El informe de la Intervención General del Gobierno de Cantabria que revela diversas “irregularidades” en la contratación de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) entre los años 2008 y 2011, bajo el anterior bipartito PRC-PSOE y cuando estaba al frente el actual consejero delegado, Salvador Blanco, revela algunos nombres y cuantías realmente interesantes. Es el caso de los 185.000 euros pagados a Guzmán Solana Gómez, vicepresidente de Repsol, por trabajos de asesoría que nos constan, al menos documentalmente.
El propio Blanco ha reconocido en rueda de prensa este extremo, aunque lo ha justificado en que su colaboración fue en el Plan Eólico de Cantabria que trató de impulsar el anterior bipartito.
“Estuvo asesorando en una venta”, que finalmente ascendió a 11,8 millones de euros, cuando “inicialmente se ofrecían 3 millones”. A juicio de Blanco, su gestión “permitió recuperar 8 millones de euros”, frente a un coste de 185.000 euros. En este sentido, ha asegurado que “tenía un contrato aprobado por el Consejo de Administración”, aunque no ha querido hacerlo público.
Blanco ha asegurado que “tenía un contrato aprobado por el Consejo de Administración”, aunque no ha querido hacerlo público
Según el informe, estos pagos se realizaron durante cuatro años e incluyen tanto un importe fijo mensual como gastos de viaje y manutención, así como del local en el que se prestarían los servicios.
Todo en base a un contrato firmado en 2008 con la empresa GUZFERSIS, cuyo apoderado es Guzmán Solana Gómez, en quien se delegan todas las operaciones.
El contrato, que comenzó en abril de 2008 e inicialmente se extendía hasta marzo de 2009, acabó prorrogándose de forma automática hasta el año 2012.
Tenía una remuneración de 36.000 euros anuales, a los que se sumarían los gastos de alojamiento y viaje si estaban justificados, y 450 euros mensuales para compensarle por los gastos del local.
Finalmente, se le abonaron 185.571 euros en una cifra que fue variando por los años (que osciló entre los 39.000 y los 53.000 al año).
Las facturas sólo recogían el concepto honorarios mensuales. Los auditores pidieron a SODERCAN más información documental sobre estos gastos sin que les fueran aportados.
