A pesar de que el alcalde de Cayón, el ‘popular’ Gastón Gómez, ha asegurado ser “inocente” y no parecía tener intención de dimitir de su cargo a pesar de la condena a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, desde su propio partido le han exigido este lunes que abandone el cargo ante la “necesidad de dar cumplimiento a la sentencia”.
El PP señala que "respeta" el trabajo de los tribunales y "acata" sus resoluciones
“No hay otra salida posible de conformidad con la legalidad", asegura en un comunicado de cuatro puntos en el que, además, deja claro que esta decisión “no es por tanto disponible. No depende de la voluntad del alcalde, del apoyo de su grupo municipal ni de la dirección regional del Partido Popular, es un imperativo legal”.
El PP hace esta exigencia una semana después de conocerse la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 que condenó a Gómez, que gobierna el municipio desde 1999 y ha conseguido varias mayorías absolutas, al considerar probadas las irregularidades en la contratación pública de personal que denunció la oposición entre los años 2007 y 2013. Y lo hace, según señala la formación conservadora, tras analizar jurídicamente la situación en la que se encuentra Gómez.
En este sentido, recuerda que tanto la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los acuerdos reiterados de la Junta Electoral Central y el propio Tribunal Supremo establecen que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por un delito contra la administración pública a pena de inhabilitación especial, "incurren en causa de inelegibilidad e incompatibilidad sobrevenida obligando, una vez sea constatada por el pleno y declarada la correspondiente vacante, a tramitar la credencial de quien haya de sustituirle".
En su escrito, el PP señala que "respeta" el trabajo de los tribunales y "acata" sus resoluciones, "sin perjuicio del derecho a recurrir que asiste al alcalde en virtud del principio de presunción de inocencia". Al respecto, recuerda que la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
También señala que Gastón Gómez, "un compañero muy querido cuya situación personal todos lamentamos, que cuenta con una larga trayectoria de servicio público y que reiteradamente ha merecido la confianza mayoritaria de sus vecinos", pidió tiempo al PP para analizar jurídicamente la sentencia y valorar sus consecuencias políticas, tiempo que la dirección regional del partido "le dio". Añade que la dirección regional del PP indicó en un primer momento, que adoptaría una decisión "tras escuchar y conocer la decisión del alcalde, en un ejercicio de respeto y compañerismo", y "tal y como ha manifestado públicamente el propio alcalde", tras analizar jurídicamente la situación, le trasladó "la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia y presentar su renuncia al cargo público que ostenta".
En relación con las consecuencias de dicha resolución judicial en el ámbito interno, el PP explica que se rige por lo dispuesto en su normativa interna conformada por los estatutos nacionales y el reglamento de organización del partido en Cantabria. "Gastón Gómez no desempeña en la actualidad responsabilidad o cargo orgánico alguno en la formación política. Ni es presidente de la Junta Local, ni miembro de su Comité Ejecutivo Autonómico", añade.
Por otro lado, precisa que la pérdida de la condición de afiliado exige la apertura de expediente sancionador como consecuencia de una resolución judicial firme "que hoy no existe". "No obstante, en cumplimiento de dicha normativa, se procederá a abrir el oportuno expediente informativo para hacer seguimiento de la ejecución de la resolución judicial y las actuaciones del regidor", concluye.
