viernes. 29.03.2024

La opinión pública conoció en la noche del jueves que el Fondo Social Europeo no iba a financiar la mitad del programa de contratación de desempleados que el Gobierno del Partido Popular, con Ignacio Diego a la cabeza, puso en marcha unos meses antes de las elecciones de mayo, y que pretendía contratar a 4.000 personas. El motivo son las irregularidades denunciadas ante Bruselas. Lo que ha desvelado la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, es que el Ejecutivo regional ya “comunicó a Europa” su decisión de renunciar a esta ayuda “13 días antes de las elecciones”.

A juicio de Tezanos, esto “explica pero no justifica la falta de transparencia y el oscurantismo” con el que ha actuado el PP durante los meses de transición en el Gobierno regional. En este sentido, ha asegurado que no se informó de este Plan de Empleo “ni siquiera en el traspaso de poderes” al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

La vicepresidenta ha remarcado que “no es el Gobierno el que pierde 14 millones, sino los ciudadanos de Cantabria y los más de 50.000 parados” que hay en la región. “Este Plan de Empleo nos va a costar a los cántabros 28 millones de euros”, lo que para portavoz del Ejecutivo es “un importante siete”.

Díaz Tezanos también ha asegurado que “si se ha perdido” la financiación europea “no es por reclamaciones”, sino por “la dejadez e incapacidad del Gobierno del PP y por las irregularidades en la convocatoria”, algo que ya señalaba en un escrito ante la Unión Europea (UE) del 11 de mayo la entonces directora del Servicio de Empleo, María Ángeles Sopeña. A pesar de ello, la vicepresidenta ha aclarado que “algunos ayuntamientos lo hicieron bien”, por lo que lo que ha llegado a Bruselas son los casos de las actuaciones irregulares de otros municipios.

Clientelismo político

Como ha explicado la consejera de Urbanismo, Medio Ambiente, Universidades y Servicios Sociales, esto “supone agravar aún más la situación económica” de Cantabria, pues añade estos 14 millones de euros a la deuda dejada por el anterior gobierno del PP.

Eva Díaz Tezanos ha lamentado que, además del agujero económico que se produce, se genera una “imagen de desconfianza” ante la UE, que “ahora nos mirará con lupa”. Según sus propias palabras, este “nuevo marrón que nos hemos encontrado” demuestra que “el PP no pensaba en los parados, sino en el clientelismo y los réditos políticos” de su decisión.

Preguntada sobre la forma de solventar esta situación, Díaz Tezanos ha reconocido que “los 14 millones no están consignados”, reiterando además que “se suman al agujero ya hecho”. Según ha revelado, “ahora se está analizando toda la documentación”, pero dado que la partida presupuestaria forma parte del Programa Operativo 2014-2020 se va a estudiar la forma de incluirlo en el plan.

Chapuza monumental

Las reacciones desde el Gobierno regional también han llegado por boca de su presidente, Miguel Ángel Revilla, que ha calificado de “chapuza monumental” el procedimiento fijado en la Orden para realizar estas contrataciones, y no ha descartado que Cantabria tenga que renunciar a más subvenciones europeas.

"Van a ir saliendo más cosas", ha dicho el presidente regional, quien ha aludido a la posible pérdida de cerca de un millón de euros concedido por el Estado para la rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas porque "no se ha justificado adecuadamente".
Revilla ha explicado que el actual Gobierno de Cantabria conoció “hace una semana" la pérdida de esos 14 millones después de que, según ha apuntado, el anterior Ejecutivo no pudiera remitir a Europa las justificaciones solicitadas acerca de esas contrataciones y los procedimientos seguidos.

"Europa da dinero pero Europa es una cosa seria, exige que los que se contraten se hagan por procedimientos adecuados y unas normas de contratación", ha dicho Revilla, quien considera que esto no ha ocurrido en estas contrataciones.

Según Revilla, "en la mayor parte" de los ayuntamientos que han realizado estas contrataciones lo que ha habido es "proselitismo electoral", y ha criticado que la Orden solo ha servido para sacar 4.000 parados de la lista del paro durante unos meses y, de este modo, "aliviar la situación electoral" del PP de cara a las pasadas elecciones autonómicas.

El presidente regional ha reconocido que ahora habrá que "quitar de otros sitios" esos 14 millones que Cantabria tenía comprometidos de Europa, si bien no ha especificado las partidas concretas que se verán afectadas. Según ha explicado, esto se conocerá una vez que empiecen a confeccionarse los Presupuestos de Cantabria para 2016 y después de un "debate político" en el seno del Consejo de Gobierno en el que, primero, se atenderá "lo más urgente", que es, según ha apuntado, la educación, la sanidad y la dependencia.

Finalmente, ha adelantado que el consejero de Economía comparecerá próximamente para dar a conocer a los cántabros la situación real de Cantabria en estos momentos.

Proyecto con carácter electoral

El carácter electoralista denunciado por Díaz Tezanos y Revilla es algo que ya denunciaron PRC y PSOE mientras estaban en la oposición. El 13 de octubre de 2014 el Gobierno de Ignacio Diego publicó la orden que establecía la contratación de los 4.000 desempleados en dos fases, la primera de ellas en pleno periodo electoral. Dado que, según el Ejecutivo regional del PP, dicho proyecto se enmarcaba en la programación del Fondo Social Europeo, el 50% estaba financiado por Bruselas.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en Cantabria hay 50.500 desempleados, por lo que esta contratación implicaría una reducción del 8%, algo en lo que el PP hizo hincapié durante la campaña electoral, obviando el hecho de que poco más de 10 días antes de las elecciones renunció a los 14 millones de euros provenientes de Europa, como ha remarcado Díaz Tezanos.

Las irregularidades, según las denuncias vertidas por UGT y algunos ayuntamientos, llegaron cuando se dejó en manos de los consistorios la responsabilidad del proceso de contratación, provocando falta de consenso en los criterios de selección. En algunos casos, como se ha denunciado en Santander, las entrevistas tenían un mayor peso en la decisión final que la formación o la experiencia presentadas, y las puntuaciones de los candidatos han carecido de la transparencia exigida por los propios desempleados.

El Gobierno de Diego ocultó el agujero de 14 millones por interés electoral
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