jueves. 28.03.2024

El grupo de afectados por iDental Santander asciende ya a 516 personas. Y el número, presumiblemente, es mayor, dado que existen pacientes afectados por el cierre de estas clínicas que “se han enterado hace poco” de lo ocurrido, al acudir a la clínica de la capital cántabra y “ver que está cerrada”. Todos ellos tienen en común el haber destinado sus ahorros a un tratamiento que, lejos de arreglar un problema, les ha generado infecciones y nuevas complicaciones de salud, además de ver interrumpidos los tratamientos y verse en la necesidad de buscar una solución a su situación en otros odontólogos, con el coste económico que eso conlleva.

“Hay gente que se ha quedado sin dientes, sanos y no sanos… sin dinero y sin salud”, han explicado desde la Asociación de afectados por iDental (Adafi) tras la reunión mantenida este lunes con el director general de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Raúl Pelayo. Según declaraciones de los afectados a este diario, el Ejecutivo autonómico “ha tardado mucho” en reaccionar, pero “lo ha hecho bien”. Así, se va a seguir trabajando para intentar que los afectados salgan de la situación de indefensión en la que se encuentran, recuperen su salud y, en la medida de lo posible, su inversión.

iDental “se nutría económicamente” captando clientes “con bajos recursos económicos y un nivel cultural medio bajo”

Y es que la mayoría de los afectados “han pagado todo el tratamiento y lo han perdido todo”, cerrándose la clínica cuando todavía no habían terminado de operarse. Un tratamiento que en muchos casos suponía que al paciente se le quitaban todos los dientes, tanto los sanos como los no sanos, lo que lleva a este colectivo a preguntarse cuál es el "afán de iDental en quitar todos los dientes y poner implantes". En este sentido, desde el Gobierno se ha asegurado que se ha hablado con odontólogos y, en los casos en los que exista mala praxis, “nos peritarán y nos diagnosticarán”. A esto se añade la intención de imponer a iDental “multas millonarias”, pero “eso no nos sirve”.

Y no sirve porque los usuarios necesitan una ayuda por parte de las instituciones y las administraciones públicas que va más allá de multas o de diagnósticos. Como han expuesto los afectados a Pelayo, iDental “se nutría económicamente” captando clientes “con bajos recursos económicos y un nivel cultural medio bajo”, utilizando publicidad engañosa que, entre otros aspectos, aseguraba que “el Gobierno de Cantabria había dado subvenciones o ayudas”.

Sin duda el mayor daño es el relativo a la salud. El material empleado era “de baja calidad”, con prótesis que se rompen o “que se oxidan fácilmente”, provocando “infecciones” y dando lugar a “piezas dentales que se caen” por implantes mal puestos. En algunos casos los pacientes han denunciado que han contraído hepatitis B dado que “no se desinfectaba correctamente el material después de las limpiezas bucales o de otros tratamientos”, algo que han corroborado los propios empleados.

A todo ello se añade la pérdida de la inversión realizada en estas clínicas, y para muchos será difícil que la puedan recuperar al producirse con créditos personales. En el caso de créditos vinculados, según han señalado desde el Gobierno, se pueden paralizar, pero para los personales la situación es más compleja, si bien desde el Ministerio ya se ha anunciado la intención de paralizarlos. Como han detallado los afectados, las cuantías de estos créditos personales eran ingresadas directamente por los bancos en las cuentas de iDental, por lo que “sabían para lo que era”, y consideran que “esto tiene que vincular de algún modo”.

Respecto a estos créditos y a lo que ofrecen algunas de las “financieras afines a iDental”, como las definen los usuarios, desde el Gobierno se ha reconocido que “es extorsión” el hecho de que estas compañías están llamando a pacientes “diciendo que quitan tres meses si se paga lo que queda todo de golpe”, y se manda a otra clínica para continuar con el tratamiento, en este caso Dentix, “que está igual, con reclamaciones y denuncias por los mismos motivos”, han explicado los afectados, que denuncian asimismo falsedad documental ya que la mayoría "no conserva contrato ni presupuesto" ya que la compañía se quedaba con ellos una vez firmados. Del mismo modo, tampoco han tenido acceso a su historial clínico a pesar de haberlo solicitado, y según han denunciado la compañía habría destruido varios documentos.

DATOS DEL GOBIERNO

Según la información que el Ejecutivo ha facilitado a la asociación Adafi, desde 2015 se ha producido un notable aumento de las reclamaciones contra iDental, la mayoría de ellas por “mala praxis, así como retrasos injustificados en el inicio y durante la realización” de los tratamientos. En total, 326 reclamaciones, de las que 194 pertenecen únicamente a 2018.

Asimismo, se han elevado a la Fiscalía 247 reclamaciones contra la clínica odontológica. Fue en 2017 cuando el Gobierno, ante el incremento de las denuncias y “la gravedad de los hechos que algunas de ellas describen”, se decidió dar traslado al Ministerio fiscal de las mismas.

El bipartito también ha aclarado a los usuarios que la clínica dental “cumplía con los requisitos legalmente establecidos para ser autorizado como centro sanitario” de acuerdo con la normativa de Cantabria.

“Hay gente que se ha quedado sin dientes, sanos y no sanos… sin dinero y sin salud”
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