La Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB Cantabria) ha solicitado la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades sobre la entrega de las armas a policías locales de Santander que estaban en prácticas. Pasados varios días desde que se conociese la situación generada en la Policía Local de Santander y tras analizar toda la información, la APLB ha reconocido que se trata de "una cuestión compleja, fruto de un vacío legal", y que genera "discrepancias" entre la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno y, por otro lado, el Ayuntamiento de Santander.
No obstante, a su juicio, el "perjuicio causado" a los agentes es "todo ello imputable, sin duda, al Ayuntamiento de Santander". "No sólo la Jefatura de la Policía Local, que también, sino a la Alcaldía, a la Concejalía de Personal y Seguridad Ciudadana y al Servicio Jurídico del Ayuntamiento, en la persona de su director", ha considerado la asociación.
La Asociación ha considerado que la actuación de la administración en su conjunto en este caso de Santander "ha sido un auténtico despropósito"
Para la APLB, la situación es "demoledora y desoladora" desde el primer momento y es que, según ha apuntado, el concejal del área, Pedro Nalda, ya fue cuestionado por la Guardia Civil cuando en diciembre, de "manera apresurada", firmó el acta de entrega del carné de profesionalidad y las placas a los agentes ahora afectados porque ello les habilita a utilizar armas cuando, para ello, es "necesario ostentar la condición de funcionario de carrera" cuando no era el caso.
Por ello, según ha asegurado la asociación, el edil ya recibió un "rapapolvo de la Abogacía del Estado" pero, a pesar de ello, "ninguna responsabilidad asume y traslada la misma a la Jefatura de Policía". "El señor concejal, a la hora de echar balones fuera, podía haber mirado hacia arriba y no hacia abajo porque es de ilusos pensar que la Alcaldía de Santander no tiene responsabilidad alguna", ha añadido. Y es que, tras haberse cuestionado la entrega del carné y la placa a esos policías en prácticas y no haber hecho nada, la Guardia Civil se puso en contacto en enero directamente con la alcaldesa, Gema Igual, "comunicándole una posible irregularidad con la entrega de las armas".
La APLB ha afirmado que, tras esa llamada, la regidora se reúne en varias ocasiones con el concejal, el director jurídico del Ayuntamiento y el jefe de Policía y, "de manera orquestada, defienden la actuación de jefatura, pero con una evidente negligencia, pues no se remite informe jurídico alguno que avale la postura de la Jefatura". "En realidad, sí hay un informe jurídico, aunque no plasmado por escrito", ha asegurado la asociación, que ha apuntado que el director jurídico, que en un principio compartía y defendía la entrega del arma, "cambia de parecer y aboga por proceder a la inmediata retirada del arma de todos los aspirantes a policía local de forma cautelar hasta que se pronuncie la comisión de coordinación".
La convocatoria de esa Mesa de Coordinación de Policías Locales depende del Gobierno de Cantabria que, tras la situación acontecida en Santander, dice que va a "activar la maquinaria para aclarar el proceso", algo por lo que la APLB también ha cuestionado a la administración autonómica ya que, según ha dicho, "esta asociación le ha registrado en dos ocasiones (13/2/2017 y 30/1/2018) borradores de modificación de normas marco, reglamento que regula a las policías locales en Cantabria y a día de hoy seguimos esperando contestación".
"Esta problemática no es exclusiva del Ayuntamiento de Santander dado que afecta a otros municipios, siendo el Gobierno de Cantabria el competente de impartir el curso básico de formación en los plazos marcados en la ley", ha añadido. Por todo ello, la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria ha considerado que la actuación de la administración en su conjunto en este caso de Santander "ha sido un auténtico despropósito, que deja a pies de los caballos a los 19 policías locales, que ya están siendo cuestionados en sede judicial sobre su condición en aras a anular todas sus intervenciones".
"Y lo más triste, es que ni ellos mismo saben a día de hoy que son. Si son aspirantes, funcionarios, policías, en servicio activo o en prácticas, si pueden o no llevar pistola*", ha lamentado la asociación.
