El primer artículo del acuerdo PRC-PODEMOS establece que no puede haber ningún cargo público en procesos judiciales abiertos. El PRC no ha modificado un ápice su postura respecto a Pedro García Carmona, nombrado director general de Administración Local del Gobierno de Cantabria e imputado por el asunto de ‘firma falsa’ en una moción del Ayuntamiento de Torrelavega. El consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, lo confirmó el pasado martes en Comisión parlamentaria. Y aunque esto incumple claramente el acuerdo por el que Podemos ha prestado su apoyo al actual presidente regional, Miguel Ángel Revilla, el partido ha buscado una ‘salida técnica’ para disimular la imputación de Carmona.
Como ha explicado De la Sierra ante la Comisión, en la que estaban presentes miembros de Podemos, “no le consideramos imputado” porque García Carmona declaró como “testigo asistido”, una figura procesal que ni siquiera existe.
Fuentes de Podemos consultadas por eldiariocantabria.es han afirmado que todavía están estudiando los pasos a seguir ante estas declaraciones, algo que se decidirá en la Asamblea que se llevará a cabo este jueves.
Sea como fuere, el primer artículo del pacto firmado por PRC y Podemos establece claramente que “no puede haber personas imputadas por delitos contra la Administración Pública ni en las instituciones públicas ni en empresas o entidades públicas de Cantabria”. Más allá de la terminología utilizada, el espíritu del pacto estaba claro, que no formara parte de las instituciones ninguna persona imputada por la comisión de un delito en el ejercicio de su cargo público, de ahí el nombre que recibe el bloque en el que se incluye el artículo: “Tolerancia cero a la corrupción”.
El consejero quiso restar importancia a la participación del regionalista en el proceso judicial al asegurar que a Carmona no se le relaciona con delitos de corrupción contra la Administración, y que finalmente no se han dirigido acciones judiciales contra el actual director general de Administración Local. Sin embargo, la investigación sigue abierta y son varias las figuras delictivas que podría sostener la acusación y el tribunal está lejos de archivar la causa contra el ‘regionalista’ .
De imputado a testigo asistido
La fórmula empleada por Rafael de la Sierra ni siquiera se corresponde con la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en actual tramitación, para evitar la estigmatización social que ha adquirido el vocablo imputado tras los recientes casos de corrupción política.
Según recoge el Proyecto de Ley Orgánica, al que ha tenido acceso eldiariocantabria.es, se plantea la sustitución por el concepto de “investigado”. Sin embargo, dicha ley todavía no ha entrado en vigor y no contempla, en principio, la figura de “testigo asistido” por lo que el uso de ambos términos es, cuanto menos, prematuro.
En realidad, el proceso de aprobación está lejos de terminar. El pasado 12 de junio el Congreso de los Diputados aprobó con los votos a favor del PP, la abstención de CiU y PNV, y el voto en contra del resto de partidos. Sin embargo, el texto debe ser remitido al Senado, en el que se prevé un periodo ordinario de entre seis y dieciocho meses, pudiendo prorrogarse hasta los 36 meses.
Pero el cambio de término, sea el que fuere, no elimina la realidad de que un cargo público está inmerso en un proceso judicial, a día de hoy, en calidad de imputado.
El espíritu del pacto entre PRC y Podemos no deja lugar a dudas, cuando incluso se contempla en el artículo segundo, la exigencia de que el nuevo Gobierno mantenga la acusación en el llamado “caso Racing”, en el que están imputados (sin que Rafael de la Sierra haya propuesto cambio de término) el regionalista Francisco Javier López Marcano y el socialista Ángel Agudo.
