La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría podrá tener más dificultades que otros altos cargos de Mariano Rajoy para buscar una salida profesional tras dejar la política si se atiene al cumplimiento estricto de la Ley del Alto Cargo que ella misma impulsó al frente del Ejecutivo del PP. En esa misma situación podría encontrarse Íñigo de la Serna, ex ministro de Fomento y ex alcalde de Santander, que dejó la política algunos meses antes que Sáenz de Santamaría para pasarse al sector privado.
Con la llegada del PP a Moncloa, en medio de los casos de corrupción que habían afectado al partido, el Gobierno dió luz verde a un amplio paquete de medidas de regeneración democrática, entre las que figuraba la Ley de Transparencia y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entró en vigor a finales de marzo de 2015. El artículo 15 de esta última norma establece que los altos cargos no podrán "prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado" durante "los dos años siguientes a la fecha de su cese".
Si De la Serna, Santamaría o algún alto cargo del Gobierno del PP tienen una oferta profesional debe comunicárselo a la Oficina de Conflicto de Intereses "con carácter previo a su inicio". Si ese órgano entiende que esa actividad privada vulnera esta norma, se le comunicará al interesado y a la entidad que le vaya a contratar, que "podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes". En ese caso, la Oficina de Conflicto de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad o no de esa actividad en el plazo de un mes. Este órgano fue dotado de "nuevas competencias" para ejercer sus funciones con "las máximas garantías de competencia, transparencia e independencia", según recoge su exposición de motivos, que ha recogido Europa Press.
Fuentes del PP pronostican que otros exministros de Mariano Rajoy -en especial otros fieles a la exvicepresidenta- podrían seguir el mismo camino y dejar su escaño en los próximos meses. Algunos de ellos han sido ubicados al frente de presidencias de comisión en el Congreso, como Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, algo que no ha ocurrido por el momento con Fátima Báñez.
