La Comisión de Investigación parlamentaria de Ecomasa ha vivido este jueves una de sus citas más destacadas. Después de las presuntas dificultades para encontrarles, los dueños de la empresa de estufas de Maliaño, que recibió 18 millones de euros del anterior Gobierno de Cantabria liderado por el ‘popular’ Ignacio Diego, han acudido al Parlamento regional para, en principio, declarar ante todos los grupos políticos y tratar de desvelar las responsabilidades políticas de la decisión y el destino del dinero público, así como los 3 millones puestos por los trabajadores de Teka.
Su declaración, prevista para las 16:00 horas, se ha retrasado una hora debido a que la comparecencia de Jorge Gómez de Cos, exdirector del ICAF, se ha alargado más de lo previsto. Sin embargo, y como se rumoreaba en los pasillos parlamentarios, ni Jesús Lavín ni Andrés de León han declarado, acogiéndose a este derecho por recomendación de sus respectivos abogados.
Lo que sí han hecho ha sido leer sendos comunicados en los que, además de defender la viabilidad del proyecto, han achacado la liquidación al cambio de Gobierno en las elecciones de mayo de 2015. O lo que es lo mismo, a la pérdida del apoyo que hasta ese momento les estaba concediendo el Ejecutivo de Diego, que se implicó personalmente en esta inversión hasta el punto de acudir a buscar a los trabajadores de Teka.
Con la ausencia de Ignacio Diego al frente del Gobierno "automáticamente se corta todo el apoyo recibido e incluso compromisos adquiridos con anterioridad"
Según Lavín, con la ausencia de Ignacio Diego al frente del Gobierno "automáticamente se corta todo el apoyo recibido e incluso compromisos adquiridos con anterioridad", y ha censurado las declaraciones públicas que se comenzaron a realizar entonces, y que a su juicio terminaron por perjudicar “la imagen de la empresa”.
En este sentido, también ha dirigido sus críticas contra los propios trabajadores por la querella que interpusieron después de perder los 3 millones de euros que invirtieron en el proyecto a instancias de Diego, sin cuya participación en la puesta en marcha de Ecomasa los empleados no hubieran aportado el dinero, tal y como declararon a mediados de noviembre en la misma comisión parlamentaria.
No hubo tiempo
A este cambio de Gobierno se suma el argumento de que no hubo “tiempo suficiente” para dejar que el proyecto madurara. De León ha asegurado que Ecomasa era “viable”, pero a pesar de todo “se dejó caer”. En este sentido, en su comunicado ha explicado que le llegaron a comentar por teléfono que Sodercan, bajo la dirección de Salvador Blanco, dejó "cerrar la compañía por razones políticas".
Es por ello que ha instado a preguntar al actual consejero delegado de la empresa pública, quién a su juicio ha salido beneficiado desde el punto de vista político y empresarial con el cierre de Ecomasa.
"Era el proyecto de nuestra vida", ha manifestado este empresario, que ha negado que con su puesta en marcha se causara un perjuicio económico de 18 millones de euros a las arcas públicas, todo ello a pesar de que dicha cantidad invertida por Diego no parece que se vaya a recuperar. Además, ha defendido por contra que el proyecto generó beneficios al Estado de al menos 8 millones.
Al hilo, ha asegurado que todas las disposiciones de dinero público aprobadas se usaron "correctamente", ya que se destinaron a los fines para las que fueron autorizadas.
Destacada ha sido la intervención del portavoz del PP en la comisión, Eduardo Van den Eynde, que ha negado una posible vinculación personal entre Andrés de León e Ignacio Diego. Sin embargo, el empresario ha roto una lanza a favor del expresidente de Cantabria, al que ha querido “hacer justicia” y le ha calificado de “persona tenaz, trabajadora, valiente y comprometida”.
Al tiempo, ha dicho que entiende y disculpa también el "enfado" de los trabajadores con los propietarios de Ecomasa, pero no que cuestionen la actuación del entonces presidente del Gobierno. Cree además que los empleados fueron "utilizados como arma arrojadiza" en la campaña electoral.
En cuanto a su gestión en la fábrica, De León ha alegado que no despidieron a "ningún" trabajador, sino que apostaron por sacar adelante el proyecto con "toda" la plantilla.
Frente a ello, los nuevos gestores redujeron a 60 los operarios, ha señalado el empresario, que ha tachado de "error" el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), pues si bien no fue la causa del cierre de la factoría cree que sí "dañó" su imagen.
Y en relación con esto último, Andrés de León se ha vuelto a preguntar si el proyecto era viable -aunque fuera con 60 trabajadores- "por qué se dejó caer la compañía" y no se le dio una "oportunidad para que se salvara".
De los empleados, ha destacado que les abonaron todas las pagas, y ha asegurado que la media de sus remuneraciones mensuales es un 40% superior no ya al salario mínimo interprofesional, sino al convenio de metal, en medio de la "mayor crisis" del país.
Y del plan de negocio, Andrés de León ha negado que fuera un "power point de 14 hojas", como aseguraron los administradores concursales en su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria, sino un plan de "más de 40 páginas".
Finalmente, durante la lectura de su declaración ha asegurado que los promotores del proyecto han perdido más de 3 millones de euros, "parte" de su salud y la "pena" de someterse a la opinión pública.
En este sentido, Jesús Lavín ha subrayado su "implicación", tanto "emocional" como "económica" en Ecomasa, un proyecto en el que "siempre he creído" y al que ha dedicado una aportación de 3,2 millones "de mi patrimonio personal".
Asimismo, ha negado que otro tanto, los más de 3 millones a los que aluden los trabajadores, salieran de ellos "ni de sus indemnizaciones" por ser despedidos de Teka, sino que al optar por ser recolocados en otra factoría no tenían derecho a percibirlas, ha aclarado en el turno de conclusiones Van den Eynden.
A su juicio, el proyecto "sobrevivió" hasta mediados de 2015, cuando "dos hechos" llevaron la liquidación de la planta de estufas. De un lado, el "cambio de Gobierno", con el que se "corta" el apoyo a esta actuación, y por otro, la querella interpuesta por los trabajadores contra los dueños de la factoría.
A los empleados, Lavín les ha reprochado "calumnias" vertidas, como que no recibieran cursos de formación, o que los propietarios de la empresa se "apropiaran" de sus indemnizaciones por despido, acusaciones vertidas a través de los medios de comunicación y que llevaron, todo ello, a "finiquitar" Ecomasa, que "tenía un gran futuro".
