Podemos quiere lograr que España rechace el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Por ello, la formación liderada por Pablo Iglesias ha presentado en siete parlamentos autonómicos, entre ellos el de Cantabria, una proposición no de ley para oponerse al acuerdo. Asimismo, han pedido al Ministerio de Economía y Competitividad que trabaje por la suspensión de las negociaciones de dicho acuerdo, que se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos desde 2013.
De momento, Podemos ya ha llevado esta proposición a los parlamentos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Murcia y Valencia, así como a las Juntas de Guipúzcoa y Vizcaya. Además, tienen previsto presentarla en las próximas semanas en el resto de los órganos autonómicos en los que está presente.
Con esta acción, la formación morada, que desde hace meses trabaja en el Parlamento Europeo contra el TTIP, busca evitar la aprobación de este tratado y "garantizar unas condiciones de vida dignas para la mayoría". Según han denunciado, no se trata de "un acuerdo comercial tradicional" sino "del intento por parte de las empresas trasnacionales de abrir y desregular los mercados, profundizando en la liberalización de servicios públicos".
Por ello, con esta proposición no de ley también solicitan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a asegurar el carácter público de los servicios sociales útiles.
Acuerdo opaco
"De prosperar este acuerdo, supondría un serio recorte en los derechos laborales, de los consumidores, al medioambiente, a la privacidad y un golpe definitivo a los servicios públicos", alertan, para añadir que se trata de "un acuerdo opaco y antidemocrático que se ha manejado con un intolerable secretismo y en el que la información ofrecida por la Unión Europea a la ciudadanía ha sido escasa y selectiva".
"Frente al TTIP, Podemos defiende la construcción de unas relaciones políticas y comerciales que antepongan los intereses de la mayoría a los intereses corporativos de las transnacionales y se gestionen de una forma transparente, democrática y participativa", defienden.
Esta propuesta forma parte de un paquete de acciones, coordinadas desde la Secretaría de Acción Institucional de Podemos, que los grupos parlamentarios de la formación están llevando a cabo en las instituciones en las que tienen representación con el objetivo de ser más eficaces y devolver las instituciones al servicio de la gente.
