Izquierda Unida de Cantabria ha pedido al Ejecutivo autonómico que "haga su parte" y atienda las reivindicaciones que llevan trasladando durante toda la semana los pensionistas "en su lucha por la dignidad".
En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha mostrado su "total respaldo" a las reclamaciones de la Coordinadora de Cantabria por unas Pensiones Dignas en el encuentro mantenido hoy en Astillero, parada de las marchas iniciadas este lunes por el colectivo y que culminarán con una manifestación mañana sábado en Santander en la que IU participará activamente.
En este escenario, Izquierda Unida ha pedido al Gobierno Central que "se deje de parches" y arbitre medidas para una solución definitiva a la sostenibilidad del sistema más allá de los "anuncios puntuales".
En concreto, desde IU defienden a través de su diputada nacional, Yolanda Díaz, no sólo garantizar "como mínimo" que en los próximos presupuestos se suba las pensiones acorde al Índice de Precios de Consumo (IPC), sino que también esté fijado por ley y sea de obligado cumplimiento y no esté sujeto a la arbitrariedad del Gobierno de turno.
En línea autonómica, la líder de IU ha recordado al Gobierno cántabro y al presidente, Miguel Ángel Revilla, que hay reivindicaciones en materia de pensiones que están "dirigidas directamente a las instituciones cántabras" porque, ha remarcado, "Cantabria puede hacer algo más que esperar a que el Estado haga algo y puede tomar decisiones".
Así, ha recordado que los pensionistas agrupados en la Coordinadora piden a PRC-PSOE que arbitre medidas, como ayudas para que los suministros de energía, teléfono o transporte público puedan ser gratuitos para las pensiones menores, además de "garantizar" el acceso a las residencias de mayores "independientemente de la cuantía de la pensión".
Sin embargo, lamenta Martínez, el compromiso del Ejecutivo autonómico con la defensa de lo público "no casa muy bien" con la pérdida de plazas de residentes y la "incertidumbre" en la plantilla de trabajadores en las instituciones públicas, como en el CAD de Sierrallana, o la externalización de La Pereda, que en su opinión ha supuesto perder la oportunidad de crear plazas públicas "en un lugar privilegiado".
