A finales de diciembre los socios del Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, escenificaron “discrepancias”, como las definió la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, referentes a la postura del Ejecutivo en relación a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander. Mientras que los socialistas se negaban a “legislar a la carta” y modificar la Ley de Acompañamiento para incluir una solución, los regionalistas veían con buenos ojos esta opción, propuesta a su vez por el Ayuntamiento de la capital cántabra. Ahora el PP ha vuelto a insistir en su postura y ha puesto el foco sobre esa división en el seno del bipartito.
Y lo ha hecho anunciando que su Grupo Parlamentario presentará una enmienda parcial a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para este 2017, con la que pretenden lograr que se apruebe la modificación de la Ley del Suelo que suspenda las normas urbanísticas para suelo urbano contempladas en el PGOU como solución "más rápida y segura" a la anulación del planeamiento de Santander.
El encargado de desvelarlo ha sido el concejal de Urbanismo de Santander, César Díaz, quien a preguntas de la prensa ha considerado "inconcebible" esperar a la aprobación de la nueva Ley del Suelo de Cantabria para dar solución a la anulación del PGOU. "No es una opción", ha afirmado tajante. Asimismo, ha confirmado que el Ayuntamiento no ha recibido respuesta "oficial" del Gobierno más allá de lo publicado por los medios de comunicación.
En este sentido y aunque "la esperanza nunca hay que perderla", el edil ha reconocido que, por las declaraciones de los miembros del Gobierno, éste no está "muy por la labor" de introducir la cuestión, ni inicialmente en la propuesta ni posteriormente a través de la enmienda. "Pero eso no quita para que nosotros sigamos pensando que es la forma más ágil, rápida y segura", ha señalado.
Díaz ha subrayado que la modificación de la Ley del Suelo que reclama el Ayuntamiento no introduce mayor inseguridad jurídica y los informes jurídicos municipales avalan que "no hay ningún problema" en que pueda ir en la Ley de Acompañamiento. Por eso, ha remarcado que su inclusión es "cuestión de voluntad política, no tiene ninguna cuestión jurídica asociada".
Pero si esta opción no es posible, el Ayuntamiento planteará nuevas propuestas en su objetivo de "minimizar al máximo" los efectos que pueda tener la anulación del PGOU, lo que, en su opinión, debería ser un objetivo compartido por el Gobierno de Cantabria, que es quien aprueba este documento y que "también es corresponsable" de los efectos.
Esperar a la Ley del Suelo
Por otra parte, el concejal ha subrayado que es "inconcebible" esperar a la aprobación de la Ley del Suelo. "Si queremos dar una solución lo más rápida posible a los efectos de la anulación del PGOU de Santander, de Laredo y algún otro que pudiera haber, no es responsable encomendar esa tarea a la futura Ley del Suelo", ha advertido.
Al respecto, ha enfatizado que actualmente solo hay un "borrador" de la ley, en el que "a penas" ha habido participación de los colectivos pertinentes, por lo que le quedaría por delante "un largo camino si lo que de verdad queremos es tener una buena ley del suelo, realizada con el máximo consenso; porque una ley así necesita un respaldo muy mayoritario tanto del Parlamento como de la sociedad, y para muchos años".
En este sentido, Díaz ha dicho que el borrador "deja mucho que desear y tanto por el contenido como por el proceso de participación y consenso, que hasta ahora no ha tenido y que debería tener", la ley necesita tiempo y no hacerse con prisas.
"Las prisas tienen que venir para intentar minimizar los efectos del Plan General, pero no para elaborar una ley del suelo; es inconcebible", ha insistido. Por eso ha concluido que defender que la solución a la nulidad del PGOU tiene que venir de la Ley del Suelo "largo me lo fía".
En otro orden, el concejal ha recordado que el equipo de Gobierno informará al resto de grupos políticos municipales sobre los efectos de la anulación en la Comisión de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar el próximo lunes, 23 de enero, y no ha querido adelantar ninguno.
No obstante ha advertido que no se trata de una cuestión sencilla ni que vaya a estar terminada "en días", sino que es un proceso que llevará "bastante tiempo". Igualmente ha matizado que no es cuestión de "blancos y negros", y presenta "grandes incertidumbres jurídicas".
"Estamos intentando encuadrar jurídica y técnicamente los asuntos que tienen que ver con la anulación del plan", y la información disponible al respecto se irá trasladando a los grupos municipales en la Comisión de Desarrollo Sostenible.
Rechazo de Podemos
Podemos Santander ha mostrado su rechazo a esta enmienda parcial por considerar "inaudito" que el TS dicte una sentencia -la anulación del Plan General- "que luego el PP pretende saltarse, lo que nos lleva a preguntarnos de qué nos sirve la independencia judicial si después se buscan atajos para no acatar sentencias".
Además, añade que de esta manera también se saltarían la tramitación "rigurosa" de la Ley del Suelo, a su juicio "otro despropósito".
Desde la formación morada anuncian que su grupo parlamentario votará en contra de esta enmienda y plantean que el nuevo PGOU abra un proceso participativo en el que se dé voz a la ciudadanía.
En una nota de prensa, Podemos destaca que Santander cuenta con más de 10.000 viviendas vacías, lo que a su juicio, "denota la nula necesidad de hacer planes como el PGOU de Iñigo de la Serna recién anulado, en el que prima el hormigón ante la conservación de los barrios".
