El Gobierno de Cantabria ha remitido al Parlamento el proyecto de Ley de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, que regulará por primera vez en la Comunidad Autónoma el desarrollo de las actividades de ocio y tiempo libre.
La Mesa del Parlamento lo ha admitido a trámite y ya se ha publicado en el boletín oficial del Legislativo. El proyecto de Ley de Espectáculos pretende dotar por primera vez a Cantabria de una regulación legal completa de la totalidad de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se celebren en la comunidad, con "pleno respeto" a las competencias que corresponden al Estado.
El título preliminar del proyecto de ley recoge la creación y posterior reglamentación del Consejo Consultivo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, como órgano consultivo, de colaboración, estudio, coordinación y asesoramiento en esta materia.
En el título I se fijan las condiciones de seguridad de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles donde se realicen los espectáculos públicos y las actividades recreativas, así como la obligatoriedad en la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
Especial importancia se otorga a la regulación de las preceptivas licencias y autorizaciones, necesarias para el control y organización administrativos
Especial importancia se otorga a la regulación de las preceptivas licencias y autorizaciones, necesarias para el control y organización administrativos, con una relevante mención a las actividades deportivas por el elevado número de expedientes tramitados y por la importancia en la seguridad de las personas que los mismos conllevan.
Asimismo, se regula la necesidad de disponer de personal de vigilancia en establecimientos con determinado aforo, y su posterior reglamentación, y se hace una especial referencia a los horarios de apertura y cierre de establecimientos, materia ésta en la que "deben conciliarse intereses generalmente contrapuestos, lo que suele ocasionar no pocos conflictos". La norma fija los criterios generales y atribuye la concreción del horario al Gobierno de Cantabria.
Además, regula aspectos como la creación de los registros municipales y autonómico de los organizadores y titulares de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, las obligaciones de los titulares de los establecimientos e instalaciones, y del público asistente, y las condiciones de la venta de entradas.
En el título I se recogen los derechos y protección del consumidor y usuario, con especial mención a la infancia y la adolescencia. El título II establece las facultades de inspección y control de la actividad, así como el régimen sancionador aplicable en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Así, se tipifican y gradúan de forma exhaustiva las conductas que constituyen infracciones, se señalan los plazos de prescripción de las mismas, se prevé la adopción de medidas provisionales y se fijan las sanciones a imponer, con especificación de los criterios que han de aplicarse para que la sanción sea proporcionada a cada infracción.
Se contemplan como sanciones la imposición de multa, la prohibición o suspensión temporal de espectáculos públicos o actividades recreativas e incluso la suspensión de las licencias o autorizaciones otorgadas a los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, por un periodo que puede llegar hasta los dos años.
En último término se incorpora como anexo el catálogo en el que se indican de forma genérica los espectáculos públicos y las actividades recreativas y los establecimientos públicos e instalaciones portátiles donde pueden celebrarse.
"Esta regulación es necesaria a la vista del imparable crecimiento que viene experimentando en los últimos años el sector del ocio y del tiempo libre para satisfacer la demanda de actividades deportivas, culturales, artísticas y meramente lúdicas", señala el Gobierno, que destaca la importancia económica de este sector como generador de empleo e inversiones, por lo que precisa un marco normativo.
El proyecto de ley pretende "acomodar" la importancia social y económica del ocio con el respeto a otros bienes jurídicos igualmente importantes, como el derecho al descanso, la seguridad y la salubridad públicas, el respeto al medio ambiente, a los animales y la protección de la salud y de la infancia y la adolescencia, añade el Ejecutivo.
