martes. 23.04.2024

El Parlamento de Cantabria ha acordado este lunes, por unanimidad, crear un "frente común", junto con el Gobierno regional, la dirección de Sidenor y el comité de empresa, para defender la viabilidad de la planta en Reinosa, con el mantenimiento de su producción y la estabilidad de la plantilla, compuesta por cerca de 700 trabajadores directos, a los que se suman los puestos indirectos e inducidos.

El acuerdo ha sido gracias al respaldo de todos los grupos con representación en la Cámara (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) a una iniciativa de los 'populares', orientada a articular las medidas necesarias para fomentar la continuidad de esta factoría, y a la que se ha incorporado una enmienda de los podemitas, que ha sido apoyada por el resto de diputados.

Así, según la proposición no de ley que ha salido adelante, el Legislativo insta al Ejecutivo autonómico a trabajar conjuntamente con la dirección del grupo Sidenor y el comité de empresa en la planta de Reinosa, en un plan industrial de viabilidad de negocio de la planta, de modo que se garantice la continuidad de la misma a medio plazo y, por ende, la estabilidad de sus trabajadores.

El plan, propuesto dada la "importancia estratégica" de esta factoría para el desarrollo económico y social de la comarca de Campoo, incluye la modernización tecnológica de su línea de laminación, a fin de aumentar su productividad, competitividad y gama de producto, y el análisis de las posibilidades de negocio de la línea de piezas.

José Ramón Blanco ha opinado que el Gobierno cántabro, formado por el bipartito PRC-PSOE, tiene una "enorme responsabilidad" en el futuro de la Sidenor

También se persigue, de acuerdo con el texto del partido morado que ha recibido luz verde, facilitar la necesaria inversión en la modernización de la planta en base al plan industrial de viabilidad de negocio, y blindar que toda la inversión facilitada sea realizada en la planta de Reinosa y estudiar junto con la empresa que revierta en la media de lo posible en el territorio.

El debate y votación de la propuesta, que ha incluido la petición de Podemos de celebrar este mismo lunes, al término de la sesión plenaria, un encuentro de los grupos, miembros del Gobierno y del comité de empresa para fijar una próxima reunión, ha sido seguido, desde el Hemiciclo, por representantes de los trabajadores.

La PNL que ha salido adelante ha sido defendida por el portavoz del grupo morado, José Ramón Blanco, que ha opinado que el Gobierno cántabro, formado por el bipartito PRC-PSOE, tiene una "enorme responsabilidad" en el futuro de la Sidenor y, por tanto, de la industria de la comarca campurriana, que "está en juego".

Por eso, ha llamado a superar las diferencias ideológicas, de partidos y "roces" personales, porque si "se hacen bien las cosas" y la factoría sigue adelante con el apoyo de todos, entonces "gana Cantabria".

La iniciativa original, la del PP, iba a ser defendida por el presidente del Grupo, Ignacio Diego, pero no ha sido posible porque, pese a retrasarse el debate para que el líder 'popular' interviniera en este punto del orden del día del Pleno, ha llegado tarde a la sesión, al demorarse el vuelo con el que venía de Madrid, de participar en la Junta Directiva del partido nacional.

En su lugar, ha intervenido el diputado Eduardo Van den Eynde, que ha repasado la historia de esta fábrica, que en 2018 cumplirá un siglo de existencia en Reinosa. A día de hoy, la planta es la segunda más grande de Sidenor, tras la de Basauri. En este sentido, ha destacado el respaldo del Gobierno del País Vasco a la factoría radicada en Vizcaya, con un inversión de 100 millones de euros a todas las plantas del grupo en Euskadi.

El portavoz de Ciudadanos Rubén Gómez ha subrayado por su parte la importancia estratégica de la factoría campurriana, y ha considerado que es "fundamental" para Reinosa, la comarca y toda Cantabria.

