El director general de Urbanismo, Francisco González, ha afirmado que el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, actualmente en elaboración, cumple, simplifica y agiliza la Ley de Suelo Rústico de 2012, y ha negado que impida la vivienda unifamiliar en suelo rústico.
En este sentido, González ha pedido "tranquilidad" y ha instado a los grupos parlamentarios a buscar consenso para "potenciar un texto eminentemente técnico". "Se trata de acertar con las técnicas", ha remarcado, para lo que ha instado a llegar "al mayor consenso posible" porque cree que "algunos tratan de embarrar el campo antes de jugar el partido".
González ha "negado la mayor" sobre la "supuesta prohibición" de construir vivienda unifamiliar en suelo rústico y ha reiterado que la nueva normativa pretende acabar con la transitoriedad contemplada en la Ley de Suelo Rústico de 2012 y darle cumplimiento mediante la elaboración de planes especiales que permitirán una ordenación respetuosa con el territorio y el paisaje, porque las parcelas se adecuarán a las necesidades de cada municipio y estarán dotadas de servicios, eliminando así la "legislación a la carta".
Para ello, los ayuntamientos dispondrán de ayudas técnicas y económicas -se contempla una partida de 300.000 euros en ayudas al planeamiento en los presupuestos de 2017- y se agilizará la tramitación con solo dos informaciones públicas en lugar de tres. Además, los planes especiales podrán incluirse dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y aprobarse conjuntamente; y permitirán a los ayuntamientos otorgar licencia directamente.
La futura ley contempla cumplir con los cambios introducidos en el régimen del suelo rústico en el año 2012 y acabar con la situación de transitoriedad establecida en ella
En este sentido, González ha remarcado que el sistema permitirá a los consistorios "tener más licencias" pero "ordenadas y con la posibilidad de contar con menos parcela", puesto que serán los municipios quienes puedan proponer el terreno "adecuado" para autorizar la edificación.
Por otra parte, el director general ha negado que desde que se reformó la norma y hasta ahora se hayan tramitado 1.400 actuaciones en suelo rústico, como ha afirmado este fin de semana el PRC -partidario de que se mantenga el régimen jurídico actual para la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico-.
González ha indicado que desde 2012 a la actualidad la CROTU ha emitido solo 342 informes favorables para viviendas unifamiliares nuevas. De este total, 31 ayuntamientos no han presentado ninguna, 30 entre una y dos, y 88 han presentado un máximo de seis solicitudes.
Según la información aportada por la Dirección General, el municipio con mayor número de viviendas de nueva construcción desde 2012 es Marina de Cudeyo con 24, seguido de Piélagos con 20, Cabezón de la Sal con 18, Santa María de Cayón con 17, y Valdáliga, Ribamón al Monte y la Hermadad de Campoo de Suso con 13 cada uno.
El responsable de Urbanismo ha insistido en que "hay tiempo suficiente" para consensuar y pactar el texto antes de su aprobación por el Parlamento y, ante los comentarios sobre el "aluvión de peticiones" de particulares a la CROTU ante la "hipotética prohibición, que ya he dicho que no es así" de construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, ha asegurado que habrá tiempo para analizarlas.
"La CROTU analizará las peticiones e informará favorablemente a las que cumplen los requisitos y las que no, las rechazará" porque "se trata de regular, ordenar y cumpla la ley de 2012".
Al hilo, ha indicado que los planes especiales contempla la construcción de vivienda unifamiliar en zonas alejadas de los núcleos urbanos donde haya construcciones preexistentes, "de manera que pueda envolverlos y permitir alguna otra construcción más, haciendo una ordenación de la zona desordenada", ha explicado.
Así, la futura ley contempla cumplir con los cambios introducidos en el régimen del suelo rústico en el año 2012 y acabar con la situación de transitoriedad establecida en ella. "Se trata de dar cumplimiento estricto a dicha reforma y elaborar planes especiales que sirvan para ordenar la construcción de la vivienda unifamiliar, no para prohibirla" porque el objetivo es que el suelo rústico "sea ordenado no a fuerza de licencias pedidas por los particulares".
Espíritu de la ley
El director general ha destacado como principales objetivos de la futura Ley del Suelo "el impulso y fomento de la actividad económica, la cohesión social y el empleo; garantizar la seguridad jurídica; fomentar un urbanismo sostenible; facilitar el acceso a la vivienda, protegiendo los espacios naturales y el paisaje".
