El Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy se ha apresurado a limitar el margen de maniobra de varias comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, para volver a ofrecer una atención sanitaria universal. A través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ejecutivo ha advertido a las comunidades autónomas que han llevado a cabo estas iniciativas que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha asegurado durante su comparecencia en el Congreso para detallar la partida de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "si no se hace bien, las consecuencias pueden ser catastróficas”.
Y es que, además de Cantabria, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares ya han anunciado diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo Ana Mato.
La reacción en la región no se ha hecho esperar. El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, considera una "amenaza inadmisible" las palabras del secretario general de Sanidad. "Las comunidades autónomas lo hacen en el marco de sus competencias y el que debe rectificar su posición equivocada es el Gobierno. Si hay amenazas de multas deberían ser al Gobierno", ha insistido.
A su juicio, en el Ejecutivo "están nerviosos porque la iniciativa de las comunidades autónomas les ha desmontado su estrategia electoralista", tras el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que iba a dar asistencia a los inmigrantes. Ante esta situación, según ha avanzado Martínez Olmos, el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia del ministro de Sanidad para que ofrezca explicaciones.
Estudio de la constitucionalidad
El 'número dos' del departamento de Alonso ha asegurado que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y como hacen con toda la normativa autonómica, está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invade competencias estatales o vulnera la Constitución y, en ese caso, "el Estado tendría que actuar".
Sin embargo, ha añadido Moreno, el "problema más grave" es que esas normas abren la puerta a reconocer el derecho de ser atendidos por la misma vía a todos los pacientes europeos "en lugar de buscarse sus seguros o tarjetas de sus países de origen", algo a lo que las comunidades no podrían negarse ya que "tendría consecuencias como país".
Según ha explicado el secretario general de Sanidad, España ya estuvo a punto de ser condenada en 2011 como consecuencia de un dictamen motivado de la Comisión Europea por este mismo motivo, lo que fue uno de los motivos que propició la reforma sanitaria un año más tarde.
"Y si fuéramos condenados como estuvimos a punto de serlo, supondrá una multa millonaria por cada día que pasa de incumplimiento, se paralizan todos los fondos europeos que recibe a España, y se debe asumir la tesis de que cualquier ciudadano europeo que venga, tenga o no seguro, se le tiene que dar tarjeta sanitaria", ha avisado.
El problema, según el secretario general de Sanidad, es que en las comunidades "hay consejeros de ahora que no lo saben" y por ello les ha ofrecido asesoramiento "en todo lo que necesiten" para evitar esta situación.
Un sistema alternativo
De hecho, Moreno ha recordado que el Ministerio ya había negociado con los anteriores gobiernos autonómicos un sistema para ofrecer una asistencia sanitaria más completa a los inmigrantes irregulares (ahora solo pueden ser atendidos en Urgencias, durante el embarazo y en edad pediátrica) a través de un documento con un código específico (no una tarjeta) que les permitiera recibir Atención Primaria y, si fuera necesario, ser derivados al especialista.
Para ello, Sanidad establecía como condición un periodo mínimo de empadronamiento de un año y la imposibilidad de exportar ese derecho a la atención sanitaria más allá de la comunidad de residencia. Moreno ha asegurado que este sistema se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial del SNS.
Fondos de maniobra
Por otro lado, el secretario general de Sanidad también ha defendido que el Fondo de Cohesión, que ha desaparecido del proyecto de Presupuestos para 2016, ya era extrapresupuestario desde 2013 y ha propuesto a las comunidades que pongan en marcha "fondos de maniobra" para costear la atención de sus ciudadanos cuando están en otra comunidad.
Moreno ha asegurado que esta atención se sigue cubriendo, pero ahora se hace con el dinero que recibe España de atender a otros ciudadanos de países de la Unión Europea, que suele rondar los 520 millones de euros anuales, lo que ha hecho que el Gobierno decidiera suprimir el Fondo de Cohesión a partir de 2013.
Además, Moreno ha explicado que eso ha permitido cubrir una atención más integral como la Atención Primaria y el gasto en medicamentos, ya que el Fondo de Cohesión sólo cubría la especializada.
No obstante, propone que si las comunidades provisionaran una partida específica para cubrir este gasto no tendrían que esperar a final de año a que el Gobierno ajuste el balance de lo que han gastado las comunidades en atender a otros ciudadanos y lo que deben abonar por la atención de sus ciudadanos en otras comunidades.
