Funcionarios de la Administración de Justicia consideran que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les está "insultando" al rechazar los planes de disponibilidad no presencial o teletrabajo que algunas comunidades autónomas han planteado para que estos trabajadores no tengan que acudir a los juzgados si no es necesario con el fin de evitar contagio por coronavirus. Así lo manifiestan en sendos comunicados el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), en el que consideran que el comunicado emitido hoy jueves por el órgano de gobierno de los jueces, que ha impulsado el teletrabajo en jueces y magistrados, es "inaceptable" e "indignante". Según señala STAJ, con la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19, el pasado sábado, el CGPJ fijó qué debía considerarse servicios esenciales, si bien, tal y como apunta, las competencias en materia de personal las tienen atribuidas el Ministerio de Justicia y algunas comunidades autónomas. Esto ha provocado que algunas de las administraciones autonómicas hayan adoptado medidas que, en su opinión, son "más acordes" con el estado de alarma y "más sensibilizadas" con la recomendación sanitaria de "mantener el menor número de personas expuestas y promocionar el teletrabajo, con el fin de controlar la expansión del coronavirus". Por ello, están tratando que el órgano de gobierno de los jueces "autorice aún más disponibilidad y menos presencia permanente", explica STAJ. El CGPJ se ha pronunciado al respecto y en un comunicado contundente ha rechazado estos planes que prevén la disponibilidad no presencial de los trabajadores al considerar que "en estos momentos cruciales" impediría en la práctica la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos.
"La prioridad de los españoles en estos momentos de crisis no es la protección de sus derechos civiles ni procesales, sino de su salud"
Según STAJ, este comunicado "ha desatado la indignación en el colectivo de funcionarios de este sector", pues contiene "una introducción áspera y amenazante" dirigida a las administraciones con competencias en materia de Justicia". Pero también un "enaltecimiento del trabajo de los jueces" y un "insulto al personal funcionario que presta servicio en juzgados y tribunales" al insinuar que lo que se pretende es el "abandono de los servicios públicos". Para este sindicato resulta paradójico porque ante la situación excepcional del coronavirus, precisamente "por indicación precisamente del CGPJ", jueces y magistrados permanecen "en su mayoría en sus casas, salvo en los supuestos de servicios esenciales". Mientras tanto a los funcionarios de la Administración de Justicia "les exigen presencia, incluida en aquellos órganos judiciales en los que no es necesario por no constituir servicios esenciales", afirma STAJ. "La prioridad de los españoles en estos momentos de crisis no es la protección de sus derechos civiles ni procesales, sino de su salud", asegura el sindicato, que subraya que los funcionarios de muchos órganos judiciales que están prestando servicios esenciales carecen de material de seguridad y prevención contra el coronavirus, "pues el Ministerio de Sanidad los está requisando todos". Por todo ello, pide la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y de todos los vocales que integran la Comisión Permanente por "su absoluta incompetencia e incapacidad para gestionar adecuadamente una situación de crisis".
Por su parte, CSIF cree que el comunicado del CGPJ es "inaceptable por sus formas y por su contenido y es un claro ejemplo de un protagonismo absurdo". "Es un insulto que se ponga en tela de juicio la profesionalidad de los 50.000 funcionarios de Justicia y mucho menos en tiempo de crisis", añade. "Constituye una grave irresponsabilidad que el Consejo General de Poder Judicial reconozca que no hay medios de protección mínimos para prevenir el contagio y que se empeñen en imponer un régimen de atención presencial al público cuando hay apenas público y asuntos que atender", insiste. En este sentido, el sindicato tacha de "despectivo" que el órgano del gobierno de los jueces vea a los funcionarios como un "personal colaborador", pues, según recalca, son "igualmente esenciales para que la Justicia funcione cada día". "Y, sobre todo, para que los Jueces puedan poner sus sentencias y dictar sus autos y providencias y hacerlas efectivas", agrega. Con todo ello, lamenta que la Administración de Justicia "no está preparada tecnológicamente para afrontar una crisis como ésta". Así, señala CSIF que mientras la "práctica totalidad de jueces y magistrados de este país tienen un ordenador y conexión gratuita a internet con protocolos de seguridad" para poder realizar su trabajo desde casa, las administraciones competentes, como el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas, no han facilitado los mismos equipos a los funcionarios: "nadie ni siquiera le ha dado una calculadora".
"Los servicios esenciales que se están manteniendo hasta ahora obliga a un número excesivo de personas a acudir a sus puestos de trabajo"
A estas quejas se ha sumado la Asociación Sindical de funcionarios de la Administración de Justicia en España Justicia y Progreso, que exige el cese de la actividad laboral en los juzgados, salvo los que ejerzan funciones de guardia. "Los servicios esenciales que se están manteniendo hasta ahora obliga a un número excesivo de personas a acudir a sus puestos de trabajo, lo que va a provocar, con toda seguridad, que acabe por no haber funcionarios que puedan desempeñar su trabajo". Este sindicato teme que "con la escalada alarmante del número de funcionarios de Justicia que están infectados o que presentan síntomas que pudieran corresponder con los de este virus", la situación empeore con el paso de los días. Por ello, al igual que lo ha expresado STAJ, considera que las administraciones competentes deben cambiar el criterio respecto de los servicios mínimos, más aún cuando jueces y fiscales están dando "instrucciones desde sus atalayas mientras que exponen al peligro a aquellos que sí acuden de forma presencial a sus puestos de trabajo". Así, Justicia y Progreso llama a todas las administraciones competentes implicadas –Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias transferidas– para que hagan un "mayor esfuerzo de coordinación" y fijen un "criterio unitario para toda España" a seguir en este sentido. En su opinión, se está asistiendo a un "espectáculo de toma de decisiones de forma individualizada" en cada región, que lo único que hace es "aumentar la confusión y la angustia de los propios trabajadores de Justicia y, por ende, del resto de la sociedad". Precisamente hoy, el ministro de Sanidad, Salvador Illa –haciéndose valer de las competencias otorgadas por el Real-Decreto ley por el que se declaró el estado de alarma–, ha anunciado que va a dictar una orden para encomendar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "la coordinación" de todas las "administraciones prestacionales" para asegurar que se produzcan los servicios mínimos esenciales.
