La formación liderada por José Ramón Blanco ya lo anunció este lunes. Podemos quería presentar una solicitud para que el Parlamento creara una comisión de investigación que aclarara el destino de los 18 millones de euros públicos invertidos en Ecomasa-Nestor Martin por el Gobierno de Ignacio Diego (PP). Pero la sorpresa, como el propio portavoz de la formación morada ha manifestado, ha llegado cuando momentos antes de registrarla el Grupo Parlamentario Popular ha tratado de corregir la decisión tomada en el Pleno. Y lo ha hecho a través de su portavoz, Eduardo Van den Eynde, que ha explicado a Blanco su intención de incorporarse al resto de partidos, provocando así la unanimidad para esta iniciativa que los 'populares' califiaron de "venganza política" menos de 24 horas antes.
Para Podemos, la incorporación del PP es una “pequeña sorpresa”. “No sé cuántas veces ha habido unanimidad en una comisión de investigación de una actuación de un gobierno”, ha declarado Blanco, quien ha reconocido que “será un proceso largo” cuyo comienzo no será “hasta febrero”, pues la actividad parlamentaria se parará con las elecciones generales del 20 de diciembre.
“Me parece perfecto que ellos mismos quieran clarificar los problemas”, ha señalado el líder de Podemos en Cantabria respecto al apoyo del PP. A su juicio, es “un paso más en esta nueva forma de hacer política”, por lo que “lo valoramos como positivo, igual que valoramos como positivo que el resto de partidos se hayan querido unir”.
“Será un proceso largo” cuyo comienzo no será “hasta febrero”
La decisión del PP, sin embargo, trata de desviar la atención del hecho de que fueron los ‘populares’ los que, además de invertir 18 millones y no controlar el destino que se dio a dicha cantidad, convencieron a los trabajadores para depositar los 3,2 millones de sus indemnizaciones por el despido de Teka. En este sentido, el propio Van den Eynde ha reconocido la intención del PP de derivar responsabilidades políticas al nuevo Gobierno PRC-PSOE y conocer "por qué ha tomado esa decisión que ha supuesto la finalización de la planta”, cuando los propios gestores consideraban que era una empresa viable. Unos gestores que ahora mismo se encuentran inmersos en un proceso judicial por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.
Llamaremos a los responsables del anterior Gobierno”, desde el presidente, Ignacio Diego o la consejera de Economía, Cristina Mazas
En otro orden de cosas, el líder de la formación morada en Cantabria no ha revelado todavía qué personas declararán ante la comisión, sí ha indicado que “por supuesto, llamaremos a los responsables del anterior Gobierno”, desde el presidente, Ignacio Diego o la consejera de Economía, Cristina Mazas, hasta los directores generales, así como el responsable del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF). Asimismo, ha revelado que “los propios trabajadores ya nos han comunicado que quieren declarar”.
Modificación sobre la marcha
La decisión del PP, que “no ha dado ninguna explicación” del repentino cambio de actitud, ha obligado a Blanco a realizar una modificación “sobre la marcha” del escrito a presentar, pues “inicialmente no estaban incluidos, como ayer no lo dijeron en el Pleno…”.
Para el líder de Podemos, la comisión debe, ante todo, aclarar “todas las dudas que tenemos”. Aunque ha recordado que ya existe un proceso judicial abierto que está investigando el caso, “entendemos que debe darse una separación de poderes real”, algo que a su juicio justifica “crear esta comisión para que se aclaren las decisiones políticas que se tomaron en su momento”, bajo el Gobierno de Ignacio Diego.
“Hasta ahora no se ha explicado aquí por qué, por ejemplo, no se pidió a los trabajadores que no formaran parte de la empresa, cuando fueron los segundos que más aportaron, por encima incluso de los propietarios”, ha explicado Blanco.
Ya existe un proceso judicial abierto que está investigando el caso
Acabar con la rumorología
La presentación de la solicitud en el Parlamento ha estado acompañada, además, por la presencia de Van den Eynde para explicar los motivos del PP que sustentan el ágil cambio de opinión que les ha permitido a última hora formar parte de esa iniciativa como un partido más, modificando así la imagen del partido que decidió invertir los 18 millones de euros públicos en Nestor Martin.
Para el portavoz ‘popular’ en el Parlamento, “mucho mejor que la rumorología y mucho mejor que las falsas acusaciones que sobrevuelan continuamente el debate político es que se conozcan de verdad los hechos”. Por ello, se ha mostrado convencido de que el proceso permitirá que “la actuación y la honorabilidad de las personas” que desde el gobierno del PP promovieron este proyecto empresarial quede limpia.
Va a pasar mucha gente tanto del anterior gobierno, como de los propios responsables privados
Sin embargo, Van den Eynde ha ido un paso más allá y ha asegurado que el proyecto ha resultado fallido "fundamentalmente porque el gobierno actual ha querido liquidarlo definitivamente, porque todavía los propios gestores decían que existía viabilidad y que se podía haber mantenido", algo que no concuerda con la información conocida con la auditoría forense.
En cuanto a las comparecencias que se solicitarán, Eduardo Van den Eynde ha explicado que "va a pasar mucha gente tanto del anterior gobierno, como de los propios responsables privados, los empresarios del proyecto, los técnicos que hayan tenido algo que ver en los informes de viabilidad del proyecto", pero también "los actuales, puesto que los actuales han tenido responsabilidades como digo en la toma de decisiones que han abocado al cierre de la fábrica".
