboró informes que justificaban la instalación de concertinas en el perímetro portuario y si éstas fueron incluidas en el Plan de Seguridad de la instalación, tal y como marca la Ley, después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) haya dado la razón a Juventudes Socialistas (JJSS) de Santander y obliga al Puerto de la ciudad a aclarar este aspecto.

La organización juvenil ha recordado en un comunicado que el 17 de noviembre dirigió un escrito a los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), en el que se mostraba en contra de la instalación de concertinas y solicitaba toda la información sobre la medida en base a la Ley de Transparencia.

La APS respondió autorizando el acceso a todos los expedientes de contratación, así como a todos los informes elaborados sobre la instalación de las concertinas, pero "no había nada", según el secretario general de JJ.SS. de Santander, Yago Nan, para quien "destacaba la ausencia de un análisis en profundidad sobre la necesidad de la medida, algún tipo de justificación de la proporcionalidad de la misma o una argumentación en su favor frente a otras opciones alternativas".

Respecto a la petición de acceso al Plan de Seguridad, la organización juvenil criticó que el Puerto se escudaba en una norma de la dictadura franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Tras estudiar el recurso de Juventudes Socialistas, ahora el Consejo de Transparencia resuelve que "en lo que concierne a los informes solicitados, si bien la APS alega que los mismos se encuentran incluidos en la documentación de los expedientes de contratación cuyo acceso se otorga, no se ha podido constatar que así sea".

Y respecto al acceso al Plan de Seguridad indica que no debió denegar la información sino que tuvo que considerar un acceso parcial a la cuestión planteada por la organización juvenil, es decir, si la instalación de concertinas está contemplada en dicho Plan.

Transparencia pondera el derecho de acceso a la información pública y entiende que "una correcta aplicación del principio de proporcionalidad debería haber llevado a la APS a conceder un acceso parcial", de manera que "se respeta el principio de proporcionalidad, estableciendo un equilibrio adecuado entre la satisfacción del derecho de acceso a la información pública y la protección de la seguridad pública, sin sacrificar ninguno de los elementos en conflicto más allá de lo estrictamente necesario para otorgar el mayor grado de eficacia posible al otro".

Por lo tanto, la APS tendrá que aclarar en un plazo de 10 días hábiles si existe algún informe que justifique la instalación de concertinas en el perímetro del Puerto y si incumplieron la Ley al no contemplarlas en el Plan de Seguridad. "En caso de que no se hubieran incluido en el Plan de Seguridad podría tratarse de una irregularidad lo suficientemente grave como para que se retiraran los tramos que se instalaron de inmediato", ha advertido Nan.

Juventudes Socialistas de Santander cree que el Puerto ha utilizado "mentiras" para justificar las concertinas y ha reprochado el "discurso público sostenido y desproporcionado" por parte de la APS, que "se ha dedicado a fomentar impactos mediáticos que no han servido más que para forzar una percepción de alarma social totalmente injustificada y un discurso del miedo irresponsable e injusto hacia los migrantes".

JJSS ha afirmado que el 98% de los intentos de saltar la valla son abortados por la Guardia Civil y que "no existe ningún registro de devolución de carga por ninguna compañía", como reconoció la propia APS ante Pasaje Seguro.

Por último, Nan ha recordado que "el propio Puerto de Santander reconoció ante el Defensor del Pueblo que las concertinas no eran necesarias".

En conclusión, el secretario de Juventudes Socialista de Santander considera que "nos han tomado el pelo, a toda la ciudadanía", porque las concertinas "no solo son un atropello a los Derechos Humanos sino que nunca fueron necesarias en el Puerto de Santander".

Finalmente, ha responsabilizado al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, y al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya que "en lugar de rectificar y quitarlas prefirieron una huida hacia delante, mintiendo y demostrando un absoluto desprecio por los derechos humanos y por la vida de las personas migrantes".
 

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