El pasado 30 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Santander emitía una sentencia que desestimaba íntegramente la demanda presentada por G.R., inspector de la Policía Local de Santander, contra el Ayuntamiento por el presunto impago de horas extras entre julio y diciembre de 2020. El fallo judicial, más allá del impacto que pueda tener en el denunciante, que deberá pagar unas costas que ascienden a 9.536,28 euros, ha generado malestar en el principal sindicato con representación en los cuerpos de la Policía Local de toda España, CSIF, quien considera que “la imagen del cuerpo” ha quedado “en entredicho”. Por ello, solicitan dilucidar las responsabilidades tanto de este inspector como de otro compañero, V.S., que también aparece mencionado en la sentencia.
Así lo reclama el sindicato en un escrito remitido al concejal de Personal y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, en el que le insta a adoptar “las medidas legales preceptivas” para “restaurar la imagen” de la Policía Local de Santander, dado que la sentencia “de tan luctuoso acontecimiento” trascendió a los medios de comunicación, como ya publicó eldiariocantabria.es.
CSIF apunta a un “supuesto concierto” entre ambos inspectores “para el cobro de servicios extraordinarios no autorizados”, en referencia a esas horas extras. A juicio del sindicato, “la gravedad de los hechos es aún mayor de la que podría exigirse a cualquier empleado público por cuanto los referidos inspectores eran quienes tenían asignada”, en el momento en el que se produjeron los hechos motivo de la denuncia, “la Jefatura interina de la Policía Local de Santander”, además de tener reconocidos, a su vez, varios “complementos salariales por disponibilidad y complemento de jornada cuya realización tampoco quedó acreditada en ningún momento”, siendo esto el presupuesto previo para poder exigir el abono de cualquier hora extra.
A tenor de lo descrito en la sentencia, donde se “reflejan hechos que no son acordes a la realidad”, CSIF Cantabria exige, “en defensa de la imagen pública y la reputación” de la Policía Local de Santander, que la Concejalía que dirige Pedro Nalda inicie “acciones legales”, ya sea en sede administrativa o judicial, para “dilucidar la responsabilidad de los mencionados inspectores”. La sentencia determinaba no solo que las horas extraordinarias “no han sido ni autorizadas ni acreditadas”, como manifestaron durante la vista tanto el ponente de Personal como la Jefa de Régimen Interior, sino que esta última también añadió “un dato de vital importancia al caso”, como es el hecho de que el segundo de los inspectores “también pretendía el cobro de horas extraordinarias no autorizadas”.
Cabe recordar que el nombramiento de ambos inspectores por un proceso de promoción interna fue llevado a los tribunales en octubre de 2021. Tal y como ya publicó este medio, un funcionario del Consistorio demandó al Ayuntamiento por presunta prevaricación en la celebración de este concurso-oposición, ya que el proceso de selección de los dos candidatos que aprobaron dicha oposición no había celebrado el necesario curso selectivo de formación que deben realizar los elegidos, siendo nombrados funcionarios de carrera apenas una semana después de superar la oposición.
