Los grupos municipales PSOE, PP, Cs y Podemos en el Ayuntamiento de Castro Urdiales han presentado en los juzgados de la villa una denuncia penal por coacciones contra Conservas Lolín y Fernando Gutiérrez Castro, hermano de Jesús Gutiérrez Castro, propietario de Conservas Lolín y secretario general del PRC de Castro. En la denuncia conjunta, fechada y registrada este mismo martes, califican como una "coacción" el escrito remitido por Fernando Gutiérrez Castro en nombre de Conservas Lolín el pasado 22 de enero, en el que "se nos está requiriendo la obligación de aprobar un instrumento urbanístico de modificación puntual del Plan General (PGOU), bajo la amenaza de responsabilidades penales de todo tipo".
En su escrito, Conservas Lolín exigió que de forma urgente el Ayuntamiento proceda a la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU aprobada por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) a finales de octubre, que da luz verde a la conservera para su traslado al polígono de Vallegón, en Sámano, y que la parcela en la que se ubica la fábrica pueda ser un centro comercial. El documento, firmado por Fernando Gutiérrez Castro en nombre de Conservas Lolín, advierte de la "responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable en la que podría incurrir quien actuara de forma desviada en este asunto, no convocando el pleno correspondiente; no asistiendo a la sesión o asistir absteniéndose o votando en contra con el fin de impedir el acuerdo; o informando de forma desviada, cambiando de criterio y retrasando indebidamente la tramitación de máxima diligencia a la que se había comprometido el Ayuntamiento". Añade el escrito que "si así ocurriere, quienes por acción u omisión generen daño habrían de afrontar sus responsabilidades, si las hubiere en vía penal, administrativa y/o contable". "No es justo que los daños sean reparados a costa del vecindario de Castro Urdiales, de ahí que procederíamos, en ese caso, a activar todos los mecanismos en derecho previstos para que aquellos políticos y funcionarios que con su actuación u omisión hayan generado ese retraso esencial en la aprobación a la que nos venimos refiriendo, respondan con su patrimonio particular", concluye el documento.
En la denuncia conjunta, consultada por Europa Press, PSOE, PP, Cs y Podemos señalan que "se nos amenaza con consecuencias personales de todo tipo, penales, contables, por optar a adoptar una posición en el voto, incluso amenazando de las consecuencias de no asistir a la sesión o abstenerse, sobre aquello que la ley no prohíbe, coaccionándonos para la aprobación de ese planeamiento". "Esta coacción para condicionar el voto es ilegítima, por cuanto la modificación a la que se hace referencia proviene de un convenio urbanístico que se aprobó en la anterior legislatura", añade la denuncia, que agrega que "se trata, en suma, de coaccionar para que no realicemos una actuación que la ley no prohíbe".
