La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha anunciado este martes, durante su comparecencia en Comisión parlamentaria, que el Ejecutivo pretende elaborar una nueva Ley del Suelo y otra que regule la Renta Básica. Estas medidas están acompañadas de la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y los planes generales (PGOU) de los municipios litorales; la negociación con la Universidad de Cantabria de un contrato programa para cuatro años; un programa regional de becas para universitarios; y el II Plan de I+D+i.
Durante su intervención, Díaz Tezanos ha trasladado a los grupos parlamentarios su disposición "al diálogo, al acuerdo y al pacto"; les ha asegurado que no encontrarán en ella "ningún frontón" sino que incorporará a la acción del Gobierno las propuestas que supongan mejoras; y les ha pedido "generosidad y amplitud de miras" para alcanzar "grandes acuerdos en los asuntos esenciales".
"No venimos a hablar de la herencia recibida", ha afirmado Díaz Tezanos en una intervención en la que ha abogado por dar "a cada problema, una solución, la mejor solución". Y en la que además se ha comprometido a poner de nuevo en marcha el Consejo de la Mujer, y a presentar una ley de igualdad y un plan especial para la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres.
La vicepresidenta ha esbozado los objetivos de legislatura de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, destacando en primer lugar que la estructura de este departamento, cuestionada desde los grupos de la oposición, responde a la voluntad de aunar las tres prioridades de la Estrategia 2020 de la Unión Europea: "la apuesta clara por un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social".
No afecta a los procesos en marcha
En el área de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, la vicepresidenta se ha propuesto entre otros objetivos la aprobación del PROT y del mayor número de planes generales de ordenación urbana (PGOU), en especial los de Torrelavega y Camargo y los de los municipios litorales para su adaptación al POL.
Asimismo, ha anunciado la elaboración de una nueva Ley del Suelo que "favorezca el acceso a la vivienda, la recuperación del patrimonio, los crecimientos compactos, el límite a la dispersión de los núcleos y que ofrezca a los pequeños municipios planeamientos más sencillos, con el mayor consenso social".
Esta nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo sustituiría a la aprobada por unanimidad en 2001, que en la legislatura del PP sufrió varias reformas que en la mayoría de los casos contaron con el voto favorable del PRC y el voto en contra del PSOE.
Sin embargo, y debido a los plazos legales para la aprobación de dicha ley, algunos de los procesos actuales que afectan a vecinos por toda Cantabria no podrían ser incluidos en la reforma. Uno de los casos más claros es el de los vecinos del Pilón, en Santander. La propia Díaz Tezanos ha afirmado que “no llegaría a tiempo”, pues además del trabajo previo y la posterior aprobación parlamentaria, el tiempo de espera es de más de dos meses.
Hay que recordar que la empresa concesionaria ha decidido paralizar el proceso durante tres meses, aunque dicha paralización está condicionada a la reanudación de los trámites en el mismo punto en el que se dejen, por lo que los vecinos se enfrentan a una fecha límite de tres meses. En el mejor de los casos, la reforma de la Ley del Suelo llegaría al final del plazo otorgado por la concesionaria.
Sentencias de derribo
En relación a las viviendas afectadas por sentencias de derribo, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno estará a lo que dispongan los tribunales de Justicia en todo lo referente a la ejecución de las sentencias; respetará y cumplirá los convenios firmados por el Gobierno anterior con las familias afectadas y con los Ayuntamientos y asumirá las consecuencias económicas que dictaminen los jueves.
Además, se ha comprometido a impulsar el mayor número de nuevos convenios y expedientes de responsabilidad patrimonial para llegar a los correspondientes acuerdos indemnizatorios y a la satisfacción de los daños morales sufridos por los terceros de buena fe.
Por otro lado, el Ejecutivo regional pretende "demandar y colaborar" con el Gobierno central para que se ejecuten "cuanto antes" las grandes obras de saneamiento y abastecimiento pendientes de ejecución por el Estado por ser de interés general; así como para tramitar de nuevo el proyecto del Bitrasvase del Ebro, anulado por los tribunales, y que se finalicen y pongan en servicio los últimos tramos de la Autovía del Agua.
