Los datos del paro del mes de febrero reflejan una realidad incuestionable: Cantabria está sumida en un ciclo de destrucción de empleo que, por ahora, no logra romperse. Los 51.399 desempleados, de los que 49 más pertenecen al segundo mes de 2016, representan un dato incuestionable. Pero dentro de la gravedad de estas cifras existe un margen para que algunos dirigentes políticos las utilicen como arma política manipulando y falseando el balance final de desempleados.
En la comparativa entre febrero de 2015 y febrero de 2016 el balance interanual deja un aumento del paro del 5,95%. Pero este porcentaje podría no ser tan alto en realidad. El líder regional del PP, Ignacio Diego, presidente de Cantabria en la legislatura 2011-2015, manipuló los datos del paro de ese mismo mes excluyendo a los desempleados que solicitaban orientación laboral. Y es esta orientación la que redujo la lista de desempleados en 4.204 personas, que consecuentemente no se contabilizaron en el paro de aquel mes, que se cerró en 48.514 desempleados.
La exclusión de la orientación laboral de los datos del paro redujo la lista en 4.204 personas en febrero, que se cerró en 48.514 desempleados
“No quiere decir que no se hayan realizado cursos de formación” en esa fecha, ha señalado Marzal, que tomó posesión de su cargo en agosto de 2015, pero “si en el cajón de los cursos se mete a gente que no está haciendo cursos ni nada que encaje en la orden de 1985, se están manipulando los datos, se están falseando”, ha opinado la directora del Servicio Cántabro de Empleo.
La orden a la que hace referencia Díez Marzal es la conocida como ‘Orden Almunia’ de 1985, que establece los criterios que se siguen para introducir o no a los desempleados en la lista del paro, convirtiendo los registros en “instrumentos técnicos”. Según dicha norma, las personas desempleadas que realizan cursos de formación de más de 20 horas no se contabilizan como paro, al igual que ocurre, por ejemplo, con los trabajadores afectados por un ERE de suspensión. Es lo que se conoce como “demandas suspensas con intermediación”. Dicha suspensión se debe a que el afectado realiza “algún tipo de actividad”, que básicamente es esa formación para el empleo.
En base a esta tergiversación de los datos, el paro registrado en febrero de 2015 habría sido muy superior al que se ha conocido en este mes de 2016. “Dentro de los 4.204 desempleados en las demandas suspensas con intermediación hay varios que realizan cursos, pero más de 3.000 no lo son”, ha afirmado Díez Marzal.
Las personas desempleadas que realizan cursos de formación de más de 20 horas no se contabilizan como paro, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores en un ERE de suspensión
Hay que recordar que hace un año el Gobierno de Cantabria de Diego forzó las contrataciones de las Corporaciones Locales para poder acudir a las elecciones municipales y regionales con un descenso del desempleo más que notable. Posteriormente se ha sabido que dichos concursos han sido irregulares, lo que ha impedido que la región reciba 14 millones de euros de la subvención europea.
Dato interanual insalvable
Con estos datos, la diferencia anual es “insalvable, conduce a la melancolía” y, lo que puede ser más grave, “cuesta años arreglarlo”. De hecho, los datos sobre el papel no dejan lugar a dudas. En febrero de 2016 ha habido 822 demandas suspensas con intermediación, y en enero 293, precisamente cuando se volvió a la norma y no se introdujo a los parados en ese ‘cajón’.
Esta irregularidad ya fue denunciada por la oposición al Gobierno del PP en sesión parlamentaria, donde se preguntó de dónde surgían las 4.204 personas. La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno ‘popular’, Cristina Mazas, argumentó entonces que la gente en cursos de formación nunca se ha contabilizado para las listas del paro. Lo que al parecer no reveló es que entre esos desempleados había personas que no realizaban los cursos.
