PP y Ciudadanos han autorizado recientemente la construcción de dos gasolineras en las inmediaciones de centros educativos. El IES Cantabria ha sido el primero en salir perjudicado ante esta política de proliferación de estaciones de servicios en la capital cántabra, centro que lleva todo el mes de mayo luchando por paralizar la obra, que comenzó el 2 de mayo “sin ningún tipo de medidas de protección de la seguridad de los menores”, alerta el AMPA. En este caso, "los surtidores de combustible van a estar a escasos 10 metros de las ventanas de las aulas”, lo que supone un “riesgo para la salud y seguridad” del entorno educativo. A pesar de la consiguiente denuncia interpuesta por el AMPA en la Policía local de Santander, de la que no han obtenido todavía respuesta, el caso no ha sido aislado, pues recientemente el grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha alertado de la próxima apertura de una nueva gasolinera a 30 metros de un centro educativo, en concreto, del CEIP Nueva Montaña, en la Calle Francisco Tomás y Valiente, de la ciudad.
En el caso de la primera gasolinera, la que afecta al entorno del IES Cantabria, según datos que obran en el expediente analizados por el AMPA, se trata de la cuarta gasolinera en la misma calle; una 'lowcost' de dos surtidores sin personal (60.000 litros de combustible) y tres túneles de lavado, lo que afectará con tráfico (hasta 40 coches por hora) y ruidos a las 80 ventanas de las aulas colindantes del instituto, además de contaminación atmosférica y los peligros asociados a la extinción de eventuales incendios.
Según indica el PRC, ambas vulneran las propias recomendaciones que ha realizado el equipo redactor del servicio jurídico municipal de urbanismo en relación a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana relativa al régimen de implantación de gasolineras y estaciones de servicios en la ciudad, en la que establece que las unidades de suministro y las bocas de carga de depósitos deberán guardar una separación mínima de 100 metros a los equipamientos educativos y zonas.
Organizaciones de vecinos, estudiantes, padres y profesores siguen movilizándose por evitar que sus centros y calles se llenen de gasolineras en unas zonas donde ya existen varias estaciones de servicio. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha consentido las nuevas instalaciones anexas a los colegios.
PSOE, PRC y UxS RECHAZARÁN EN EL PLENO LA GASOLINERA EN OBRAS JUNTO AL IES CANTABRIA
PSOE, PRC y Unidas por Santander (UxS) rechazarán en el próximo Pleno la gasolinera en construcción a escasos 10 metros del Instituto de Educación Secundaria 'Cantabria', al tiempo que reprueban la falta de voluntad política del equipo de Gobierno PP-Cs para evitar la proliferación de estas instalaciones e instan a la redacción de una ordenanza municipal.
Así lo desarrollan en una moción conjunta registrada este lunes, tras las reuniones mantenidas el pasado viernes a petición del AMPA del centro, en las que se solicitó apoyo de los grupos políticos de la oposición en el Consistorio y unidad en la presentación de una moción de rechazo a esta gasolinera de la calle Repuente 53. En concreto, la moción rechaza expresamente esta gasolinera en una parcela anexa al IES 'Cantabria', pero también reprueba la "falta de voluntad política" del equipo de Gobierno para "evitar la proliferación de estos puntos de suministro cercanos a viviendas y actividades especialmente vulnerables". "Nadie en Santander puede entender que, mientras se pretende introducir límites a la instalación de gasolineras en ciertos entornos, cerca de viviendas, colegios, hospitales o residencias de ancianos, el Ayuntamiento haya consentido esta situación a 10 metros de un instituto al que acuden cada día 1.300 estudiantes menores y 200 docentes", censuran.
Como evidencian los tres grupos en la exposición de motivos, la Concejalía de Urbanismo "dejó la parcela junto al IES de Cantabria sin afectar" por la suspensión de licencias aprobada en julio de 2020, pero tampoco la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada inicialmente un año después ni la que se vuelve a elevar este mes al Pleno tiene efecto alguno sobre ella. "Ha sido una decisión política", reprochan en el texto, ya que la Ley del Suelo de Cantabria (artículo 65 de la LOTRUSCA) permitía suspender todas las licencias que el Ayuntamiento estimara procedente, incluso en terrenos de uso productivo, además de contemplar un procedimiento de indemnización para las solicitadas con antes de julio de 2020.
Por otra parte, los grupos instan a redactar una ordenanza municipal, como han hecho otros ayuntamientos, para establecer distancias mínimas entre las gasolineras y las viviendas u otras actividades especialmente sensibles como residenciales, hospitales, centros de salud, centros educativos, residencias de tercera edad, parques públicos, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera.
