El Parlamento de Cantabria ha pedido al Gobierno de Cantabria que la auditoria solicitada a la Intervención de la comunidad autónoma sobre la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) se extienda, no solo a los de la presente legislatura, sino también a la anterior, en la que gobernó el PP, único partido que se ha abstenido este lunes a esta petición.
Con la iniciativa aprobada en el Pleno del Parlamento, que ha partido inicialmente del PSOE pero ha sido enmendada por Podemos, se pide que se examinen todos los contratos "tramitados, adjudicados o ejecutados desde el año 2011 hasta la actualidad", lo que supone extender el periodo a analizar respecto al que se solicitaba en la petición aprobada el 21 de mayo en la Cámara regional.
Así, la petición aprobada en mayo se limitaba a pedir una auditoría de los años 2016 y 2017 ya que su impulsor, el PP, no aceptó entonces unas enmiendas de Podemos y el PSOE para que ésta abarcara desde los ejercicios 2011 y 2012.
En la iniciativa original del PSOE se pedía que la auditoría abarcara desde 2012
Esta negativa de los 'populares' ha sido la que ha llevado a los socialistas a presentar la proposición no de ley que se ha debatido este lunes y que ha salido adelante con el apoyo de PSOE, PRC, Podemos y los dos diputados del grupo mixto, Rubén Gómez (Ciudadanos) y Juan Ramón Carrancio.
En la iniciativa original del PSOE se pedía que la auditoría abarcara desde 2012 ya que, según han explicado, es el año en el que entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, si bien los socialistas han admitido finalmente una enmienda de sustitución de Podemos que añade el 2011 entre los que se deben analizar.
Además, en base a la enmienda de la formación morada, se analizará la contratación del SCS y de "todas las gerencias" que dependen de este órgano.
También, tal y como reclamaba Podemos en su enmienda, en la resolución aprobada se solicita también que se ponga en conocimiento de la Fiscalía todos los contratos que se analicen y, "en especial", el público-privado del hospital Valdecilla, suscrito por el PP en la pasada legislatura.
Y es que la formación morada insiste en que hay "sospechas fundadas" de que hay irregularidades en el contrato público-privado de Valdecilla.
El PP ha presentado también dos enmiendas a la iniciativa del PSOE que han sido rechazadas. Una de ellas era de sustitución a la de los socialistas ya que pedía que la auditoría se extendiera no solo hasta 2011, sino hasta 2002, año en que la comunidad autónoma recibió las competencias en materia de sanidad.
El PP se ha abstenido al considerar que la extensión del periodo de la auditoría a 2011 es una "maniobra más" de la consejera de Sanidad
La otra enmienda era de adición para solicitar que la documentación se analice comenzando por aquellos más recientes.
ABSTENCIÓN DEL PP
El PP se ha abstenido al considerar que la extensión del periodo de la auditoría a 2011 es una "maniobra más" de la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), para "tratar de esconder lo que tiene en casa".
Los 'populares' han asegurado no tener "inconveniente" en que se analicen los contratos del SCS "desde el origen de los tiempos" pero han criticado que se intente presentar que en el periodo del PP como en la presente legislatura se está hablando de lo mismo cuando, a su juicio, no es así.
El portavoz del PP de Cantabria y diputado, Íñigo Fernández, ha llamado la atención que de la etapa del PP en el SCS (2011-2015) no hay ni denuncias ni expedientes que hablen de "irregularidades", algo que -ha insistido- si ha habido en la actual legislatura.
El diputado del PP ha insistido en que el informe de la Inspección Sanitaria sobre las supuestas irregularidades denunciadas por la jefa de Contratación del SCS y por el PP "certifica" la existencia de fragmentación de contratos y otras irregularidades, con lo que, a su juicio, ahora "hay muchas más" razones para la Fiscalía y la Intervención investigue el caso.
Además, ha señalado que serán los tribunales, y no un informe "de parte" como, a su juicio, es el realizado por la Inspección Sanitaria a instancias del Consejo de Gobierno, el que determine si hay o no delitos.
Los 'populares' han insistido en acusar a Real de intentar "tapar" el asunto y le han advertido de que este tema -que ya ha provocado la dimisión del gerente del Servicio Cántabro de Salud y de su subdirector de Gestión Económica- "le va a llevar por delante".
Por su parte, el diputado del grupo mixto Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha aprovechado su intervención para reclamar la dimisión de la consejera por haber "ocultado" información al Parlamento sobre este asunto y por intentar que estas presuntas irregularidades pasaran "de tapadillo".
PRC
Mientras, PRC y PSOE, los grupos que sustentan al bipartito en la Cámara, han insistido en que el informe de la Inspección Sanitaria señala que no hay "ilícitos penales", solo algunas "incidencias contractuales" o "irregularidades administrativas", y han acusado al PP de intentar "enfangar el terreno" y "sembrar dudas" sobre el SCS con "graves" acusaciones de delitos.
"Hay irregularidades pero aquí nadie ha metido la mano en la caja de dinero público", ha subrayado la regionalista Rosa Valdés, quien ha advertido al PP que "esto no es la trama Gürtel del PP", que -ha recordado- ha sido la "tumba" del Gobierno de Mariano Rajoy.
