El Colegio de Abogados de Cantabria ha recomendado a los afectados de iDental que canalicen sus reclamaciones a través de abogados de oficio en aquellos casos en que se tenga derecho a la justicia gratuita. Así se lo ha transmitido este jueves el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, a representantes de la plataforma de afectados de iDental Santander, que le han solicitado una reunión para recabar el apoyo de la institución colegial ante la estafa de esta franquicia.
El decano ha aconsejado a los afectados de iDental, que aún no lo han hecho, que acudan al servicio de Justicia Gratuita que se presta desde el Colegio para casos como estos, donde les darán una primera orientación sobre el modo de actuar y, en su caso, si reúnen las condiciones les tramitarán la documentación para el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita designando un abogado. El decano ha explicado que el colegio como tal no les puede proporcionar asesoramiento, pero sí ha comprometido su "apoyo y ayuda en la medida de lo posible", puesto que se trata de un tema "sensible" para el que entiende que deben buscar apoyos en todos los ámbitos.
Según ha señalado, se ha designado ya abogado de oficio a 22 afectados en Cantabria. No obstante, el decano ha explicado que los perjuicios de los afectados son "muy variados" (servicios pagados y no realizados, mala praxis,...), por lo que en su opinión, "una solución uniforme para todos va a ser muy difícil". Ha añadido que en el caso de la unificación de reclamaciones en una demanda colectiva, el abogado no podría ser de oficio. Asimismo, les ha comunicado que una vez que los procedimientos estén abiertos, y haya ya profesionales trabajando en ellos, el Colegio les brinda sus instalaciones para posibles reuniones y encuentros, en especial en el caso de que decidan abrir "un frente común".
Según Iván López, la plataforma aglutina a día de hoy a unas 600 personas en la región, aunque los afectados "tienen que ser más", y advierte que iDental tenía en Cantabria 7.500 clientes que, con la desaparición de la cadena, se han quedado "sin cobertura y sin garantía" ante tratamientos fallidos. El portavoz de la plataforma de afectados ha agradecido al decano su "amabilidad y atención" en relación a un caso "complicado" que son conscientes que va "para largo".
REGISTRO DE SEDES
Esta misma mañana se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado el registro de todas las clínicas de la franquicia en España. El objetivo perseguido era realizar un inventario de activos, así como recuperar dispositivos informáticos, entre otros. Para López, en el caso de Cantabria este registro no tiene mucho sentido, dado que el local ya está vacío.
Los registros se realizan en el marco de la operación 'Apolonia' y persiguen, además del inventario, recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, en su caso, según informan a Europa Press en fuentes judiciales. Para los registros, ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica, la Policía Nacional ha movilizado en torno a 300 efectivos que han procedido a la entrada en las sedes de iDental en 23 provincias.
En concreto, los registros se están efectuando en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Gerona, Castellón, Valencia (capital y Alfalar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Puerto de Santa María) y Las Palmas de Gran Canaria, según fuentes policiales.
De la Mata investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, desde que asumió la instrucción el pasado 26 de julio y procedió al registro de 17 sedes en 8 comunidades autónomas para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.
INVESTIGACIÓN
Se estima que podría haber 400.000 afectados en todo el país, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han venido presentando ya miles de denuncias, que se acumulan ya en más de 200 piezas de investigación repartidas por todo el territorio nacional, aunque podrían llegar a superar el millar.
De hecho, el juez ha establecido un sistema de coordinación con las comunidades autónomas con afectados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia a fin de agilizar la recogida de información y facilitar que los pacientes afectados tengan acceso a los historiales médicos que se encontraban tras el primer registro bajo custodia policial o judicial, documentos imprescindibles para presentar denuncia o continuar el tratamiento.
Esta clínica 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, según denuncian los afectados, los pacientes "eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos".
