El Ayuntamiento de Santander ha retirado el arma a 15 agentes de la Policía Local que durante el mes de enero patrullaron las calles de la capital cántabra con ellas sin contar con la autorización, al estar todavía en periodo de prácticas. La decisión ha llegado después de un requerimiento de la Delegación del Gobierno en Cantabria, quien ha tomado esta decisión basándose en informes de la Abogacía del Estado, la Guardia Civil y el Gobierno de Cantabria. Pero esos informes señalan además otro aspecto importante, y es el hecho de que las sanciones que hayan podido interponer durante su tiempo de patrulla deberán ser anuladas, ya que “estos funcionarios en prácticas no son policías”, por lo que “no pueden portar armas”, pero tampoco están autorizados para multar y sancionar infracciones, como recogen varios medios de comunicación.
Estos agentes accedieron al cuerpo de la Policía Local tras las oposiciones del pasado mes de diciembre. Aunque oficialmente ya son funcionarios, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que en periodo de prácticas no pueden ir armados. Del mismo modo, y como ha denunciado CSIF, los agentes no pueden ejercer su trabajo en la calle sin recibir una formación, por lo que hasta que eso ocurra deberán ser recolocados en otros puestos, como de hecho ha ordenado la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento de Santander.
La situación se desencadenó cuando estos agentes en prácticas participaron en un curso de tiro impartido por la Guardia Civil, percatándose los efectivos instructores de este cuerpo que los nuevos funcionarios de la Policía Local no pueden utilizar las armas. La Guardia Civil informó de ello a la Delegación del Gobierno, ya que los nuevos agentes locales de Santander podrían incurrir en un delito de tenencia ilícita de armas.
El concejal de Seguridad Ciudadana en funciones del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la entrega de las armas a estos agentes en formación no fue una decisión política sino que la Junta de Gobierno lo que hizo fue atender un informe técnico de la Jefatura de Policía Local que lo avalaba. Dicho informe el jefe de Policía detallaba que, tras pasar por un curso de tiro impartido por instructores homologados, esos 15 policías locales en prácticas estaban ya "en disposición de poder portar armas", algo que, además, añadía que "se ajustaba a la legalidad". Al tratarse de un informe técnico, el equipo de Gobierno no lo cuestionó y dio el visto bueno a la petición.
FALTA DE PERSONAL
Sin embargo, esta explicación no parece convencer a la oposición. A las críticas de PSOE y del sindicato CSIF se ha sumado la de la concejala no adscrita Cora Vielva, quien ha pedido la dimisión "inmediata" del concejal de Seguridad Ciudadana. "Es una irresponsabilidad tremenda que el concejal de Policía y la alcaldesa de Santander hayan sacado a la calle a 15 personas con armas sin tener permiso para su uso", ha enfatizado la concejala en funciones.
A su juicio, el equipo de gobierno del PP "ha puesto en peligro a estos futuros policías y a los propios vecinos de la ciudad", por lo que "ya no existen excusas ante hechos de tal gravedad” dado que ambos eran “conocedores de esta problemática y la permitieron, además del jefe de servicio”. Además, Vielva ha lamentado que el concejal eche la "culpa" al Gobierno de Cantabria por no haber convocado el curso que habilita a los policías al uso de armas, "una excusa que no tiene fundamento ninguno, ya que ese curso siempre que se imparte da comienzo entre los meses de septiembre y octubre".
La concejala ha señalado también que "la incompetencia del edil es más que evidente al actuar con prisas para incorporar nuevos agentes tras haber hecho oídos sordos a esta necesidad durante años". Precisamente esta carencia de agentes ha sido una de las denuncias más repetidas en esta legislatura por sindicatos y oposición. Desde el año 2015 se han venido sucediendo las reclamaciones de más personal, llegando al punto de denunciar que muchas noches las calles de Santander se han quedado, en estos cuatro años, sin agentes suficientes para atender los posibles incidentes. “Muchas noches no hay suficientes policías para formar una patrulla”, denunciaba el sindicato USO en 2016.
Las malas instalaciones de las comisarías ha sido otro de los puntos que han generado conflictos entre el equipo de gobierno encabezado por Gema Igual y los agentes, que ha reclamado instalaciones del siglo XXI. Pero ha habido otros casos polémicos vinculados a la gestión de Nalda y a la policía local. El informe anual del Defensor del Pueblo de 2017 señalaba que la Policía Local de Santander no dispone de un libro de registro. Aunque aparentemente esto puede parecer menor en la era de la tecnología, la falta de esta herramienta impide supervisar el número de detenidos que han ingresado en las instalaciones, así como la cadena de custodia. El informe también señalaba carencia de personal en algunas de las instalaciones.
La gestión del Ayuntamiento de Santander en esta materia llegó incluso ante Inspección de Trabajo. En 2018 el sindicato CSIF denunciaba ante este organismo la “inseguridad” en la que viven los agentes, generada por la labor del equipo de Gobierno (y de Nalda en concreto al ser titular de la Concejalía). Alertaba el sindicato sobre la “gran cantidad de deficiencias y carencias”, detallando un sistema de frenado “tan obsoleto que carece de ABS”, pérdidas de aceite, ausencia de sirena exterior, … El concejal se limitó a considerar que todo era una “campaña de desprestigio”.
Los problemas de Nalda con los trabajadores municipales no se han limitado únicamente a la Policía Local durante esta legislatura. En 2017 la mayoría de sindicatos de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander denunciaron la “nula capacidad negociadora” del concejal ante los problemas de los trabajadores en el Consistorio, así como la “falta de transparencia” de la gestión del equipo de gobierno de Gema Igual.
Asimismo, denunciaron contrataciones en fraude de ley con “contrataciones sucesivas por acumulación de tareas por un periodo de seis meses para el mismo puesto de trabajo”, algo por lo que toda la oposición solicitó en sesión plenaria el cese de Nalda, algo que se impidió gracias al voto del concejal tránsfuga de Cs David González.
