El pasado 23 de noviembre de 2017 tenía lugar la vista previa del proceso judicial que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el XII Congreso Regional del PP de Cantabria, en el que la actual presidenta, María José Saénz de Buruaga, resultó elegida con apenas cuatro votos de diferencia sobre el que hasta ese momento había sido el líder del partido autonómico, Ignacio Diego. El día 7 marzo de 2017, se denunció en el Cuartel de la Guardia Civil de Laredo la presunta usurpación de personalidad de "Miguelín" y, el día 8 de marzo varios miembros del Comité Ejecutivo local del PP de la villa pejina, comunicaron a los órganos competentes del partido en Cantabria, concretamente ante la comisión encargada de la organización del Congreso, el abono de cuotas de 491 militantes para poder participar en la votación a través de una única cuenta que, además, pertenecía a una persona con discapacidad mental y que era vecino de Laredo, solicitando que los militantes cuya cuota se regularizó de esa manera, no pudieran ejercer el derecho de votar en las primarias, que se celebraron el mismo día 8 de marzo del pasado año. El día 23 de marzo de 2017, registran un nuevo escrito en el que se solicita, igualmente, que todos aquellos compromisarios que su cuota haya sido pagada desde la citada cuenta, no puedan ejercer su voto el 25 de marzo, fecha en la que Buruaga es elegida presidenta de los populares en Cantabria. Y según la última información publicada, el próximo 15 de mayo tendrá lugar el juicio derivado de las dos demandas acumuladas, procedimiento civil en el que se solicita la anulación del XII Congreso del Partido Popular de Cantabria y su repetición.
En concreto, la actual secretaria general del partido, María José González Revuelta; la presidenta del comité electoral del PP de Cantabria, Isabel Urrutia; el marido de Sáenz de Buruaga y un diputado autonómico. Todos ellos, según publica okdiario y según las imágenes aportadas de la documentación judicial que ha recibido el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander (de las que se han hecho eco varios medios como La Sexta), habrían realizado ingresos de diferentes cuantías en dicha cuenta, creada ex profeso para que estos militantes pudieran participar en el Congreso en la elección de compromisarios.
La persona discapacitada, según estos documentos, figura como titular de la cuenta durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 hasta el 6 de marzo, habiendo sido abierta el día 27 de febrero. Es decir, estuvo activa una semana. Los documentos remitidos al juzgado por la entidad bancaria señalan asimismo que “durante el periodo referido constan emitidas” 511 transferencias a la cuenta.
INGRESOS EN LA CUENTA
La documentación aportada por el citado medio apunta cuatro nombres como el origen de estos ingresos. Por un lado, la secretaria general del PP cántabro con la nueva dirección, María José González Revuelta, habría realizados dos ingresos en la cuenta de la persona con discapacidad por un total de 2.636 euros. En aquel momento González Revuelta era tesorera de los ‘populares’ cántabros bajo la presidencia de Ignacio Diego. Según la documentación, el 28 de febrero habría ingresado 2.061 euros y el 1 de marzo 575 euros.
Otro de los nombres es el de Isabel Urrutia, que en aquel momento era la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP cántabro. Siempre según los documentos publicados por okdiario, realizó varios ingresos el 1 de marzo por un total de 2.099 euros. Actualmente Urrutia es la presidenta del comité electoral.
Los otros dos nombres son los del marido de la actual presidenta del PP, Miguel Cuevas García, que habría ingresado 500 euros, y el de un diputado autonómico y actual miembro del comité ejecutivo, que realizó otro ingreso de 500 euros. A estos ingresos se suman otros dos en efectivo, cada una por un valor de 800 euros.
Desde que se denunciaron estos hechos la situación interna del PP de Cantabria no ha hecho más que empeorar. Muchos de los que han denunciado los hechos públicamente han apoyado también al que fuera presidente del PP y del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego. La división ha llegado hasta el punto de crearse el movimiento Lealtad Popular, que ha dado paso a una asociación. Asimismo, ya se han empezado a registrar salidas del partido, como son los casos del exdiputado autonómico Carlos Bedia o del exdirector de Cultura Joaquín Solanas, ambos expulsados por la dirección y este último recientemente afiliado a Ciudadanos.
