Los grupos del Parlamento de Cantabria (PRC, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) han apoyado por unanimidad una iniciativa para la puesta en marcha de varias medidas para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida en la Comunidad Autónoma.
Toda la Cámara ha votado a favor de la iniciativa de la formación morada con una enmienda transaccional del PP con la que se insta al Gobierno de Cantabria a ampliar el acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas para unificar las bases de datos tributarios y no tributarios necesarios para la lucha contra el fraude fiscal, incluyendo los datos de las declaraciones sobre bienes y derechos en el extranjero y subvenciones.
También se pide promover, dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal en el que está trabajando, la creación de un grupo de trabajo para la detección de bolsas de fraude fiscal y para el diseño de acciones concretas, y que esté formado por técnicos de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y la Agencia Estatal (AEAT).
Para Ordóñez, está "muy bien" que el Ejecutivo esté elaborando un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, pero las medidas de éste deberían ser propuestas por los expertos
Mientras que, con la aprobación de esta iniciativa, se insta al Estado a que impulse un acuerdo entre las Comunidades Autónomas para armonizar y redefinir las exenciones, reducciones, bonificación y deducciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar así la competencia fiscal.
Asimismo, le solicita que la AEAT y la Intervención General centren sus trabajos, a corto y medio plazo, en combatir el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, el control del gasto público y las subvenciones de las grandes empresas y fortunas.
La diputada de Podemos Verónica Ordóñez considera necesarias estas medidas porque el fraude fiscal en la región asciende a más del 22% del PIB, una situación que genera "muchas desigualdades" y que, a su juicio, hay que abordar principalmente dando más competencias a los técnicos e inspectores de hacienda.
Para Ordóñez, está "muy bien" que el Ejecutivo esté elaborando un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, pero las medidas de éste deberían ser propuestas por los expertos en lugar de ser "eminentemente políticas" porque, ha enfatizado, es "necesario recuperar esos ingresos que nos están robando".
La diputada del PP Cristina Mazas cree importante poner en marcha mecanismos del control contra el fraude que, aunque ya existen, pueden ser mejorados y, por ello, los 'populares' han planteado una enmienda transaccional aprobada por Podemos y que marca la iniciativa que finalmente ha salido adelante.
Desde Ciudadanos, Rubén Gómez considera que el fraude es un "problema injusto" que condiciona los presupuestos para políticas públicas pero ha señalado que "para pedir a los ciudadanos que voluntariamente paguen sus impuestos, es necesario que las administraciones den ejemplo y acaben con el despilfarro".
Por parte del PSOE, Guillermo del Corral ha insistido en que el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE ya está preparando un plan de lucha contra el fraude fiscal, abierto a las sugerencias de todos los colectivos.
Mientras que la regionalista Rosa Díaz ha aplaudido la iniciativa que ha considerado "oportuna y no oportunista" porque llega justo cuando el Ejecutivo bipartito trabaja en el citado plan y, por lo que, ha considerado que "viene muy bien" para que estas medidas se puedan incluir en el mismo.
Contrato de Cantabria en Fitur
Lo que no ha salido adelante en este último Pleno antes del parón con motivo de la campaña electoral de los comicios del 26 de junio ha sido la propuesta del PP para instar al Gobierno de Cantabria a que sus servicios jurídicos realicen un informe sobre la tramitación del expediente del contrato de diseño y ejecución del stand de Cantabria en FITUR de las ediciones de 2016 y 2017.
Los 'populares' insisten en que ven "irregularidades evidentes" en el expediente del contrato de diseño del stand de Fitur y pedían el informe de los servicios jurídicos
Los 'populares' insisten en que ven "irregularidades evidentes" en este expediente y pedían el informe de los servicios jurídicos para determinar si, además, había "incumplimientos legales". Además, han criticado la "ausencia de explicaciones" sobre el expedientes ofrecidas, a su juicio, por el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín.
Por su parte, el PRC y PSOE han defendido la "limpieza" del proceso y lo han calificado de "garantista", "objetivado" y "transparente" y han achacado la iniciativa a que el PP está "enfadado" porque el actual Gobierno, el bipartito de regionalistas y socialistas, haya conseguido un contrato más barato sin reducir la calidad.
La proposición no de ley ha recibido el 'no' del PRC y PSOE, partidos que sustentan al Ejecutivo regional, y con la abstención de Podemos, lo que ha hecho decaer la iniciativa, que ha contado solo con el voto favorable del grupo mixto-Ciudadanos y del PP, que era el proponente y que reclamaba que el expediente de los servicios jurídicos del Gobierno fuera elaborado y remitido a la Cámara regional en una semana. También solicitaba que se remita al Parlamento el informe que elabore el Tribunal de Cuentas sobre ese expediente.
La iniciativa constaba de un tercer punto para reclamar al Ejecutivo regional que, en todos los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad, los órganos de contratación de las entidades del sector público empresarial y fundacional de Cantabria sean asistidos por una mesa de contratación que valore las ofertas y que esté compuesta en su mayoría por técnicos.
A la iniciativa del PP los regionalistas han presentado una enmienda de sustitución para que el Parlamento inste al Gobierno regional a que reclame al Ejecutivo central a modificar el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en lo relativo a la composición de las mesas de contratación para garantizar de "manera más adecuada" la "transparencia y objetividad" de los procesos de contratación.
El PSOE y Podemos anunciaron que votarían a favor de la iniciativa si se aceptaba la enmienda del PRC, algo que el PP no ha hecho al considerar que "no hay que modificar" la ley nacional sino solo las instrucciones en materia de contratación de los entes pertenecientes al sector público de Cantabria.
El PP ha recriminado a la formación morada su abstención ya que el diputado 'popular' Santiago Recio ha asegurado que los podemitas le habían dicho que la iban a apoyar. Recio ha achacado la postura de Podemos a su intento de "echar una mano" al Gobierno regional. "No sé qué le habrán dado", ha dicho.
Renovación de directores de colegios
Por otro lado, la 'popular' Mercedes Toribio ha interpelado al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, sobre el proceso de renovación de 97 directores de centros educativos, sobre el que ha indicado que le han llegado "quejas" y en el que ha acusado a Ruiz de aplicar "su sectarismo".
El titular de Educación ha asegurado que la valoración de las candidaturas se ha hecho según la orden vigente durante el Ejecutivo del PP y con la que, ha dicho, los 'populares' nombraron a ocho nuevos directores.
"Nosotros lo hacemos con 97 centros, en 24 no se han presentado candidaturas y sólo en 8 ha habido algún problemilla, que ya se ha solucionado", ha apuntado Ruiz, que ha señalado que, en los otros 73, sus proyectos han sido valorados por una comisión" formada por personal de inspección, docentes del claustro y miembros del Consejo Escolar.
"¿Está diciendo usted qué éstos han manipulado los resultados? Le debería de dar vergüenza", ha espetado el consejero a Toribio, al tiempo que ha defendido el proceso "complejo pero limpio" desarrollado desde la Consejería.
Sin embargo, Toribio ha insistido en un caso concreto, en el que ha acusado al consejero socialista haber aplicado "su sectarismo ya en cuatro ocasiones" y lo ha hecho porque, según la diputada 'popular', "no está dispuesto a que se le cuele nadie que usted vincule al PP".
