Una motivación política, un interés electoral y, ahora, un documento “viciado en origen”. Estos son los argumentos que el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, ha expuesto para defenderse del “fulminante y tajante” informe definitivo de la Auditoría de la Intervención General del Gobierno de Cantabria sobre su anterior etapa al frente de la empresa pública (2008-2011), años en los que se han detectado “incumplimientos” en las contrataciones. Un documento que, a su juicio, está “desacreditado”.
Pero para argumentar ese descrédito, en lugar de presentar documentos que lo avalen ha recurrido a culpar al anterior Gobierno del PP, a la credibilidad de la auditoría e, incluso, a los trabajadores de Sodercan, algo que la plantilla no ha recibido con agrado.
Según varios representantes consultados por este diario, la defensa de Blanco “no solo supone un insulto” a la Intervención General, que según el consejero delegado “no detectó esa actitud fraudulenta en el personal de Sodercan” que debía atender los requerimientos del equipo auditor y que incluso obedecía órdenes del PP; también afecta “fundamentalmente a los trabajadores que ejercemos nuestras obligaciones con independencia política”.
La defensa de Blanco “no solo supone un insulto” a la Intervención General, afecta fundamentalmente a los trabajadores que ejercemos nuestras obligaciones con independencia política”
En una rueda de prensa convocada este jueves de urgencia, Blanco ha asegurado que en esa auditoría se sacan "conclusiones que no responden a la realidad", y ha opinado que la Intervención General, "probablemente dirigida por la dirección de Sodercan" nombrada por el PP, realizó este informe con "escaso rigor".
Posteriormente, y en un intento de aclarar que la responsabilidad no recae sobre la Intervención General, que utilizó informaciones "parciales y sesgadas", ha afirmado que fue Sodercan, y por extensión los trabajadores, la que “hurtó” toda la información para realizar el informe. “Existe una falta de documentos que no sabemos por qué no los tenía”, ha detallado.
Irregularidades sospechosas
Los trabajadores también han incidido en el extremo de las coincidencias denunciadas por Blanco entre este informe y el realizado por Deloitte para el anterior consejero delegado de Sodercan, el fallecido Miguel Cabetas, nombrado por el PP. Una auditoría que se hizo pública en 2012, y de la que se hicieron eco los medios de comunicación.
En declaraciones realizadas a eldiariocantabria.es, han asegurado que “cuando una auditoría y un informe coinciden en muchos puntos que evidencian irregularidades, lo sospechoso no son las coincidencias, sino las irregularidades”.
Asimismo, los empleados de Sodercan consideran que el informe de la Intervención General “no puede ser calificado como dilapidación de recursos públicos”, en referencia a las palabras de Blanco sobre la existencia de estos dos informes. “¿Debería la Intervención General inhibirse en aquellos organismos donde se hubiera contratado un informe privado?”, se han preguntado.
“Cuando una auditoría y un informe coinciden en muchos puntos que evidencian irregularidades, lo sospechoso no son las coincidencias, sino las irregularidades”
“Blanco solo pretende menoscabar la credibilidad de la intervención, que ha demostrado en este trabajo su profesionalidad y capacidad para levantar el velo”, han valorado estas mismas fuentes.
Respecto a la existencia de dos documentos con contenidos similares y de la aparición este miércoles del informe de la Intervención General, hecho público por Podemos Cantabria, Blanco ha asegurado que se trata de un “montaje”, pues dado que la auditoría se concluyó en 2012, que se haya dado a conocer ahora “probablemente a urgencias electoralistas”.
Blanco ha añadido que la auditoría de Deloitte, que a diferencia de esta sí salió a la luz en 2012, sirvió también "para justificar un ERE en Sodercan, que acabó con el despido del 43% de la plantilla" y que, a su juicio, supuso la "práctica paralización" de Sodercan hasta la llegada en el verano de 2015 del actual bipartito PRC-PSOE.
Asimismo, ha querido aclarar que “lo que recoge el informe no son ilegalidades, sino recomendaciones de mejora”, y ha asegurado que el volumen de casos recogidos en las 266 páginas del informe “no es representativa de las prácticas de la sociedad”.
Sin alegaciones
Para Blanco, otro ejemplo que desacredita el informe es el hecho de que tanto él como Sodercan vieron “negados” sus derechos a presentar alegaciones. Según ha dicho, "a los servicios centrales de Sodercan se les prohibió expresamente por el señor Cabetas presentar alegaciones", y a él no se le entregó la documentación que había sido empleada para elaborar la auditoria, tal y como pidió, lo que hizo "imposible" presentar alegaciones.
La Intervención General aclara que “los papeles de trabajo que reflejan las actuaciones realizadas por la auditora pertenecen a la Intervención General”, no a Sodercan
Sobre esta “indefensible” postura de Blanco, afirman los trabajadores de la empresa pública, “basta leer” varias páginas del informe que hacen referencia directa a las alegaciones. En ellas se especifica, en apartado referente a Sodercan, que la empresa pública solo pidió un “aplazamiento de 15 días para el estudio” del informe provisional, algo que se concedió y que, pasado ese tiempo, “no se ha recibido por esta Intervención General escrito de alegaciones”.
