Un jurado popular enjuciará el próximo mes de mayo a seis trabajadores del Ayuntamiento de Santillana del Mar por presunta malversación de caudales públicos, ya que están acusados de cobrar y quedarse el dinero del parking municipal.
El juicio se desarrollará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria durante una semana, en concreto entre los días 13, cuando se constituirá el tribunal, y el 20, cuando concluirá la vista con el veredicto, según ha podido saber Europa Press por fuentes jurídicas y personadas.
La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de seis delitos continuados de malversación, por los que pide penas de hasta 18 meses de prisión y cinco de inhabilitación para cargo público a uno de los empleados municipales. Y para los otros cinco implicados solicita nueve meses de prisión y diez de inhabilitación. Entre estos últimos se encuentran el presidente del comité de empresa y un policía local.
En noviembre de 2016 el Consistorio, que ejerce la acusación particular e interesa para todos ellos 18 meses de cárcel y cinco de inhabilitación, trasladó al fiscal el supuesto "desfalco" de 28.000 euros detectado en los aparcamientos municipales a lo largo de la temporada estival.
Tras la instrucción -a cargo del Juzgado número 2 de Torrelavega- el ministerio público consideró los hechos constitutivos de presunta malversación por parte de seis trabajadores del Ayuntamiento, uno de ellos funcionario (el agente de la Policía Local), mientras que los otros cinco tenían contrato laboral al servicio de la administración local.
En los meses de verano se les encomendaba a todos ellos, salvo al efectivo policial, controlar el acceso de los vehículos a los aparcamientos municipales así como cobrar a los usuarios y posteriormente ingresar en las cuentas bancarias del Consistorio la tasa de estacionamiento de vehículos, contando a tal fin con talonarios numerados entregados por la administración local. Los procesados firmaban la recogida y entrega de los mismos, con la obligación de devolver los que no fuesen utilizados.
TALONARIOS Y TICKETS
En total, en el Ayuntamiento había depositados 1.100 talonarios -numerados del 330.001 al 439.901-, componiéndose cada uno de ellos de cien tickets por valor de dos euros.
El 28 de agosto de 2016 se detectó la falta de 80 talonarios; el 14 de septiembre de 20 más; y el 19 de ese mes otros 40. Es decir, 140 en total por valor de 28.000 euros, que "fueron objeto de apoderamiento por los acusados".
El agente, que no tenía atribuida la función de cobro de la tasa de estacionamiento de vehículos, se apropió de varios para entregárselos a otro acusado, acordando ambos repartirse las cantidades obtenidas.
Descubiertos los hechos por el Ayuntamiento, el 20 de septiembre de ese año, otro procesado se personó en las oficinas del Consistorio y entregó diez talonarios sin cobrar, y el 10 de octubre hizo entrega de 5.000 euros cobrados con los talonarios desaparecidos.
El día 21 otro implicado llevó siete talonarios sin cobrar, uno de ellos incompleto, e ingresó 2.700 euros correspondientes a trece talonarios y 32 tickets, cobrados con los talonarios desaparecidos.
A la jornada siguiente otro encausado hizo entrega de 2.207 euros -de doce talonarios desaparecidos- y posteriormente de los 193 euros que faltaban. Y ese mismo día, el policía local implicado entregó 28 talonarios completos y desaparecidos.
Ya en octubre, el día 7 otro procesado entregó 1.000 euros de talonarios igualmente desaparecidos y el día 10 todos ellos de forma conjunta entregaron al Ayuntamiento la cantidad de 8.000 euros.
CAUSA E INTENTO DE ACUERDO
La decisión del equipo de gobierno de llevar el asunto a la Fiscalía fue a instancias de los servicios jurídicos municipales, tras haberse detectado posible malversación de fondos públicos en la instrucción, seguida por el interventor con el asesoramiento del secretario.
En concreto, los servicios municipales habían detectado el supuesto desfalco en la gestión económica de los dos aparcamientos del municipio mediante la sustracción de talonarios. Los sospechosos reconocieron los hechos y devolvieron la cantidad sustraída, según informó en su día el Ayuntamiento.
La causa judicial se inició en enero de 2017 y la apertura de juicio oral se decretó en noviembre de 2019, aunque no se ha acordado hasta ahora -en un auto fechado recientemente y al que ha tenido acceso esta agencia- por la "imposibilidad" de hacerlo desde que acabó el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
Se refiere en este sentido la Sala a la inexistencia de dependencias y medios físicos o técnicos que permitiesen mantener las distancias de seguridad en un caso que, como este, será juzgado por un tribunal de jurado y que además cuenta con un elevado número de letrados (seis). Se celebrará en el Salón de Actos del complejo judicial de Las Salesas.
En paralelo, y según ha podido saber Ep por fuentes personadas y judiciales, se estado durante casi un año tratado de llegar a un acuerdo, más si se tiene en cuenta la devolución de los talonarios sustraídos y el dinero cobrado, conformidad que al final no ha sido posible alcanzar, en parte por la disconformidad de una de las defensas con las acusaciones.