En su opinión se trata de asegurar la "absoluta transparencia" en los procesos de elaboración de los planes a la vez que fomentar un "urbanismo sostenible que priorice el contemplar los espacios urbanos vacíos antes de extenderse hacia nuevos suelos, renueve y regenere nuestros barrios y rehabilite los edificios que lo precisen, y favorezca el mantenimiento de la población arraigada".
En definitiva, para González Buendía, se trata de facilitar el acceso a la vivienda, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y favorecer el crecimiento ordenado de los núcleos rurales, impulsando "la construcción de viviendas unifamiliares, con parcelas más pequeñas, con trámites más sencillos, dotadas de servicios, posibilitando las viviendas en hilera o agrupadas típicas de algunos núcleos tradicionales, y todo ello de manera ordenada y con pleno respeto a uno de los mayores valores de Cantabria como es su paisaje".
El director ha afirmado que la nueva ley busca dotar a la región de una necesaria "seguridad jurídica" que ponga fin a problemáticas surgidas de la inseguridad jurídica como son las sentencias de derribo, las anulaciones de planes, o la anulación de las leyes surgidas "a la carta" de problemas concretos como autorizaciones provisionales, como Vuelta Ostrera, fracking, etc.
González Buendía ha destacado entre los pilares en los que se apoya la futura Ley la vigente norma de 2001 por ser un "buen texto" y algunas de sus modificaciones como es la relativa al suelo rústico de 2012, a la que se quiere "dar cumplimiento estricto" contemplando y favoreciendo la construcción de vivienda unifamiliar de un modo "más ordenado y asequible".
Según ha dicho, también se apoya en el anteproyecto elaborado en la legislatura anterior, ya que es "fruto del trabajo y la experiencia de técnicos en la materia que han trabajado, tanto en dicho anteproyecto como en el actual". Y el tercer pilar es fruto de las innovaciones normativas de otras comunidades autónomas y de las novedades técnicas que han venido apareciendo.
Volver a bloquear el suelo rústico
Las palabras del director general no han sido bien recibidas por el portavoz de Urbanismos del PP, José Manuel Igual, quien ha mostrado su preocupación por las intenciones del Gobierno de “bloquear totalmente el suelo rústico”.
Igual ha apuntado a que González ya reconoce que tras esa futura reforma legal habrá que ayudar económicamente a los ayuntamientos a hacer planes especiales. "Es una muy mala noticia, ya que todos sabemos lo que pasó antes de 2012, cuando el gobierno de Ignacio Diego solventó la parálisis total de los suelos rústicos en toda la comunidad autónoma", ha opinado.
Según explica el portavoz de Urbanismo del PP, los planes especiales ya estuvieron vigentes en la legislatura 2007-2011 "y no se hizo ni una sola vivienda, mostrándose absolutamente ineficaz. Y es que los planes especiales no solo son costosos, sino muy complejos y paralizan totalmente el desarrollo de las áreas afectadas, y por ende a los propietarios".
"¿Qué ocurrió en 2012? Pues que con una normativa clara y concisa se desbloqueó el suelo rústico, y a pesar de que el Gobierno lo oculta, no solo se construyeron viviendas unifamiliares, es que se reactivó toda la economía en estas zonas", ha recordado.
Según explica el portavoz de Urbanismo del PP, lo que se consiguió con la normativa aún vigente es generar una actividad económica circular "ya que los prados junto a los núcleos urbanos se ponen en valor, generan que vecinos no tengan que abandonar su pueblo, y se reactiva la economía a través de los gremios asociados a la construcción, pequeñas empresas que han podido seguir trabajando y creando empleo".
"El gobierno debe dar marcha atrás porque es un error volver al pasado. Nosotros desde luego que vamos a luchar tanto en el Parlamento, como en los ayuntamientos por mantener una normativa que ha sido positiva. Espero que consigamos hacerles entrar en razón porque de lo contrario volveremos a un pasado reciente que trajo parálisis e incertidumbre para muchos propietarios de terrenos, que se vieron atrapados durante años en una maraña legal que gracias a Ignacio Diego pasó a mejor vida", concluyó.