Además, hay que buscar una alternativa a la sentencia de derribo de la depuradora (EDAR) de Vuelta Ostrera, una "patata caliente" que "preocupa mucho" a la vicepresidenta porque su coste "sobrepasará los 87 millones de euros" y supondrá "un gran quebranto económico para el Estado".
Díaz Tezanos ha acusado al PP de "engañar a los ciudadanos" tanto con Vuelta Ostrera, cuando Ignacio Diego dijo que "expropiaría la sentencia", como con las viviendas con orden de derribo, porque "no ha legalizado ninguna vivienda" y "no ha resuelto el problema".
La vicepresidenta también se ha comprometido a desarrollar la Ley del Paisaje, el Plan de Movilidad Ciclista (PMCC), el Plan Besaya 2020 o el plan de abastecimiento y saneamiento, aprobados por el anterior Gobierno; a aprobar un plan de acción para la erradicación de plantas invasoras, una Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático y un plan de residuos 2016-2021; y a extender las exenciones y bonificaciones para las familias de rentas más bajas a las tarifas del agua y la basura.
Universidades e investigación
En materia de universidades e investigación, Díaz Tezanos ha anunciado que este viernes se constituirá la mesa negociadora Gobierno/UC para elaborar las bases del segundo contrato-programa, que como el primero, puesto en marcha en el anterior mandato del bipartito PRC-PSOE, tendrá una vigencia de cuatro años para dotar a la UC de un marco de financiación estable y que el rector no tenga que estar "mendigando" año a año como, en su opinión, ha ocurrido en la legislatura del PP.
Y frente a quienes critican que la universidad se haya desgajado de la Conserjería de Educación, la vicepresidenta ha asegurado que "ha sido muy bien recibido por el sector universitario" y que así se lo ha trasladado el rector, José Carlos Gómez Sal. Además, ha anunciado un plan de diagnóstico de la situación de la universidad en Cantabria y la puesta en marcha de un programa regional de becas que garantice la igualdad de oportunidades de los jóvenes.
Por otro lado, Díaz Tezanos pretende poner en marcha el II Plan Regional de I+D+i -el primero también data del anterior mandato de la coalición PRC-PSOE-, con el fin de "volver a coger el tren" en este ámbito y recuperar a lo largo de la legislatura el porcentaje de inversión respecto al PIB regional de 2010.
Política social
En el área de política social, en el que el PP ha acusado a la vicepresidenta de seguir "instalada en el anuncio sin poner en marcha una sola medida", pese a que dispone de "17 millones de crédito sobrante en el ICASS", los objetivos del Gobierno pasan por desarrollar la Ley de Derechos y Servicios Sociales y elaborar un plan estratégico de servicios sociales acompañado de planes sectoriales de emergencia social, apoyo a las familias, servicios sociales de atención primaria y dinamización demográfica.
Además de los cambios ya anunciados en la renta social básica (RSB), que se introducirán a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2016, Díaz Tezanos ha explicado que se harán más modificaciones a través de un proyecto de ley de renta básica. También ha prometido una ley de derechos de las personas con discapacidad y desarrollar la ley de lenguas de signos.
Asimismo, ha señalado que a las medidas más urgentes para atender la "emergencia social" seguirán nuevas medidas, con la implicación de todo el Gobierno, a través de la convocatoria el próximo día 28 de una comisión interdepartamental.
La vicepresidenta también se ha comprometido a legislar para dejar sin efecto las modificaciones de la reforma local en lo que a los servicios sociales de los ayuntamientos se refiere; reactivar el Consejo Asesor de Servicios Sociales y el Consejo Cántabro de Apoyo a las Familias; y "reconstruir" el sistema de atención a la dependencia. El PP ha asegurado que "no hay nada que reconstruir" porque Cantabria "no ha dejado de ser líder y referente nacional" en este ámbito.
