La auditoría de la Intervención General del Gobierno de Cantabria desveló la semana pasada una serie de irregularidades en la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) bajo la dirección de Salvador Blanco, actual consejero delegado, entre los años 2008 y 2011. Y a pesar de que apenas dos días después tanto el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, como la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, le confirmaron en el cargo, en el seno de la empresa pública se están produciendo cambios que hacen pensar en un relevo no muy lejano en el tiempo.
Según ha podido saber este diario, la empresa pública está agilizando los trámites de los proyectos más relevantes por orden del propio Blanco, entre los que se encuentran Tinamenor, Greyco, Talleres Martínez y Gerdau. De este modo, el actual consejero delegado podría dejarlos atados antes de su posible marcha de la empresa pública ante la información de que el Gobierno consideraría amortizada la labor de Salvador Blanco al frente de Sodercan.
Y mientras estos movimientos se producen, el informe de la Intervención General sigue generando controversias en la gestión de Blanco entre 2008 y 2011. A los casos de Fraile & Blanco, Emiliano Garayar o Guzfersis se suman ahora los convenios de contenido subvencional por más de 20 millones de euros, y en los que “Sodercan no ha cumplido ninguno de los principios de gestión, ya que se han otorgado de forma directa a favor de sus perceptores”.
El actual consejero delegado podría dejarl atados los proyectos de Tinamenor, Greyco, Talleres Martínez y Gerdau antes de su posible marcha de la empresa pública
Según el equipo auditor, Sodercan incumplió numerosos “preceptos legales” que resultan de la aplicación de la legislación vigente en Cantabria. Uno de ellos es que varios convenios “no guardaban relación con el objeto” de la empresa pública según sus estatutos, o son “tan imprecisos que no se puede determinar la finalidad” de esas “entregas dinerarias”.
Entre ellos se encuentran los firmados con la Asociación Foro de Automoción de Cantabria (GIRA), de periodicidad prácticamente anual, y con una cuantía total de 654.000 euros. El texto señala que estas aportaciones “no van asociadas a una finalidad concreta”, sino al “logro de los objetivos de dicha Asociación”, algo que no se corresponde a “criterios de eficacia”.
Este convenio, junto con otros firmados con Fundestic (112.000 euros) o la Fundación Leonardo Torres Quevedo (más de 200.000 euros), no cumple “ninguno de los principios de gestión” como el de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Aunque sin duda uno de los aspectos más llamativos es que Sodercan consideró algunos de estos convenios como “proyectos de interés público, social, económico y humanitario”, competencia que “está reservada al Consejo de Gobierno de Cantabria por vía de Decreto”, algo que no existe en ninguno de los casos analizados por la Intervención General.
A todo ello se une que varios de estos acuerdos “se han firmado generando compromisos de gasto futuro”, lo que no solo incumple “los principios de control del gasto público y de estabilidad presupuestaria”, sino que endeuda a la entidad pública durante los siguientes años, teniendo que destinar parte del presupuesto a pagar dichas cuantías.
Sector público
Y si a estos convenios se destinaron entre 2008 y 2011 más de 20 millones, los convenios con entes del Sector Público Autonómico supusieron un desembolso de más de 19 millones de euros. El Festival Internacional de Santander (FIS), la Fundación IH, el PCTCAN o la Universidad de Cantabria (UC) son algunos de los nombres que aparecen en este informe.
Sodercan consideró algunos de estos convenios como “proyectos de interés público, social, económico y humanitario”, competencia que “está reservada al Consejo de Gobierno de Cantabria por vía de Decreto”
La auditoría señala que era práctica habitual durante estos años bajo el mandato de Salvador Blanco que los convenios se firmaran “tanto por el Consejero Delegado (Blanco) como por apoderados” de la sociedad pública, “sin que estén definidos internamente el régimen concreto de competencias”.
Asimismo, ha detectado varias debilidades en estos contratos, entre las que destaca la “ausencia de fijación de plazos” y el modo concreto de “justificación de aplicación de las aportaciones dinerarias”.
Consideraciones concretas
Además de las irregularidades que el informe parece señalar como habituales en la mayoría de los convenios, la auditoría señala detalles concretos para cada caso. Así, el documento firmado con el Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV), con una aportación económica de 1.500.000 euros, “no se enmarca dentro de las actuaciones que constituyen el objeto social de Sodercan”, y tampoco consta “justificación de la aplicación de la primera anualidad”.
También hace hincapié en el convenio firmado con CEOE-Cepyme, cuya cláusula quinta señala la necesidad de crear una Comisión Mixta para el “adecuado seguimiento” del acuerdo. Según el informe, “no se tiene constancia de la constitución de dicha comisión”, así como tampoco del representante de la empresa pública o de la documentación en la que “se deje constancia del grado del cumplimiento”.
Sidenor
Otro de los convenios sobre los que arroja luz la Intervención General es el firmado en 2007 con Sidenor, que articula diferentes ayudas para realizar el ‘Proyecto Cilindros’ y el ‘Proyecto Cigüeñales’, de 4.060.000 y 920.000 euros respectivamente.
Según la auditoría, “existen pistas” que apuntan a incumplimientos por parte de Sidenor al no presentar facturas, realizar “inversiones que no estaban previstas” y tener previstas otras que no se han realizado. Tampoco existe documentación que justifique el cumplimiento de la segunda cláusula del acuerdo, que hace referencia a la viabilidad, autofinanciación, mantenimiento de las inversiones o creación de puestos de trabajo.
En este sentido, Sodercan tampoco tiene soporte documental que indique “inspecciones físicas” en las instalaciones de la empresa, como de hecho se prevé en otro punto del convenio.
