La empresa pública Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) firmaba en diciembre de 2010, bajo la dirección de Salvador Blanco, un convenio con Santander Global Facilities S.A. para crear un Centro de Procesamiento de Datos (CPD), conocido como ‘búnker’, en la región. Según este texto, Sodercan financiaría la construcción del edificio con la condición, entre otras, de que se crearan y mantuvieran 250 puestos de trabajo, algo que nunca ha llegado a cumplirse según el comité de empresa.
Todo ello a pesar de que la empresa pública, al parecer, sí ha invertido esos cinco millones de euros. Según varias fuentes consultadas por este diario, se habrían producido incumplimientos de este convenio, siendo el más llamativo que el ‘búnker’ del Banco Santander, grupo al que pertenece Santander Global Facilities, “en ningún momento” ha llegado a tener esos trabajadores.
Entre las condiciones de la “concesión directa” de esta aportación económica se establece, además de la construcción de dos edificios con una serie de características especificadas en el convenio, se define que Sodercan aportará capital público por valor del 2,1% del total de la inversión, y que se realizará el pago en cuatro plazos.
El comité de empresa ha explicado que “en ningún momento” ha llegado a haber 250 trabajadores en el ‘búnker’ del Santander
Los dos primeros, de 3 millones en total, afectan a la adquisición de licencias y la realización de la obra, pero es en los dos siguientes cuando se produce el presunto incumplimiento. La tercera condición establece que Sodercan entregó 1 millón de euros en 2012 una vez justificada la “ejecución de la totalidad de la inversión prevista y la puesta en marcha de la infraestructura, así como la creación de los 250 puestos de trabajo previstos”. El último pago, de un millón de euros como máximo, ponía como condición “el mantenimiento de los 250 puestos de trabajo creados”.
Ambas condiciones están, cuanto menos, en entredicho. El presidente del comité de empresa de Cibernos, José Luis Cabo, ha explicado que “en ningún momento” ha llegado a haber esa cantidad de trabajadores en el ‘búnker’ del Santander, y mucho menos han sido “empleos estables”.
“Contando todos los departamentos y turnos que hay no se llega”, ha asegurado, matizando además que la mayoría de puestos de dirección se cubrieron con trabajadores que “llegaron desde Madrid”, no con empleados contratados en Cantabria. Según el propio texto, esto sería un incumplimiento del convenio al no mantener los “compromisos adquiridos con relación a la plantilla”, lo que habría requerido el “reintegro total o parcial de la aportación recibida”. Según fuentes consultadas, eso “no se ha producido”.
Asimismo, el convenio recoge que la mayoría de esos empleos deben ser “cualificados”, algo que el presidente del comité de empresa reconoce que es “complicado” valorar, ya que muchos de los trabajadores “sí tienen titulación universitaria y conocimientos cualificados”, pero se les contrata para trabajos “en una categoría inferior, como operadores de periféricos”.
Mantenimiento de empleos
La cuarta condición, que contempla el mantenimiento de los puestos de trabajo, también está en el aire. El pasado mes de septiembre el comité de empresa denunciaba el despido del 80% de la plantilla del 'búnker', subcontratados por el Santander con Cibernos Outsourcing. Cibernos pidió tiempo para concretar una “posible oferta de adquisición”, que llegó de la mano de Indra. Sin embargo, dos meses después los trabajadores siguen viviendo “con una incertidumbre bastante importante”.
Según Cabo, la relación de los trabajadores con Indra “es ausencia de ella”, y a día de hoy “prácticamente inexistente”. Y es que todavía no se ha concretado el paso de Cibernos a Indra, y lo único que reciben los empleados son “comunicaciones no oficiales” que retrasan la fecha. De hecho, el presidente del comité de empresa ha asegurado que “seguimos siendo de Cibernos, pero el contrato se ha extinguido, e Indra está ausente”.
Ante estas irregularidades en el convenio, desde Podemos Cantabria ya han anunciado que “pediremos una Memoria Justificativa” de la inversión y el cumplimiento de las condiciones, supervisión del convenio, etc.
A su juicio, lo que ha hecho Sodercan es entregar cinco millones al Banco Santander por “trabajos de calidad” que han sido subcontratados, ahora, por Indra. A esto se suma que “no se supervisa nada”, en referencia a uno de los puntos del convenio en los que se especifica que la empresa pública controlará la inversión a través de inspecciones físicas de las instalaciones y de la documentación recibida.
El Banco Santander, por su parte, ha afirmado que “poco podemos añadir al respecto”. En una escueta respuesta, se ha remitido a su postura expresada cuando se dio a conocer el caso, asegurando que “este servicio está subcontratado y las cuestiones relativas al mismo son ajenas al banco”, a pesar de que el Grupo es el que ha firmado el convenio con la condición de crear 250 puestos de trabajo.
