miércoles 4/8/21
SANIDAD

El Gobierno no quiere que Ambuibérica siga gestionando el transporte sanitario en 2022 y trabaja en la licitación de un nuevo concurso

Podemos quiere que sea el SCS el que gestione directamente el transporte sanitario
Ambulancias de Ambuibérica

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) tiene la "voluntad" de tener adjudicado, o al menos en fase final, el nuevo contrato de transporte sanitario para febrero de 2022, fecha en la que concluye el que presta con Ambuibérica, para evitar prórrogas del mismo tras los problemas e "incumplimientos" por parte de esta empresa. Así lo ha anunciado este viernes la gerente del SCS, Celia Gómez, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Parlamento a solicitud del PSOE, en la que, sin embargo, ha reconocido que el plazo fijado puede ser una "misión imposible" porque hay determinados cauces legales que no se pueden "acelerar en exceso".

El SCS "hacia dentro" debe "ordenar" esta prestación y "establecer bien las responsabilidades" para poder hacer un buen control del cumplimiento del contrato

Gómez ha explicado que ya se trabaja en "acelerar la licitación del nuevo concurso" para que esté "lo antes posible" y se están elaborando los pliegos para poderlo sacar a licitación lo antes posible. Tras recordar que el anterior contrato llevó más de un año, Gómez ha resaltado la importancia de que se elaboren unos "buenos pliegos", con criterios claros y mecanismos de control pues, según ha dicho, estos pliegos son los que establecen "las reglas de juego" del contrato, el más elevado económicamente del SCS, aunque ha recordado que ello en ocasiones va en contra de los plazos.

En cuanto a la cuantía del contrato, se ha limitado a señalar que debe ser "suficiente", y sí ha apuntado que también deben ir "bien medidas" las necesidades del servicio de transporte sanitario. Gómez ha aludido además a que el SCS "hacia dentro" debe "ordenar" esta prestación y "establecer bien las responsabilidades" para poder hacer un buen control del cumplimiento del contrato.

Mientras tanto, ha señalado que el SCS ha indicado que se ha denegado la solicitud de resolución del contrato con lo que la empresa debe continuar prestando el servicio. "El SCS no puede realizar pagos ni asumir la prestación de un servicio ya subcontratado ya que incurriría en una legalidad", ha aseverado Gómez en relación a algunos planteamientos que pedían la "internalización" del servicio.

OPOSICIÓN

Por su parte, la oposición ha criticado el seguimiento hecho del cumplimiento del contrato por parte de Ambuibérica y han hecho algunas sugerencias con respecto a la nueva licitación. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, César Pascual, ha opinado que la resolución del actual contrato es "inviable" porque "no hay plazo" para hacerlo, ha planteado una serie de recomendaciones en cuanto a la nueva licitación y ha pedido que se tengan en cuenta determinados aspectos que pueden condicionarla.

Uno de los que ha mencionado ha sido la cuantía y ha defendido que contratos como el del transporte sanitario que han ido bajando "no pueden mantenerse" porque "no van a poder cumplir con las obligaciones laborales". En este sentido, ha advertido que se prevea ya el impacto económico que tendrá el convenio colectivo que se firme y que va a hacer que se incremente la retribución de los trabajadores, con lo que aumentará el coste del contrato. Además, ha pedido que el SCS sea en el nuevo contrato "más garante" con la prestación del servicio y establezca mecanismos de control "más eficientes" y metodologías para la evaluación de la calidad más acordes con la realidad.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, ha criticado el control realizado por parte del SCS y la Consejería de Sanidad del contrato de Ambuibérica y, de hecho, ha opinado que "no se ha querido hacer".

Y el diputado de Vox Armando Blanco ha afirmado que el Gobierno de Cantabria es "responsable" de los problemas con Ambuibérica por haber aceptado su rebaja de casi 3 millones de euros en el precio fijado del contrato y ha censurado la actitud "pasiva" del Ejecutivo ante las denuncias de incumplimientos por parte de la empresa y cree que ha sido una de las causas que han llevado a la actual situación.

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