Respecto a Blanco, en efecto se hace referencia a que había realizado un escrito de alegaciones. Sin embargo, el informe continúa señalando que, en un escrito del 13 de julio de 2012, manifestaba que “al no contar con los documentos de trabajo que han sido utilizados para la realización de la auditoría; al no tener en su poder expediente alguno, y resultar insuficiente la información contenida” en los anexos, “le es imposible realizar, en su defensa, alegaciones al informe”.
Según la Intervención General, se instó a Sodercan a que se le volviera a dar la “posibilidad de acceder a la documentación que considere necesaria”, aunque aclara que “los papeles de trabajo que reflejan las actuaciones realizadas por la auditora pertenecen a la Intervención General”, no a Sodercan. Es por ello que, finalmente, Blanco tampoco presentó alegaciones.
ISO 9001/2008
El consejero delegado ha defendido su gestión asegurando que Sodercan ha sido la primera empresa pública en obtener el certificado de calidad ISO 9001/2008, algo que recoge Deloitte en su informe. Sin embargo, los trabajadores consultados por este medio han considerado “sonrojante” que Blanco crea que “los ciudadanos somos tan ingenuos como para aceptar” que “comprar el sello ISO garantiza la inexistencia de chanchullos como los que el informe desvela”.
Al ser cuestionado acerca de si va a dimitir del cargo, tal y como han reclamado Ciudadanos y Podemos, Blanco ha respondido con otra pregunta: "¿Por qué?". "¿Por qué. No sé. Creo que he dado una explicación bastante clara del montaje. Yo lo tengo bastante claro y cuando me hice cargo de esto sabía perfectamente las posibilidades de este montaje", ha dicho Blanco, quien ha avanzado que solo volverá a hablar de este asunto en sede parlamentaria.
Es “sonrojante” que Blanco crea que “los ciudadanos somos tan ingenuos como para aceptar” que “comprar el sello ISO garantiza la inexistencia de chanchullos como los que el informe desvela”
Ha defendido que, desde la llegada del nuevo Gobierno Sodercan, ha recuperado el papel que nunca debió dejar de ejercer, como instrumento de apoyo al tejido empresarial de Cantabria", ha defendido Blanco, que volvió a ser nombrado consejero delegado tras la llegada del bipartito.
Ha opinado que ahora Sodercan vuelve a ser un "instrumento de apoyo al tejido empresarial de Cantabria" y ha reivindicado que se han lanzado 15 líneas de ayuda por importante de 17 millones de euros y se está trabajando tanto para "salvar" compañías, como Greyco, Talleres Martínez, Sniace, Tina Menor o Forjas de Reinosa, en nuevos proyectos.
Blanco ha asegurado que Podemos "no ha pedido en ningún momento explicaciones" sobre la actividad actual de Sodercan, algo que, a su juicio, "demuestra" que a la formación morada "no le importa en absoluto" el futuro de las empresas de Cantabria y el empleo.
En este sentido, ha acusado a los podemitas de llevar "meses" intentando por todos los medios deteriorar la imagen de la empresa pública "con una total y absoluta irresponsabilidad".
Podemos y Ciudadanos
Precisamente el diputado de Podemos Cantabria, José Ramón Blanco, ha asegurado que es “falso” que exista un motivo electoralista en la publicación de este informe. “El miércoles la Consejería de Presidencia nos remite el documento, y al instante lo publicamos”, ha afirmado, defendiendo la “transparencia total” de su formación.
“Las declaraciones son desafortunadas”, ha valorado Blanco, quien ha recordado además que ya hicieron lo mismo con el contrato público privado de Valdecilla.
Por su parte, el también diputado de Podemos, Alberto Bolado, ha asegurado no entender “que se pongan pegas si el informe ya era conocido. Solo lo hemos puesto a disposición de la ciudadanía”.
La transparencia también ha sido el centro de atención de la crítica de Ciudadanos. Su portavoz, Rubén Gómez, ha recordado su formación pidió el informe del interventor general de Cantabria y no lo recibió nunca. "Alegaron que existían datos de empresas privadas que no se podían desvelar", ha incidido Gómez.
Igualmente, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que también se solicitó el contrato de Inmaculada Valencia con Sodercan y las retribuciones "y tampoco se ha recibido esta información, argumentado que lo impide la Ley de Protección de Datos, aunque entendemos que se trata de dinero público".
El diputado naranja ha hecho hincapié en que el Ejecutivo Autonómico del PRC-PSOE es "opaco" e incluso ha rechazado una Proposición No de Ley de C's en el pasado pleno para llevar a cabo una mayor transparencia en su actividad pública.
"Fue una iniciativa muy parecida a la que presenta el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander y quiere que se la apruebe el Pleno", ha añadido.
En este sentido, Gómez ha comentado que "esta falta de información se une a las trabas que sufrieron con el caso Sogiese con el fin de esclarecer los sobresueldos de algunos trabajadores".
Rubén Gómez también ha recalcado que, a iniciativa de C's, el Pleno del Parlamento de Cantabria reprobó el nombramiento de Salvador Blanco como consejero delegado de Sodercan y, dadas las informaciones sobre su gestión, ha considerado que "está inhabilitado para ocupar el cargo que ostenta en la actualidad".