Juan Ramón Carrancio ha señalado que en muchos ayuntamientos no se cumple el porcentaje establecido de agentes de Guardia Civil

Desde los grupos que sustentan al bipartito, la socialista Silvia Abascal ha explicado que el grupo favorable de su partido obedece a que la iniciativa parlamentaria "coincide punto por punto" con la hoja de ruta trazada por el Gobierno para mantener Sidenor y el empleo, al ser el "motor económico" de la comarca y "un activo de primer orden" para la Comunidad Autónoma.

Su homólogo regionalista Pedro Hernando ha subrayado la apuesta de su formación por el "pasado, presente y futuro" de la factoría, un "eje económico fundamental" para Cantabria, ya que el sector industrial supone el 21% del PIB regional, siendo éste "cinco veces superior" a la media nacional. Además, ha asegurado que la nueva dirección del grupo conoce la "realidad" del sector y de la planta de Reinosa.

Guardia Civil

Por otro lado, el Pleno ha acordado, también por unanimidad, instar al Gobierno de España a dotar y convocar las plazas necesarias para la Guardia Civil hasta completar las dotaciones existentes con anterioridad a que se dejara de cumplir la tasa de reposición a causa de la crisis económica.

Ha sido gracias a una iniciativa de Ciudadanos, a la que se ha incorporado una enmienda del PRC, con la que se pide, además, proveer y renovar los medios materiales para que los efectivos de la Benemérita puedan cumplir su misión con garantías de efectividad y seguridad.

La proposición no de ley, enmendada por los regionalistas, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ya que también se han sumado los votos de los diputados de PP, PSOE y Podemos. Todo a pesar de que estos últimos habían presentado otra enmienda de sustitución -que no se ha tenido en cuenta- en la que demandaban la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo.

El portavoz de C's Juan Ramón Carrancio ha señalado que en muchos ayuntamientos no se cumple el porcentaje establecido de agentes, y ha puesto como ejemplo Camargo, que debería contar con 46 y "no tiene ni la mitad". "Es raro que haya 20 policías en la calle", ha apuntado.

La regionalista Rosa Díaz ha señalado que en los últimos años ha habido un recorte de 10.000 efectivos en toda España, y ha lamentado también la "antigüedad" del parque móvil de vehículos de la Guardia Civil. En materia de uniformes, se ha referido a los chalecos, considerando que deben ser individuales dadas las diferencias de envergadura entre hombres y mujeres, y por razones de higiene también.

Por su parte, el parlamentario morado Alberto Bolado ha censurado recortes de gobiernos del PSOE y PP en materia de seguridad, que afecta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con mermas de medios personales y materiales, hasta el punto de que hay un chaleco antibalas por cada diez agentes. Al tiempo, ha apostado por mejoras en la Guardia Civil para igualarse a otros cuerpos.

Desde el PSOE, Guillermo del Corral ha opinado que la tasa de reposición no es una herramienta para garantizar la adecuada cobertura de las plantillas, y ha lamentado la "escasa" dotación de chalecos antibalas, entre otros extremos.

La portavoz del PP Isabel Urrutia ha dicho que su grupo ha votado a favor por estar de acuerdo "en el fondo y pretensiones" de la iniciativa, es decir, "por responsabilidad y coherencia", y también porque "es lo que el Gobierno de la Nación está haciendo". Al hilo, ha comparado que en 2016 se han convocado en este ámbito 1.734 plazas en la oferta de empleo público, frente a las 126 de 2012, ha comparado.

Violencia de género

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley presentada por Podemos y defendida por Verónica Ordóñez para la puesta en marcha de un plan de formación continuada en la atención a las mujeres víctimas de maltrato para los profesionales de atención primaria y a la contratación por parte del Servicio Cántabro de Salud de tres psicólogas clínicas para la atención de mujeres maltradadas.

Pero los demás grupos no han respaldado esta iniciativa porque, pese a considerar "escalofriantes" los datos en la materia, por considerarla reiterativa y demagógica, y al entender que ya se está trabajando en este ámbito.

Frente común entre Parlamento y Gobierno para defender los 700 empleos de Sidenor
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