Los centros sanitarios, por cuestiones evidentes que pueden afectar a la salud, necesitan una larga lista de documentos que acrediten su actividad, la propiedad del mismo, el proyecto técnico, la oferta asistencial, los profesionales que en él trabajarán, etc. Unas condiciones específicas sin las cuales, en principio, no puede ofrecer un servicio sanitario. Y si se ofrece, se hace fuera de la ley. Todo ello está recogido por el Decreto 26/2014, de 29 de mayo, que regula en Cantabria el procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Este mismo decreto señala que todo centro autorizado deberá aparecer en un registro creado al efecto en Cantabria, de accesibilidad pública para cualquier persona. Pero hay casos en los que no aparecen, lo que implica que, presuntamente, no cuentan con dichas autorizaciones.
Es lo que habría ocurrido con la Mutualidad de Futbolistas de la Federación Cántabra de Fútbol (FCF), que como señala en su página web presta la “mejor atención médica asistencial” a los federados que tengan que recuperarse de lesiones. Inicialmente ubicada en la calle Marqués de la Hermida de Santander, en este espacio se instalaba además en 2018 un servicio de nutrición gratuito, programa “completamente pionero”, según lo describe la FCF en su página web. Ese mismo año trasladaba la Mutualidad al Polígono de La Esprilla, en Igollo de Camargo, con el objetivo de aumentar tanto el espacio como los servicios técnicos para “atender con mayor solvencia” a los federados.
La Mutualidad no aparece en el registro obligatorio de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria
Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, ni el centro de la capital ni el de Camargo han estado prestando, supuestamente, atención sanitaria con la necesaria autorización del Gobierno de Cantabria. Ninguno de ellos aparece en el registro obligatorio de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico. Tampoco aparece la oferta asistencial que debería tener autorizada, según la consulta realizada por este medio. Cabe la posibilidad, en todo caso, de que el centro sí estuviera autorizado pero sin aparecer en el listado.
Ese es precisamente el motivo que han dado fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, que han explicado a este medio que la sede del Polígono de la Esprilla, la única que ahora mismo tiene abierta la FCF, está actualmente “en proceso de regularización” de su situación. “Se les ha dado un plazo de 10 días, que es el periodo establecido en la normativa”, han detallado, añadiendo que “en breve se actualizará el registro para que aparezca” este centro, una vez se apruebe toda la documentación que, según han subrayado, “está ya entregada en la Consejería”.
“No ha habido obligación de cierre por parte de la Consejería”, ha afirmado Peláez
La versión dada por la cartera que dirige ahora el socialista Miguel Rodríguez coincide con la de la FCF. Según ha explicado el presidente de la Federación, José Ángel Peláez, toda la documentación se presentó el pasado lunes 9 de septiembre después de hacerse pública la situación en el programa ‘La hora de Walter’ de Cadena Mix. “Se han puesto todos los medios para subsanar la situación”, ha afirmado Peláez en declaraciones a este diario. En todo caso, ha asegurado que “no ha habido obligación de cierre por parte de la Consejería”, por lo que el centro de La Esprilla ha podido seguir ofreciendo atención a los federados hasta que se regule la situación.
Eso no explica, sin embargo, por qué ni la Consejería ni la FCF no habían regularizado antes la situación de la Mutualidad, que inició su actividad con la Federación hace más de 50 años. La legislación entró en vigor en 2014, con el Gobierno del PP y María José Sáenz de Buruaga como consejera de Sanidad, y desde esa fecha la sede de la Mutualidad de la FCF ha incorporado nuevos servicios, para lo que presuntamente habría requerido autorización, pues de hecho la normativa establece los protocolos necesarios para una autorización de modificación por “cambios en su estructura, en su titularidad o en su oferta asistencial”.
No se solicitaron los documentos para la autorización ni en el momento de iniciarse el Decreto ni con el cambio de servicios. Tampoco fue solicitada cuando trasladó la sede a Igollo de Camargo. Todo eso ocurrió con el Gobierno bipartito PRC-PSOE, con la socialista María Luisa Real al frente de la Consejería.
DECRETO
En caso de recibir un tratamiento que perjudique al afectado, “la responsable sería la Consejería de Sanidad”
El Decreto señala que cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario “precisarán” de una autorización de instalación, en caso de que sean de nueva creación; y una autorización de funcionamiento, que “se exigirá con carácter preceptivo de modo previo al inicio” de la actividad. Eso además de la ya mencionada autorización de modificación.
Todas estas autorizaciones implican no solo la posibilidad de ofrecer un servicio sanitario, sino de formar parte del registro de centros, establecimientos y profesionales sanitarios de Cantabria. Pero ninguno de los centros con los que cuenta la FCF ha estado o está, hasta la fecha de publicación de este artículo, en dicho listado, lo que indica que no contaba con la autorización de funcionamiento y que, por tanto, no había entregado presuntamente toda la documentación necesaria. Del mismo modo, tampoco habría recibido la visita de inspección a sus servicios para comprobar que “cumple las condiciones y requisitos” necesarios.
Por tanto, según la documentación recibida la Federación habría estado realizando sus actividades sanitarias sin contar con el visto bueno de las autoridades sanitarias. Asimismo, ninguno de los profesionales que la FCF señala en su página web que trabajan en sus instalaciones aparecían en esa búsqueda. O mejor dicho, sus nombres no estaban ligados a estos servicios sanitarios de la Federación.
Es importante señalar la diferencia entre centro y servicio sanitarios. El primero, según la definición del Ministerio recogida en el artículo 2 del Real Decreto 1277/2003, es un “conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas”. El servicio sanitario, por el contrario, “es una unidad asistencial, con organización diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de los profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, para realizar actividades sanitarias específicas. Puede estar integrado en una organización cuya actividad principal puede no ser sanitaria”.
Fuentes sanitarias consultadas por este diario han explicado que los centros y servicios médicos y fisiosanitarios en esta situación actúan “sin autorización ni permisos médicos”, y que en caso de recibir un tratamiento que perjudique al afectado, “la responsable sería la Consejería de Sanidad”.
El Decreto 26/2014 establece una larga y detallada lista de documentación que cualquier centro, establecimiento o servicio sanitario debe presentar para poder funcionar en Cantabria, destacando la oferta asistencial, los profesionales sanitarios que integran la plantilla, la titulación de los mismos e, incluso, aquellos profesionales que puedan prestar servicios sin estar incluidos en la plantilla. También debe acreditarse la colegiación profesional, la póliza de responsabilidad civil del centro y los profesionales, y el equipamiento con el que cuenta el centro o servicio.
