La acusación que el Partido Popular de Cantabria ha lanzado contra la medida del Ejecutivo regional de ofrecer una sanidad universal y gratuita a todos los empadronados en la Comunidad Autónoma ya ha tenido reacción en el PSOE. La diputada nacional Puerto Gallego ha asegurado que "lo que diferencia al PP del PSOE con respecto a la protección de la salud y la atención sanitaria, y no es, precisamente, una cuestión menor, es que lo que para nosotros es un derecho, para los conservadores es un acto graciable: es caridad”.
A juicio de Gallego, las declaraciones de la diputada regional del PP y ex consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, demuestran el "abismo conceptual" existente entre su partido y el PSOE respecto al derecho a la protección de la salud. "Para nosotros, para el Gobierno PSOE-PRC, el derecho a la atención sanitaria y la protección a la salud es justicia social y debe ser universal", ha remarcado la representante socialista en el Congreso de los Diputados.
Gallego rechaza de este modo que la universalización de la atención sanitaria pueda considerarse "un fraude". "Ni es ni un fraude, ni es una invitación al turismo sanitario. En todo caso, cuesta identificar la figura del inmigrante sin papeles con la de un turista, manido y falaz argumento utilizado por el Gobierno Rajoy para dejar sin atención sanitaria a miles de inmigrantes 'sin papeles'", ha apostillado la socialista.
A su juicio, "no hay justificación alguna para la exclusión del derecho a la protección de la salud", como "repetidamente" han manifestado organizaciones como Amnistía Internacional. Pero, además, "al defender la universalidad se está protegiendo la salud pública, la salud de todos los ciudadanos, que puede verse amenazada sanitariamente si se deja a colectivos sin protección como pretende el PP".
Gallego ha subrayado que con esta nueva orden del Ejecutivo regional "se compensa" la exclusión de extranjeros irregulares del sistema "hasta el máximo posible de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma", pero ha asegurado que "lo ideal sería que el Gobierno nacional del PP corrigiese su error". En este sentido, ha animado a Buruaga a que exija al ministro de Sanidad y al presidente Mariano Rajoy la derogación de una normativa "injusta y contraria al derecho".
Mientras tanto, con la orden aprobada por el Ejecutivo autonómico, "los excluidos por la norma estatal recuperan el derecho a la asistencia sanitaria en la región en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos".
