sábado 27/11/21
POLÍTICA

Puerto Gallego dimite como diputada del PSOE al ser investigada por presunta prevaricación

El Supremo ha abierto una causa contra ella por un posible delito continuado durante su etapa como alcaldesa en el Ayuntamiento de Santoña entre 2003 y 2009.

La socialista considera que está siendo investigada por un supuesto "error administrativo del que me considero totalmente inocente".

Podemos considera que ha hecho lo correcto.

La exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego
La diputada nacional del PSOE, Puerto Gallego

La diputada por Cantabria Puerto Gallego ha comunicado esta misma tarde a la dirección del Partido Socialista en Cantabria su “decisión de dimitir de forma inmediata como diputada en el Congreso”.

Puerto Gallego ha informado sobre esta decisión tras conocer, a través de los medios de comunicación, que está siendo investigada por el Tribunal Supremo por unos hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Santoña cuando ocupaba la alcaldía entre los años 2003 y 2009.

La socialista ha señalado que con esta decisión “doy cumplimiento a mi compromiso público de no esperar ni un minuto para presentar mi dimisión y entregar mi acta como diputada en el Congreso si finalmente se confirmaba la condición de investigada”.

Con esta decisión “doy cumplimiento a mi compromiso público de no esperar ni un minuto para presentar mi dimisión y entregar mi acta como diputada en el Congreso si finalmente se confirmaba la condición de investigada”

La diputada por Cantabria ha señalado que está siendo investigada por un supuesto “error administrativo del que me considero totalmente inocente, pero en ningún caso por haberme enriquecido personalmente ni haber enriquecido a terceras personas”.

Gallego se ha mostrado “sorprendida por la forma” en la que ha tenido conocimiento del auto, y se ha ratiificado en su “determinación de cumplir con la palabra dada”.

Aunque, a su juicio, “espero demostrar mi inocencia en una acusación que no se enmarca en ningún comportamiento corrupto, voy a dimitir como diputada porque no deseo ensombrecer, en ningún caso, la determinación expresada por todos los socialistas de promover la regeneración y la limpieza democrática en España”.

Investigación del Supremo

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la diputada del PSOE y exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Consistorio, donde gobernó entre los años 2003 y 2009. La investigación contra Gallego corresponde al alto tribunal dada su condición de aforada.

En septiembre del pasado año la Audiencia Provincial de Cantabria validó la opinión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña sobre los indicios existentes contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento siendo alcaldesa Gallego, por fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto, al no superarse la cuantía exigida por la ley para hacerlo (18.000 euros).

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la diputada del PSOE y exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en Santoña

En un auto notificado este viernes, el alto tribunal nombra instructor de esta causa al magistrado Pablo Llanera mientras que se acuerda que la causa continúe ante el órgano competente respecto de los hechos imputados al resto de investigados por estos hechos, que no tienen condición de aforados.

La investigación del juez de Santoña se dirigía también contra los ocho concejales del PSOE de la villa durante el citado periodo: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle. Todos ellos seguirán siendo investigados en Santander.

Todos ellos declararon, en octubre de 2013, como imputados por presunta prevaricación administrativa ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, ante la cual aseguraron que no habían cometido "ningún delito".

En dicha ronda de interrogatorios no se incluyó a la alcaldesa, por su condición de aforada, al ser diputada en el Congreso por Cantabria.

Reparos de legalidad

La Audiencia Provincial validó los indicios obrantes en la instrucción que apuntan a que los contratos se fraccionaron y adjudicaron a pesar de los reparos de legalidad que "de forma constante y repetida" formuló el interventor del Ayuntamiento, y que "ni se levantaban ni eran atendidos".

En la exposición razonada que remitió la juez instructora se relata como en el Ayuntamiento presidido por Gallego "habría sido habitual la adjudicación a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando se superaba la cuantía para la contratación menor y la no utilización del procedimiento abierto, firmando las facturas que se sometían a su pago".

Añadía la juez que la Junta de Gobierno Local "se limitaba a darse por enterada y a aprobar las relaciones de facturas", cuando la Intervención "dejaba muy claro" en sus reparos -de hasta tres interventores municipales- que estos habían sido manifestados "reiteradamente".

Podemos Cantabria ha lamentado que el nombre de “nuestra región se vea de nuevo manchado a nivel nacional por un caso de corrupción, en este caso el de la diputada socialista Puerto Gallego”

El juzgado también describe en su exposición al Supremo que "el Ayuntamiento, esto es la junta de gobierno, de la que formaría parte la persona aforada, no habría seguido los procedimientos previstos por la normativa administrativa correspondiente en materia contractual".

La exposición apoya estas consideraciones en las pruebas periciales practicadas y en los reparos emitidos en su momento por la intervención municipal en los que se ponían de manifiesto las irregularidades para poder acudir a la adjudicación directa.

Decisión correcta

La primera reacción ha llegado desde Podemos, que considera que Puerto Gallego ha hecho lo correcto al dimitir. El partido morado cree que “esta mancha podría haber sido menor aunque no menos grave para Cantabria si el PSOE no se hubiera empecinado en utilizar las Instituciones como escudo para proteger a Puerto Gallego al más puro estilo valenciano”.

Según Podemos, pese a conocer que ya habían sido imputados hace meses los ocho concejales de su corporación que no tenían la calidad de aforados, "el PSOE ha mantenido a la ex alcaldesa de Santoña como cabeza de lista en los dos últimos procesos electorales estatales" con el fin de "dilatar el proceso consumiendo recursos judiciales" en un caso que, de no existir la figura del aforado, "ya estaría probablemente visto para sentencia y resuelto de forma más barata y eficaz".

Además, han indicado que “desgraciadamente, la forma de proceder en este caso no nos resulta novedosa". El fraccionamiento de contratos para poder concederlos “a dedo” es una práctica habitual en el PSOE de Cantabria: hemos podido comprobar que ha sido la práctica habitual de Salvador Blanco al frente de Sodercan para contratar a sus empresas o a las de los amigos del partido, mientras el PP miraba hacia otro lado o introducía simpatizantes en esas mismas empresas para que todos ganaran”.

Podemos Cantabria ha lamentado que el nombre de “nuestra región se vea de nuevo manchado a nivel nacional por un caso de corrupción, en este caso el de la diputada socialista Puerto Gallego”, y ha manifestado su confianza en la Justicia, “no como algo abstracto, sino nuestra confianza en jueces, abogados, fiscales y funcionarios de todas las instancias. Creemos firmemente que si no fuera por su independencia y su trabajo, al igual que en este caso el de los interventores del Ayuntamiento de Santoña, muchos de estos casos no sólo no verían la luz sino que seguirían produciéndose de manera continuada”.

Para Podemos, han finalizado, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática no son medidas cosméticas: a diferencia de lo que han firmado PP y Cs en su reciente pacto para la investidura de Mariano Rajoy, consideramos la prevaricación como un delito de corrupción, especialmente grave cuando como constata el juez parece que se ha producido de forma continuada.

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